Los fines de la educación y la nueva etapa

Chile entrará en marzo en una nueva etapa de sello conservador y mercantilista, cuya profundidad y alcances aún no conocemos. Pero es presumible que frente a las políticas que llevará a cabo el nuevo gobierno no bastará con posturas reactivas, pues no todo lo acumulado es defendible, mientras en diversos ámbitos no está necesariamente a la altura de los desafíos. El mundo del progresismo anti-dictadura ya no puede contar con la lealtad histórica de electores de sectores medios y populares que le dieron desde 1988 una mayoría casi automática en múltiples elecciones hasta 2010. Esta adhesión histórica es ahora, grosso modo, del orden de un 40% del electorado. Por lo que debe competir con los conservadores -que históricamente han tenido una significativa raigambre popular en Chile, aunque no mayoritaria- poniendo por delante su identidad, desgastada por la distancia entre un discurso, en buena medida más confuso y poco unitario, y parte de sus conductas y resultados de sus políticas. Inevitablemente también necesita convencer sobre sus propuestas y sobre la credibilidad de sus resultados esperados y de sus conductas frente a la falta de probidad de unos u otros actores políticos. Entre 2022 y 2025 manifiestamente no lo ha logrado, por lo que varios de sus diagnósticos y propuestas deberán ser redefinidos desde la raíz. Es el caso de las políticas de educación, que han tenido logros notorios en materia de acceso en las últimas décadas y de disminución promedio de la segregación social por establecimientos gracias a un ingreso diversificado a la educación subvencionada -aunque persiste la concentración escolar en el 20% de más altos ingresos- pero bastante menos en su pertinencia y resultados de aprendizaje y capacidad de inserción de los jóvenes. Sorprende incluso que, dado el origen en los movimientos estudiantiles del liderazgo del gobierno que termina, en el balance en educación resaltan más bien los temas pendientes que las realizaciones.

El tema clave es que una parte significativa de la población adulta sigue registrando bajos niveles de competencias, a pesar del aporte de la población inmigrante que ostenta una escolaridad promedio superior a la nacional. La OCDE, con todos los sesgos que se quiera, subraya que ampliar las oportunidades educativas no es suficiente: los sistemas educativos también deben garantizar que los estudiantes desarrollen las habilidades que necesitan para prosperar. Y así prospere el país en su conjunto, cabe agregar, con un mejor soporte educativo para una economía basada en el conocimiento y más orientada a la innovación y al aumento de la productividad. Ya no se trata solo de proveer servicios profesionales rutinarios en las actividades productivas de base y en las de extracción de recursos naturales sin elaboración, pasivamente integradas a cadenas globales de valor en las que los principales excedentes se canalizan a los centros. Sin olvidar que hoy en Chile hay unos 300 mil jóvenes que no trabajan ni estudian.

En esta área, como en otras, será necesario volver a examinar los fundamentos. Y tener en cuenta, por ejemplo, la Declaración de Jomtien de 1990, resultado de una reunión global de educadores, que establece que:

“Toda persona —niño, joven y adulto— deberá poder beneficiarse de oportunidades educativas diseñadas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Estas necesidades comprenden tanto herramientas esenciales de aprendizaje (como la alfabetización, la expresión oral, la aritmética y la resolución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (como conocimientos, habilidades, valores y actitudes) requeridos por los seres humanos para poder sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de sus vidas, tomar decisiones informadas y continuar aprendiendo. El alcance de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según los países y las culturas y, de forma inevitable, cambian con el paso del tiempo”.

La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, presentó a la UNESCO en 1996 un documento fundamental – “La educación encierra un tesoro” – que propone cuatro pilares educativos: conocer, hacer, ser y convivir, abogando por la educación a lo largo de toda la vida para enfrentar los desafíos de la globalización y la cohesión social, estableciendo para cada pilar conocimientos y habilidades específicos.

Se sabe desde hace ya tiempo que la clave de la igualación de oportunidades en países como Chile, para al menos lograr que los proyectos de vida no estén tan brutalmente determinados de antemano por el origen social, cultural o territorial, se sitúa en la educación temprana. Esta requiere no solo ser reforzada en Chile en su cobertura e institucionalidad, sino que debe mejorar su articulación y la coherencia de la secuencia pedagógica desde que un niño o niña ingresa a una sala cuna o un jardín infantil hasta que culmina su ciclo escolar.

