Debates post electorales
Se puso de moda señalar que la derrota en la segunda vuelta presidencial de Jeanette Jara por 58-42% fue “multifactorial”. En general, todos los hechos de la política, y de la vida, son “multifactoriales”, por lo que no parece una afirmación que revele una circunstancia muy extraordinaria. Suena más bien a no abordar demasiado de frente determinados hechos, lo que no tiene mucho sentido si la idea es enmendar rumbos.
En primer lugar, hay un factor que es bastante claro:
(a) Jeanette Jara fue ministra del gobierno de Gabriel Boric y representó a la coalición de gobierno en la elección presidencial y
(b) de acuerdo a la encuesta Cadem, “el Mandatario cierra el 2025 con 32% de aprobación y 63% de desaprobación, sin cambios con respecto al 2024. En tanto, 55% piensa que el gobierno del Presidente Boric no va a entregar un mejor país de cómo lo recibió en 2022. 50% dice que no le gusta el Mandatario y cree que ha hecho un mal gobierno, mientras 30% asegura que le gusta el Presidente y opina que ha hecho un buen gobierno”. Las demás encuestas concluyen básicamente lo mismo.
Existe una relación lineal de causa-efecto bastante fácil de enunciar: (a)+(b) = alta probabilidad de derrota “unifactorial”. La derrota electoral del progresismo se debe en importante medida a que la candidata presidencial era una ministra que participó de manera destacada en un gobierno consistentemente impopular, aunque haya tenido éxitos sectoriales. El mérito de Jeanette Jara fue el de, a partir del escueto 27% que cosechó en la primera vuelta, haber aumentado su votación a 42% en la segunda vuelta, situándola por encima de la adhesión al gobierno y también del 38% obtenido en la elección de diputados por los partidos que la apoyaron y el también 38% de aprobación a la nueva constitución en 2022. Pero no fue suficiente. Solo una candidatura que hubiera trascendido notoriamente al gobierno de Gabriel Boric podría haber tenido alguna probabilidad de ganar la elección presidencial desde el progresismo.
En segundo lugar, Gabriel Boric no gobernó solo y por su cuenta. Tampoco lo hizo el Frente Amplio. El jefe de Estado y de gobierno tiene una responsabilidad principal, qué duda cabe, como también su propia fuerza política (en 2017 hice varios vaticinios que se fueron confirmando sobre el Frente Amplio que se pueden leer aquí). Pero hubo un largo proceso previo a la aparición del Frente Amplio que desgastó la credibilidad del progresismo (analizo estos temas y los problemas del gobierno actual acá). En el gobierno de Gabriel Boric hubo ministros y funcionarios de otras fuerzas políticas, en especial del PS y del PPD, en posiciones como Hacienda, Defensa, Interior y Relaciones Exteriores, que son los ejes de todo gobierno, con sus respectivos apoyos parlamentarios. En la lista de hechos en que participaron personas que no son del Frente Amplio y que provocaron pérdidas sistemáticas o específicas de apoyo popular al gobierno de Gabriel Boric se cuenta, entre otros, un ajuste fiscal drástico con disminuciones de beneficios sociales, que bien podría haber sido un aterrizaje suave en medio de un plebiscito constitucional decisivo para la historia de Chile, convergiendo a una disciplina fiscal ulterior; un subsecretario del Interior, a cargo de la seguridad, acusado de violentar a una subordinada; una ministra de Defensa y una senadora que participaron por inadvertencia en el intento de venta al Estado de un bien simbólico pero propio, lo que está expresamente prohibido por la ley.
Conclusión: 1) la responsabilidad del gobierno en la derrota de Jeanette Jara no es exclusiva, pero es ineludible; 2) en la gestión gubernamental participaron de manera decisiva no solo Gabriel Boric y el Frente Amplio sino además representantes de otras fuerzas políticas en posiciones centrales, los que también fueron parte de errores de envergadura con altos costos para la adhesión de la ciudadanía al gobierno.
