Por un programa socialista de transformación de la sociedad
Presentación en el conversatorio de la Conferencia Nacional Programática del Partido Socialista de Chile el 2 de julio de 2026, en un panel con Ricardo Núñez como ex presidentes del PS. El sustrato de análisis de los cambios en la sociedad se encuentra aquí, el del balance del gobierno de Boric aquí , el de la etapa política actual aquí y el del estado de la opinión pública aquí, mientras la reflexión sobre el postcapitalismo se encuentra acá, junto a otros textos disponibles en Substack.
I. Un programa inspirado en valores
Las diferencias de posición social y de acceso al bienestar entre seres humanos no son naturales e inevitables, sino que están socialmente determinadas. El programa socialista se propone que prevalezcan los valores humanistas de respecto a la inalienable dignidad de todo ser humano, como se expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la ONU y cuyo primer artículo señala:
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El socialismo como corriente política y de ideas considera que la plena preservación de la dignidad humana y las posibilidades de libre realización de los proyectos de vida de cada cual son imposibles en sociedades con diferencias estructurales en las posiciones de clase y condición social y en la distribución de los ingresos y la riqueza. Por eso pone en el centro de su quehacer el valor de la igualdad en el espacio social y político, incluida la igualdad de la libertad -que nunca debe ser ejercida para dominar y someter ilegítimamente a otros- y la igualdad de derechos y oportunidades garantizada universalmente y no solo para unos pocos grupos dominantes, junto a la preservación y ampliación de los bienes comunes.
Sus proposiciones de política se inspiran en la necesidad de acciones colectivas emancipadoras para alcanzar fines compartidos, orientadas por la cooperación que nace de la fraternidad y de la solidaridad entre los miembros oprimidos de la sociedad y entre las generaciones. Procura promover la reciprocidad comunitaria consistente en que cada cual sirve al otro no debido a lo que pueda obtener a cambio, sino porque necesita o requiere de sus servicios, y los demás le sirven por la misma razón, en el respeto de la dignidad, diversidad y libre determinación de cada cual.
II. Un programa para una sociedad libre y justa
El socialismo como corriente política no solo está llamado a defender valores solidarios y de interés general, sino a ser portador de un proyecto democrático, nacional y popular de transformación de la sociedad para hacerlos posibles y traducirlos en la vida cotidiana. Esto tiene como consecuencia tomar partido contra las dominaciones y desigualdades injustas que resultan del predominio de clases y grupos económicamente privilegiados y de intereses hegemónicos externos, las que producen y reproducen explotaciones, discriminaciones y depredaciones.
Si las oligarquías y los defensores del capitalismo consideran que las desigualdades resultan de las diferencias naturales de talento y no de las condiciones sociales, y se arrogan un supuesto derecho a gobernar e imponerse sobre la sociedad, el socialismo se identifica, en cambio, con la soberanía popular y rechaza la dominación de minorías o burocracias. Se identifica con los intereses de los que viven de su trabajo y de su esfuerzo y promueve su justa retribución, por lo que rechaza la explotación económica de unas clases de seres humanos por otras, así como la depredación de la naturaleza. Y también rechaza el predominio patriarcal de los hombres sobre las mujeres, así como toda discriminación arbitraria.
En su fundación en 1933, el Partido Socialista de Chile declaró ser el partido de los “trabajadores manuales e intelectuales”. Hoy lo sigue reivindicando, pues “el campo social del trabajo, del conocimiento y de la cultura” es el componente de la sociedad que se propone representar, mientras agrega la voluntad de representar también a las mujeres en tanto género subordinado y a las diversidades humanas, sociales y étnicas que son objeto de discriminaciones arbitrarias. Y también agrega la voluntad de defender los derechos de las nuevas generaciones a vivir en un mundo preservado de la depredación de los ecosistemas. Este conjunto constituye el bloque histórico por los cambios cuya emancipación busca hacer posible el socialismo a través de la acción política colectiva y en alianza con los movimientos sociales y ciudadanos.
El proyecto socialista tiene tres componentes principales, de los que derivan proposiciones de política a ser sometidas a la soberanía democrática en cada etapa de la vida de las sociedades.
1. Una democracia plural, participativa y descentralizada
El programa socialista de 1947, y su inspirador Eugenio González, se pronunciaron sobre este tema de un modo que cabe reivindicar una vez más: “el socialismo es revolucionario en sus fines y democrático en sus métodos”. Subrayaba González que “solo utilizando los medios de la democracia puede el socialismo alcanzar sus fines sin que ellos se vean desnaturalizados”. Y añadía:
la democracia puramente formal, de alcances civiles y políticos, tiene que llegar a ser una democracia real, de contenido económico y social, pero sin que su contenido histórico y moral, que es, por sobre todo, la preservación de los derechos humanos, experimente menoscabo alguno en provecho del poder del Estado o del progreso de la economía.
