¿Se derrumba Chile?
Los datos fiscales del primer trimestre y su significado
La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acusó que "nosotros venimos diciendo hace muchísimo tiempo que este Gobierno va a entregar el país totalmente quebrado, con una deuda brutal", luego de que el gobierno actualizara los datos y proyecciones fiscales en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2025.
¿Ha revisado acaso la candidata de la derecha los datos de la mejoría de la situación fiscal luego del gobierno de Piñera II, cuando su sector gobernaba? El promedio anual del déficit fiscal durante Piñera II fue de -4,9% del Producto Interno Bruto, mientras bajo Boric ha sido de -1,4% (ver el gráfico). La gestión del gobierno actual no es perfecta y la situación de la pandemia fue muy difícil, por lo que incurrir en déficits fiscales fue necesario, pero eso no debiera llevar a negar que ha habido progresos considerables que han reencaminado el país después de la crisis.
Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos.
Emol, por su parte, escribió al respecto: "el Gobierno no cumplió su compromiso de alcanzar el balance fiscal en 2024 y volverá a desviarse de la meta en 2025".
Esto es tergiversación pura y simple. Primero, el gobierno no había tomado ningún compromiso de "alcanzar el balance fiscal en 2024", sino que constató que hubo menos ingresos y un déficit superior al previsto a principios de año, en límites razonables, como en ocasiones ocurre. Sin ir más lejos, en 2022 hubo ingresos adicionales por los contratos del litio no previstos, mientras en 2024 hubo ingresos inferiores por una baja no esperada de los propios precios del litio. Emol debiera saber que ciertos mercados fluctúan más allá de las previsiones de cualquier gobierno o consultora privada por razones propias de su dinámica, en este caso influenciados por los diversos factores al alza o a la baja que inciden en la incierta transición energética y el paso a la electromovilidad a nivel global. Segundo, la DIPRES ahora hace correcciones en las estimaciones de ingresos, como es usual trimestre a trimestre, pero con mucho mayor fundamento dado el desorden mundial provocado por la ofensiva arancelaria de Trump.
El tono catastrofista de la prensa del gran empresariado, de sus dirigentes gremiales y de la derecha, que crean en conjunto estados de opinión, se hace cada vez más altisonante y absurdo. El déficit fiscal efectivo estimado para 2025 será de 1,4% del PIB, una cifra muy baja en la comparación internacional y respecto al récord del gobierno anterior. Por lo demás, cuando hay factores contractivos internos o externos que disminuyen los ingresos fiscales, el consiguiente mayor déficit público actúa como "estabilizador automático" al reequilibrar los flujos de demanda y mantener la actividad y el empleo.
Por su parte, la meta de déficit estructural para el año (un cálculo que estima la diferencia entre el gasto programado con los ingresos estimados de más largo plazo y no los previstos para el año en curso) pasó de 1,1% a 1,6% del PIB. En comparación, el déficit estructural de 2024 fue de 3,3% del PIB. Es, además, razonable que un país como Chile mantenga un déficit estructural promedio no inferior al 1% del PIB para financiar el aumento de sus inversiones públicas. Estas son indispensables para acelerar un crecimiento sostenible de largo plazo.
El gobierno decidió, en todo caso, bajar el gasto público en 0,3% del PIB respecto a lo presupuestado originalmente para este año, dada una menor estimación de los ingresos previstos para 2025, con efectos en el déficit efectivo y estructural. Estimó, además, una cifra similar de ahorros de gasto si se aprueban diversos proyectos de ley en trámite, como el de ayudas estudiantiles. Bajar el gasto público en una cifra superior supondría aumentar los riesgos de una recesión. ¿Ese es el objetivo de la oposición empresarial y política? Ciertamente no es el del gobierno, ni es congruente con el interés nacional.
Frente a lo que está pasando internacionalmente, que el déficit fiscal estructural de 2025 pase a 1,6% del PIB en vez del 1,1% previsto inicialmente, es lo menos que se puede esperar. Nada tiene que ver con la idea de un "gobierno que no cumple sus compromisos", como si el mundo no existiera. Recordemos que la economía chilena pesaba en el mundo un 0,35% en 2024. El resto representaba un 99,65% del PIB total a paridad de poder de compra, según los datos del FMI. Las exportaciones chilenas, a su vez, representaron un 34% del PIB en 2024. El déficit fiscal previsto, por lo demás, ya se lo quisieran muchos países en las actuales circunstancias.
No obstante, permanece un problema con la recaudación tributaria, que es insuficiente. En julio de 2022, el gobierno presentó una reforma tributaria con el objetivo de aumentar la recaudación en un 4,1% del PIB y que incluía:
Un nuevo impuesto al patrimonio para personas con activos superiores a ciertos umbrales.
Un aumento del impuesto a la renta para los tramos más altos de ingresos.
La eliminación de exenciones tributarias como la renta presunta y ciertos beneficios a fondos de inversión.
Impuestos correctivos orientados a promover la preservación del medio ambiente y la salud pública.
El fortalecimiento de la fiscalización tributaria para combatir la evasión y elusión.
El 8 de marzo de 2023, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en general esta reforma, impidiendo su avance legislativo. Entretanto, los incrementos de recaudación previstos por los diversos cambios tributarios desde 2020 (como el término de algunas exenciones en el impuesto a la renta en 2022 y el aumento de la regalía minera en 2024) han sido menores a las estimaciones iniciales, que arrojaban un incremento proyectado de 2,5% del PIB para 2024, pero han aumentado en realidad en solo un 1,2% del PIB. Recordemos que el programa de Gabriel Boric se proponía aumentar los tributos en un 4% del PIB y en un 8% en dos gobiernos sucesivos. En definitiva, en 2024 los ingresos públicos alcanzaban un 21,8% del PIB, la misma cifra que en 2019. No hay avances en la materia.
