Preguntas sobre la crisis de los combustibles
Primera pregunta: ¿estamos ante la más grave crisis del petróleo?
Según el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, “estamos enfrentando una crisis histórica del mercado del petróleo”. No obstante, la actual alza está lejos de ser inédita. En 1973-1974, el embargo de la OPEP tras la guerra del Yom Kippur hizo que los precios se cuadruplicaran en pocas semanas, pasando de aproximadamente $3 a más de $11,50 por barril. En 1979-1980, la revolución iraní y la guerra Irán-Irak provocaron otro aumento drástico, elevando los precios a niveles superiores a los $30 dólares, un aumento de más del 1.700% desde principios de la década. En los años 1980-1990, los precios tendieron a estabilizarse, o bajar a mediados de los 80, debido al aumento de la producción fuera de la OPEP y la búsqueda de energías alternativas. En los años 2000-2020, se observó primero una tendencia alcista, con máximos históricos por encima de $100 dólares en años como 2008 y 2011, impulsados por la demanda emergente, seguido por una tendencia a la baja por la aparición de la tecnología de compresión (fracking).
Tras una caída histórica en 2020 por la pandemia, el mercado alcanzó niveles de precios extremadamente altos en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania, mientras ha superado los $100 dólares en marzo de 2026 por los ataques a Irán, aunque el promedio de lo que va del mes es aún inferior. El gráfico adjunto muestra, con datos hasta el 16 de marzo, que la situación de 2022 fue más crítica, mientras el segundo gráfico reseña las oscilaciones de los precios reales -descontando la inflación- desde el fin del petróleo barato en 1973.
Fuente: FRED/EIA.
Fuente: Paul Krugman.
Las oscilaciones extremas de esta materia prima esencial en la economía desde el siglo XX han alterado los costos de producción en los países importadores y provocado episodios de “estanflación”. Pero han sido aún más disruptivas para los países que obtienen una gran parte de su ingreso nacional de las exportaciones de materias primas -en el marco del sistema mundial de centros y periferias- como en el caso de Chile el cobre, lo que requiere de trabajosas y recurrentes políticas de estabilización. Además, si un país exporta grandes cantidades de materias primas, aumentará el valor de su moneda (lo propio ocurre con los centros financieros que atraen capitales). Si se fija el tipo de cambio, la inflación interna aumentará a medida que la entrada de dinero ejerza presión sobre los precios domésticos. De una u otra forma, el sector manufacturero se vuelve menos competitivo frente a sus rivales extranjeros y se reduce. El problema es que la manufactura se caracteriza por un mayor “aprendizaje por la práctica” y por mayores “efectos de arrastre” hacia el resto de la economía que las industrias extractivas. Los países que consolidan sectores manufactureros tienden a generar un círculo virtuoso que alimenta el crecimiento económico, mientras que los países que viven preferentemente de sus recursos naturales se diversifican poco y crecen tecnológicamente menos.
En estos países se concentra el ingreso en pocas manos, y con frecuencia termina en empresas externas con alta capacidad de inversión que se apropian privadamente de las llamadas rentas de recursos naturales. Se trata de un ingreso no ganado, a diferencia de los salarios o de los rendimientos de la inversión. Quién recibe esas rentas y en qué proporción depende de a quién se le asignen los derechos de propiedad o de quién tenga el poder de apropiárselas.
Las grandes rentas económicas suelen ser capturadas por gobiernos autoritarios, lo que resfuerza su control sobre el poder, como es el caso en la mayoría de las economías petroleras. Si esos gobiernos son corruptos, las rentas terminan en manos de empresas favorecidas o de individuos y se traducen en regímenes con oligarquías con poder político autocrático, que a su vez se disputan el control de las zonas de producción. Es lo que ocurre de modo recurrente en el Medio Oriente y en países como Venezuela.
Segunda pregunta: ¿era necesario suspender la estabilización de precios de las bencinas y el diesel en Chile?
Para hacer que los consumidores paguen las alzas de combustibles prácticamente sin dilación, el gobierno de Kast ha decidido desmontar el sistema que permite atenuar el impacto de las alzas de los precios externos del petróleo y derivados. Ha modificando por decreto parámetros del existente Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles y fijó en cuatro semanas el período usado para calcular el precio de paridad de importación. El Mepco fue creado en 2014 para sustituir el Sipco creado en 2011, y cuyos cambios más importantes han sido ampliar la cobertura, aumentar su techo fiscal en 2022, cambiar la frecuencia de ajuste a 21 días en 2023 para evitar fluctuaciones semanales y extender el beneficio de reintegro parcial del impuesto específico al diésel para el transporte de carga. En vez de limitar los aumentos máximos a 26 pesos por litro cada tres semanas como era la disposición vigente, la decisión del gobierno actual implicó que los precios internos subirán en 370 pesos por litro (un 32%) en el caso de la gasolina de 93 octanos, desde los 1.170 pesos por litro en la Región Metropolitana, y en 580 pesos por litro en el de los del diésel (un 62%), desde los 932 pesos actuales. El valor de la bencina superará los 1.500 pesos por litro y el del diésel lo igualará por primera vez.