Estas afirmaciones no están a favor o en contra de nada o nadie en particular, sino que tratan de abordar temas de los que hay que dar cuenta si la idea es evaluar la experiencia reciente y si el fin es intentar sacar lecciones pertinentes para el futuro, y de ese modo no tropezar con las mismas piedras.
Se podrá estar de acuerdo en que gobernar un país como Chile no es fácil y que, para prolongar en nuevos períodos la fuerza o la coalición propia, los gobiernos (me tocó participar en dos que lo lograron, los de Aylwin y Lagos) deben empeñarse en mantener el vínculo con las expectativas de los electores que le dieron su confianza. Eso supone trabajar con esmero en minimizar los eventuales errores políticos y de gestión de sus responsables, y todo atisbo de corrupción, siempre existentes dada la condición humana, y corregirlos en medio de circunstancias que serán siempre difíciles y muchas de ellas imprevistas y desconcertantes. Y ciertamente no señalizar para un lado y virar para el contrario, procurando mantener la coherencia con los objetivos planteados y con los compromisos adquiridos, explicando en cada caso, y a tiempo, las razones que eventualmente fueron impidiendo alcanzarlos, incluyendo reconocer los errores y los objetivos insuficientemente o mal planteados en las condiciones existentes. Esa es la base de la posibilidad de mantención de la confianza popular y de la credibilidad de los gobernantes.
Entre tanto, los partidos siguen haciendo sus balances y sus proyecciones para el futuro. En la Democracia Cristiana, partido que no apoyó al gobierno de Gabriel Boric pero si la propuesta de nueva constitución de 2022 y la candidatura de Jeanette Jara -en medio de quiebres hacia la derecha de los llamados “amarillos y demócratas” y del apoyo de Frei Ruiz-Tagle a Kast- el ex secretario nacional Victor Maldonado ha afirmado que “lo que justifica la política de alianza y la política electoral de la DC tiene que ver con su sobrevivencia y con la cercanía política e ideológica con los socios del sector”. Nótese el orden de los factores, pero lo principal es que razona bien al señalar que “la única posibilidad de que el país tenga algún Gobierno que no sea de derecha es con la unión del resto. Entonces, yo voy a estar siempre junto a los socialdemócratas, pero ocurre que los socialdemócratas van a estar junto con la izquierda. Me encantaría que la hegemonía y el programa próximo sea socialdemócrata, eso es lo que hay que ganar. Pero sé que de ahora en adelante esto es de bloques. No es solo de partidos aislados, porque los aislados desaparecieron”. Señala que más que una discusión identitaria, la falange debe tener posición política. “A algunos les parecerá que eso tiene que ser muy expresamente alejados del PC, pero si los socios están con ellos, no es para tanto. Eso va a ser la discusión. No es una discusión de ahora, es una discusión de toda la vida”. A su juicio, la base será mantener la coordinación y realizar diagnósticos conjuntos –que “no es lo mismo a una coalición”–, en un año de deliberación estratégica para todos los partidos que perdieron la elección.
Una precisión: los socialdemócratas en el mundo se constituyeron desde fines del siglo XIX para representar los intereses del trabajo y, entre cosas, siguen favoreciendo regulaciones y la negociación colectiva salarial centralizada o por rama con sindicatos, mientras cuando gobiernan establecen o prolongan sistemas que disminuyen drásticamente la desigualdad de los ingresos de mercado mediante impuestos y transferencias de gran magnitud (ver acá), junto a favorecer las libertades y los derechos de las mujeres y las minorías en contra de las posturas conservadoras. Los socialistas van más allá y se proponen socializar, valga la redundancia, no solo los servicios colectivos sino partes de la infraestructura, de la producción, en especial la extracción de recursos naturales estratégicos, y de la banca, para orientar la inversión, la especialización productiva y los bordes de la inserción internacional.