Déficit, deuda pública y pago de intereses (% del PIB)
Fuentes: Dirección de Presupuestos y Banco Central de Chile.
Entre 1990 y 2008 se había producido una sustancial mejoría de la situación fiscal y del endeudamiento, que pasó de 43,8% del PIB al terminar la dictadura en 1989 al 7% del PIB en 2005 al terminar el gobierno de Ricardo Lagos, fruto de una secuencia prolongada de superávits fiscales en medio de un alto crecimiento y de reformas tributarias que los hicieron posibles. En 2001 se formalizó la idea de una política de superávit estructural de 1% del PIB y de política fiscal contracíclica, que más tarde evolucionó hacia una de equilibrio estructural y luego a metas de déficit estructural moderadas para enfrentar los choques externos y las variaciones del precio del cobre. La deuda bruta cerró en un 6,1% del PIB al terminar el primer gobierno de Michelle Bachelet, mientras los altos precios del cobre le permitieron ampliar sustancialmente las reservas fiscales y utilizarlas en parte en la crisis de 2009. Luego Sebastián Piñera duplicó la deuda bruta hasta el 12,7% del PIB en 2013, al terminar su primer gobierno. El segundo gobierno de Michelle Bachelet terminó en 2017 con una deuda bruta de 23,7% del PIB, sin lograr nuevas recaudaciones al diluirse en el tiempo la reforma tributaria que impulsó.
Durante Piñera II, ya hacia 2019 la deuda bruta había subido a 28,3% del PIB, una cifra aún moderada pero que saltó bruscamente a 36,4% del PIB al terminar su gobierno en 2021. Esto se debió a la pandemia y a su manejo con un déficit presupuestario de -7,3% del PIB en 2020 y de -7,7% en 2021, cifras no vistas en 30 años. La intervención fiscal se realizó con un aumento de 10,4% del gasto del gobierno, lo que no impidió que el PIB cayera en -6,1% en 2020, entre las más altas caídas en América Latina y en el mundo. En 2021, en pleno año electoral, se agregaron aportes sustanciales a las empresas y las familias, los que provocaron un aumento de 33,4% anual del gasto del gobierno. Esto contribuyó, junto a los retiros de fondos pensiones, a un sustancial aumento del consumo y de las importaciones. Como resultado, el PIB creció en 11,3% en el año posterior a la crisis, una cifra que más que recuperó la caída previa, pero sin prever un aumento de los ingresos a través de una reforma tributaria que se hacía indispensable para disminuir el déficit presupuestario creado, en medio de una situación en que la brecha de ingresos fiscales es de entre 9 y 13 puntos porcentuales sobre el PIB respecto al promedio OCDE, según como se mida.
El gobierno de Piñera II optó, en cambio, por un enorme ajuste a la baja del gasto presupuestario, dejado como difícil herencia al siguiente gobierno. Las nuevas autoridades no quisieron, equivocadamente, modificar el ajuste al asumir el mando del gobierno en marzo de 2022. Las consolidaciones fiscales después de situaciones de crisis son necesarias, pero en lógicas de aterrizaje suave que no perjudiquen la actividad y el empleo. En cambio, probablemente buscando proyectar credibilidad por tratarse de un gobierno de izquierda presidido por un joven sin experiencia gubernamental, el gobierno llegó incluso a crear un superávit de 1,1% del PIB en 2022, lo que no tenía ningún sentido. Fue logrado al costo de un enorme choque fiscal de 9 puntos porcentuales del PIB, lo que no ocurrió en ninguna otra parte del mundo. A su vez, dado el bajo crecimiento resultante en 2022-2023, agravado por una política monetaria inexplicablemente restrictiva desde marzo de 2022, creció poco el denominador de la relación deuda/producto, mientras el gobierno no logró realizar una reforma tributaria en 2023 como tenía previsto. Esto llevó la deuda pública bruta en 2024 al 41,7% del PIB, y se estima alcanzará en 2025 en torno a un 42% del PIB.
Este nivel de deuda está, en todo caso, por debajo de lo proyectado al comienzo de la actual administración para el tramo final de su gobierno, y sigue situándose en un rango prudente. Recordemos que el tope recomendado de deuda pública sobre PIB es de 60% en la Unión Europea, lo que pocos países miembros cumplen. El promedio de deuda pública bruta en la OCDE es de 84% del PIB, con Japón y otras naciones de altos ingresos muy por encima de ese promedio.
Esta es la razón por la cual la evaluación de crédito por las agencias internacionales que ostenta Chile se sitúa con países como Portugal, Croacia o Lituania, de mayor PIB por habitante, y es muy superior a la que tienen los países vecinos de la región latinoamericana. Al compararlo con países de similar credit rating, el nivel de deuda chileno es, a su vez, inferior. A mayor abundamiento, la agencia clasificadora de riesgos Moody’s ratificó el 25 de abril la clasificación crediticia de Chile en “A2 con perspectiva estable”. En su revisión periódica, señaló que la fortaleza fiscal del país “refleja una carga de deuda relativamente baja, aunque creciente, compensada por una estructura de deuda favorable y la presencia de colchones fiscales” y sostuvo su decisión en que “el perfil crediticio de Chile equilibra su alta fortaleza institucional y fiscal, respaldada por un largo historial de políticas macroeconómicas y fiscales prudentes”.