Tal vez la apuesta del gobierno es que la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán termine pronto y los consumidores vean también pronto bajas abruptas después de las alzas, con una percepción final de alivio rápido. Pero es plausible la hipótesis de que el gobierno de extrema derecha está en definitiva aprovechando la crisis de Irán para producir una regresión que restaure el enfoque según el cuál los mercados deben mandar siempre en la economía y que las políticas públicas de estabilización deben ser desmontadas, y en general los mercados ser desregulados, con la convicción dogmática de que las intervenciones sobre los mercados solo provocarían distorsiones perjudiciales. Este enfoque no está basado en evidencia alguna, la que más bien muestra que las fluctuaciones bruscas y de amplio rango crean una inestabilidad que inhibe la actividad económica y que las regulaciones corrigen múltiples fallas de mercado.
El enfoque racional y sensato es que, dado que el mercado del petróleo tiene ciclos de alzas y bajas, especialmente en momentos de conflicto armado en las zonas de producción más importantes, se debe procurar que estas fluctuaciones sean disminuidas mediante una política pública que lleve a aumentos de precios menos drásticos y bajas posteriores más lentas. Por eso existe en Chile un sistema de subsidios temporales a la parafina, mientras en el caso de las gasolinas y el diésel existe el mencionado Mepco, mecanismo que opera a través del impuesto específico como un crédito/débito de los consumidores al fisco. Este impuesto recauda US$ 3 mil millones anuales y puede sostener en lo básico el sistema en tanto mecanismo que se equilibra a sí mismo en los ciclos de alzas y bajas de precios. Lo que podría justificar un cambio de mecanismo sería que se produzca una sustancial alza permanente del precio de los combustibles. Pero eso supondría que no haya respuesta de oferta desde otras partes y una guerra sin fin en el Medio Oriente que destruya la infraestructura de extracción, refinación y transporte de petróleo y gas en la región, lo que no conviene a ninguno de los actores de la lucha por el dominio de esta zona del mundo. Esto incluye a Trump, con quien Kast, dicho sea de paso, está alineado aunque sea el causante de esta crisis que afecta a la economía chilena.
El argumento de la falta de recursos no se sostiene, por el mencionado efecto de recaudación del impuesto específico a los combustibles, entre otros factores. En cambio, el gobierno mantiene su voluntad de bajar impuestos a los más ricos por cerca de 1% del PIB, en vez de priorizar en esta crisis el enfoque de financiar transitoriamente la estabilización de combustibles. El argumento de que el MEPCO es socialmente regresivo al subsidiar -en realidad estabilizar precios- a quienes usan medios de transporte individuales -lo que incluye a amplios sectores medios y populares- tampoco se sostiene frente a este empecinamiento simultáneo en bajar impuestos a los sectores de altos ingresos. Palos para unos, los de siempre, y zanahorias para los privilegiados parece ser definitivamente el sello de la política económica del actual gobierno, aunque tenga el negativo efecto de acelerar procesos inflacionarios desestabilizadores con impacto en toda la población, aunque algunos quieran negarlo.
Lo que ha ocurrido en definitiva es que el gobierno de extrema derecha decidió por razones ideológicas y dogmáticas no mantener la estabilización de precios, que podría seguir funcionando con las alzas de precios internacionales producidas hasta ahora, salvo que se prolongue en exceso en el tiempo. Ha optado por medidas de subsidio compensado. Unos 53,8 mil millones de pesos (US$60 millones) se destinarán a que la parafina vuelva a los niveles de febrero de este año, del orden de mil pesos litro, con plazo máximo hasta fin de año, y un bono para los taxis colectivos entre abril y octubre, con una cobertura de 96.283 beneficiarios y un costo fiscal de 57,8 mil millones de pesos, financiados con un cambio al impuesto específico al diésel, disminuyendo el crédito fiscal aplicable a los no transportistas y equiparándolo al vigente para los transportistas. Estos pasarán de recuperar un 100% del impuesto específico pagado a un 31%, lo que se traducía inicialmente en mayores ingresos fiscales por 124,5 mil millones hasta el 30 de septiembre, los que recaerán básicamente en la minería, que usa grandes cantidades de diesel. Esto ha provocado que las grandes mineras privadas hayan puesto el grito en el cielo, a pesar de pagar regalías inferiores a las que corresponderían, pues lograron que el parlamente en 2023 aceptara una ley que limita los pagos totales aunque las utilidades suban de manera considerable, como es el caso actualmente con los muy altos precios del cobre. El gobierno debió ceder en el parlamento para que el bono paliativo se amplíe al transporte escolar y debió eximir a las pymes de la mayor carga tributaria por uso de diesel, consistente en reducir el descuento de gasto en petróleo que hasta ahora pueden hacer las empresas no transportistas en sus declaraciones de IVA. El gasto total será finalmente de 125,7 mil millones de pesos y los nuevos ingresos para financiarlos de 119,2 mil millones.
En suma, el gasto en nuevos subsidios se financiará con menores exenciones tributarias al uso del diesel, con el objetivo de cautelar el espacio de rebaja de impuestos a las utilidades de las empresas y su descuento en el impuesto a la renta, que beneficiará al segmento de más altos ingresos de la población. Entre tanto, el alza a los combustibles afectará de inmediato al grueso de la población.
En La Nueva Mirada. Versión ampliada.