La disminución de la matrícula escolar desde 2023, dada la caída de la natalidad (a pesar del incremento de la matrícula de niños y niñas de familias inmigrantes, en particular en el sistema público), es una oportunidad para reorientar recursos hacia donde están las mayores dificultades y desafíos en el sistema escolar. Se debe empezar por reemplazar la absurda subvención por asistencia, que castiga quitando recursos a los establecimientos con poblaciones escolares con más desafíos, por una subvención basal por matrícula y programas de reforzamiento ante la menor asistencia y/o mayores dificultades de aprendizaje por la realidad y condiciones de vida de las familias. No tiene sentido hacer funcionar las escuelas con costos fijos e ingresos variables, como sucede con el modelo de subvención actual.

Y también es necesario repensar la intrincada trama burocrática de “sostenedores” y la profusión de entidades rectoras y fiscalizadoras – el Ministerio de Educación, sus Seremías y Direcciones Provinciales; el Consejo Nacional de Educación; la Agencia de Calidad; la Superintendencia de Educación; los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP); el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones (CPEIP); las entidades de Asistencia Técnica Educativa (ATE) para apoyar la elaboración e implementación de cada Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y así sucesivamente. En esta maraña institucional y de siglas tienden a perderse los objetivos que se supone debe perseguir un inevitablemente costoso dispositivo para hacer de la chilena una sociedad del conocimiento basada en una ciudadanía informada y formada en y para la convivencia democrática.

¿Por qué no dar un salto clarificador que otorgue la responsabilidad del servicio educativo a los Gobiernos Regionales, bajo la reglamentación curricular y de prácticas educativas desde el Mineduc? El balance del modelo municipal y la creciente evidencia en torno a los nuevos servicios locales parecen indicar que ese no es el camino. La responsabilidad regional permitiría a la vez una escala de gestión más consistente que la municipal o de los servicios locales y una rendición de cuentas más efectiva de los progresos y problemas ante los ciudadanos que eligen a autoridades con una responsabilidad visible en la materia.

En todo caso, se requiere ordenar y terminar con la dispersión actual, en la que el sistema escolar está desde hace años en transición no se sabe bien hacia dónde, de modo de asociar en escala regional escuelas particulares subvencionadas que no sean un negocio y tengan proyectos educativos consistentes, y escuelas públicas reforzadas que dejen de ser el creciente receptáculo de la población de menores ingresos, en base a más autonomía operativa y mecanismos de apoyo directo.