Por razones curiosas, propias de una cierta tendencia nacional a la tergiversación, los que se autodenominan socialdemócratas en Chile son más bien cercanos a los intereses del mundo empresarial, algunos son conservadores en materias culturales y todos defienden una baja intervención del Estado y relaciones del trabajo centradas en la empresa individual, con sindicatos en competencia con grupos negociadores ad-hoc. A la vez, se oponen a aumentar los impuestos a los ingresos y patrimonios más elevados y a recuperar para el país como corresponde la renta de los recursos naturales. El problema es que de ese modo se eterniza la distribución extremadamente desigual de los ingresos y los patrimonios, contra lo cual nacieron precisamente las socialdemocracias en el mundo, y de paso la especialización en la extracción no sostenible de recursos naturales. Se deja de disponer de recursos para la innovación y la diversificación productiva e industrial que debe provenir del cobro que corresponde por el uso de recursos naturales que le pertenecen al país y no a privados. En realidad, se trata de posturas que se pueden denominar como social-liberales, partidarias de democracias con algunos sistemas de protección social, pero con frecuencia próximas al neoliberalismo puro y duro, aquel que considera que el mercado debe regir la sociedad y que el gobierno debe tener un rol regulador minimizado, sin mayores capacidades empresariales y de prestación de servicios públicos.
¿No sería recomendable una clarificación al respecto, como parte de una deliberación abierta y democrática? Las cuentas claras ayudan a la construcción de compromisos políticos y a la acción conjunta. No olvidemos que estamos ante una sociedad abrumada por la inmediatez, los miedos y los temores e inmersa en el rechazo a la política tradicional, que decidió darle una oportunidad a la extrema derecha. Y que se apresta a ser gobernada por quienes buscarán hacer retroceder el rol del Estado y rebajar la protección social, y de ese modo hacer posible bajar los impuestos a los más ricos y desregular aún más los mercados, en detrimento de los trabajadores y los consumidores. Es su credo (una crítica a sus políticas se puede leer aquí), por lo que oponerse al gobierno de Kast supondrá defender una alternativa suficientemente clara, consistente y creíble para que no se trate solo de gesticulaciones y de eventos performativos. Y para que no termine todo en violencias inorgánicas, que es de esperar no se produzcan. Para eso se necesita una sólida oposición democrática.
Una futura coalición progresista no se podrá proyectar tampoco solo con las peticiones de clarificación -bastante majaderas- al PC en materia de violencia política, que en democracia notoriamente no practica, y de clarificación necesaria de hasta dónde llega su alineación internacional con los autoritarismos de Putin, Assad, Ortega, Díaz-Canel o el chavismo y qué significa eso en materia de proyecto de sociedad de largo plazo. También será necesaria una clarificación de los partidos de centro y los supuestos socialdemócratas respecto a la necesaria toma de distancia con el neoliberalismo económico y los intereses de la gran empresa. Y, si es necesario, respecto a alineaciones con el trumpismo y el intervencionismo estadounidense en América Latina y el mundo, en beneficio de una postura de no alineación activa con bloques hegemónicos y de alianzas para la defensa del multilateralismo y del derecho internacional.
Por supuesto, cada cual en una coalición madura debe poder mantener su identidad y sus posturas, pero a la vez buscar las aproximaciones con los otros componentes para acercarse a una acción común. El fin preciso, en esta etapa, es ejercer a partir de marzo una oposición coordinada, con métodos de acción institucionales y sociales -que deben incluir el derecho constitucional a manifestarse sin violencia- de modo de defender los derechos conquistados. Y de repostular a ser gobierno en cuatro años más, mediante un nuevo programa progresista que recoja las lecciones del pasado y los desafíos del futuro. Y que considere primordialmente el peligro de una radicalización autoritaria y de rasgos social y culturalmente regresivos por parte de las derechas que van a gobernar Chile desde marzo de 2026.