Como señala Edison Ortiz, los datos del CPEIP reiteran año tras año el déficit de docentes, lo que debe llevar a fortalecer las posibilidades de enseñar a profesionales de áreas afines que tengan interés en retribuir lo aprendido sin tener que pasar necesariamente por la trama burocrática de las autorizaciones docentes, siendo objeto de evaluaciones estandarizadas cada cierto tiempo. Se debe actualizar el curriculum para fortalecer la educación ciudadana en todos sus niveles como se expresó en la propuesta enviada por la Unidad de Curriculum y Evaluación (UCE} del Mineduc al Consejo Nacional de Educación y aún sin aprobar; actualizar la carrera docente articulando de mejor manera los propósitos curriculares con la formación profesional docente que entregan las universidades y articular y simplificar la institucionalidad educativa que no resiste mayor análisis. Ya el informe de la OCDE de 2003 sobre educación en Chile reafirmaba el escaso vínculo, que parece persistir hasta hoy, entre el curriculum y los desafíos educativos que se plantean al sistema escolar y la formación de docentes en las universidades, que caminan por vías paralelas, lo que debe cambiar. A la par, se debe perfeccionar un modelo de evaluación docente que ponga foco en los resultados de aprendizaje y no solo en el mérito nominal individual que, en ocasiones, puede no guardar relación con los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Por su parte, la educación superior en Chile, masificada y a la vez mercantilizada, está hoy llena de contradicciones e interrogantes sobre su rol para las personas y la sociedad -aunque se definió después de mucho tiempo sus finalidades en las leyes de Bachelet II, lo que se conoce muy poco. Se está en una etapa de especulación con los impactos de la Inteligencia Artificial (modelos de lenguaje extendido) y bajo el fantasma de que lo cambiará todo, lo que es cuestionable. Lo que cabe es no confundir medios y fines, como se hace con tanta frecuencia, y proyectar lo esencial: reforzar la investigación pertinente -y menos sujeta a la dispersión y ciclos cortos actuales- y la enseñanza avanzada de los distintos dominios del conocimiento universal, incluyendo más interrelaciones entre las humanidades y las carreras STEM de las ciencias básicas, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Se debe profundizar la lógica de aprender a aprender e innovar a lo largo de la vida, así como la de conectar sistemáticamente con la resolución de problemas en los distintos ámbitos de la sociedad. Se cuenta ahora con más soportes y con las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información, la inteligencia artificial generativa y la robótica. Todas ellas deben ser bienvenidas, pero sin dejar de lado su uso ético en el marco de mayores esfuerzos de fortalecimiento de una ciudadanía digital capaz de controlar las manipulaciones y los debilitamientos de aprendizajes. Esto supone valorizar todavía más el rol insustituible de la interacción humana en los procesos de investigación, aprendizaje y transmisión del conocimiento, cautelando la lectura exhaustiva y sistemática de textos, especialmente los que enuncian y proponen fundamentos, que los resúmenes de IA pueden afectar y con ello debilitar las prácticas de aprendizaje, y desarrollar siempre el pensamiento crítico y la escritura lógica y con evidencia pertinente, sujeta a refutación y que distinga ciencia y opinión.

Se requiere además dar más espacios a la formación multidisciplinaria y a los bachilleratos, que incluyan especializaciones mayores y menores, acortar en uno o dos años las carreras, aumentar las pasarelas entre ellas y entre universidades, ampliar los reciclajes profesionales y mejorar sustancialmente la pertinencia de los postgrados, en un contexto de ampliación de la conexión y colaboración con entidades externas y con los centros globales de producción de conocimiento.

En suma, se requiere en Chile disminuir el miedo al futuro y sacar a las universidades de sus inercias burocráticas y de sus lógicas restringidas a la producción jerarquizada de credenciales para las necesidades de corto plazos de los mercados de recursos humanos o, en otros casos, de impartición de formaciones que no encontrarán las salidas profesionales que promete su mercadeo. Esto requiere de más información y guía desde los espacios públicos de coordinación.

Incidir en el mejoramiento del presente y de las condiciones de la vida en sociedad, junto a sistematizar la deliberación sobre el futuro -cuyas opciones corresponde arbitrar a la ciudadanía en procedimientos democráticos- sigue siendo, probablemente, el sentido principal de las universidades. Todo esto se hace menos posible en las sociedades en las que la mercantilizacion, cortoplacista por definición, lo invade todo.

La educación es a la vez un factor de emancipación y realización personal y un espacio de integración y contribución a la sociedad, como también un eventual factor de sometimiento a especializaciones insatisfactorias y destinos profesionales limitados, especialmente cuando son materia de subordinación al poder económico y sus intereses. Más formación humanista y para la convivencia, más pensamiento crítico, más interacción de saberes y prácticas y más libertad creativa para imaginar el futuro deben atravesar la educación en todos los niveles, sin dejar de subrayar que la clave es la formación continua y la capacidad de adaptación a los desafíos periódicos y muchas veces impredecibles de la sociedad.

La educación puede ayudar a cambiarla y permitir una mayor prosperidad compartida y creativa, pero también puede ser un factor limitante e incluso implicar un derroche de recursos por prevalencia de intereses corporativos, los que pueden ser mejor empleados en otros bienes públicos igualmente necesarios. Está, además, inevitablemente condicionada por las luchas entre intereses contrapuestos existentes en la sociedad y las formas más o menos constructivas de resolución de conflictos que dan lugar o no a culturas de convivencia integradora, lo que es también fruto de las circunstancias históricas de los países y de la existencia o ausencia de proyectos nacionales más o menos consensuados en valores y propósitos.