La democracia pluralista que propiciamos se propone garantizar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y ambientales. Las autoridades deben provenir de la libre expresión de la soberanía popular, ser periódicamente elegidas y controladas con separación de poderes y garantías de libertades. Debe ser tanto representativa como directa, para lo que debe ser altamente descentralizada y permitir la representación paritaria y la de los pueblos originarios. Y debe impedir la injerencia del dinero en la política y el dominio oligárquico de los medios de comunicación, de las redes sociales y su manipulación, así como sancionar las expresiones de discriminación, odio y destrucción de la democracia, que tiene derecho a defenderse y a defender la dignidad de las personas y de la ciudadanía cuando son atacadas, junto al derecho a la rebelión contra toda tiranía.
2. Una economía social mixta
El capitalismo se sustenta en que unos pocos se apropian de la riqueza colectiva y del trabajo ajeno y es un factor de guerra y de conquista, mientras ha terminado por bloquear la resiliencia de los ecosistemas. Por ello debe ser superado si la humanidad quiere sobrevivir. Nos proponemos reemplazarlo por una economía social mixta, con planificación del suministro de bienes públicos y comunes y el gobierno de los mercados, con unidades productivas de propiedad plural.
Eugenio González se pronunció sobre este tema del siguiente modo, que también reivindicamos:
No hay que estatizar la economía sino socializarla, es decir, humanizarla… No aspira el socialismo a reforzar el poder político del Estado con el manejo del poder económico. No pretende el socialismo que sea el Estado quien planifique, regule y dirija los complejos procesos de la producción y distribución de bienes y servicios. No se propone el socialismo levantar sobre las ruinas de las empresas privadas a un especie de gran empresario que sería el Estado burocrático y policial.
Salvador Allende, por su parte, postuló en 1971 que
Para nosotros, representantes de las fuerzas populares, las libertades políticas son una conquista del pueblo en el penoso camino por su emancipación. Son parte de lo que hay de positivo en el período histórico que dejamos atrás. Y, por lo tanto, deben permanecer. De ahí también nuestro respeto por la libertad de conciencia y de todos los credos (...) Pero no seríamos revolucionarios si nos limitáramos a mantener las libertades políticas (...) Las haremos reales, tangibles y concretas, ejercitables en la medida en que conquistemos la libertad económica(...)
La visión socialista de la economía no consiste, como ya lo enunciara Eugenio González, en estatizar los medios de producción, sino en socializar los resultados del esfuerzo productivo común. La centralización económica, además, no está en condiciones de gestionar la información requerida de manera adecuada y continua para realizar una planificación empresa por empresa, hoy tecnológica y organizacionalmente mucho más complejas y desplegadas en parte en cadenas globales de valor en la manufactura de alta productividad, con sistemas de producción crecientemente digitalizados y robotizados, basados en la información y su procesamiento en grandes volúmenes con uso de inteligencia artificial, incluso en la extracción de recursos naturales, junto a un amplio universo de pequeñas empresas.
Pero nadie debe equivocarse respecto a los fines del socialismo: nos proponemos organizar la economía no solo para atenuar las peores consecuencias del capitalismo sino para transformarlo. Nuestro horizonte es avanzar hacia el fin de la explotación económica y cambiar las estructuras que crean y reproducen desigualdades injustas e incitan a la depredación del medioambiente, junto a terminar con las discriminaciones de género y cualquier otra discriminación arbitraria. Esto se puede lograr con la construcción de una economía social mixta en las formas de propiedad y un sistema de asignación de recursos en que todos concurran según sus capacidades a crear y mantener un bienestar socialmente igualitario y ecológicamente sostenible y en el que cada cual es retribuido por los frutos de su trabajo y tiene garantizados mediante redistribución ingresos básicos dignos. El cambio tecnológico sumado a la democratización del poder económico estarán en condiciones de lograr progresivamente estos fines, y a la vez alcanzar antes de mediados de siglo la carbono-neutralidad en la producción para contribuir a preservar el planeta.
La visión socialista contemporánea de la economía consiste en promover la economía social y en socializar una parte suficiente del excedente de las empresas privadas y públicas en beneficio colectivo, junto a la totalidad de las rentas de los recursos naturales y de las que se originan en monopolios y manipulaciones del consumidor. Se supera el capitalismo cuando se termina con monopolios y concentraciones privadas ilimitadas de la producción y la riqueza y se socializa democráticamente una parte decisiva de los excedentes de la producción e intercambio para garantizar libertades reales y derechos sociales justos.
El excedente socializado debe orientarse a las inversiones en bienes públicos y bienes comunes (infraestructura, y urbanismo, protección del ambiente, conocimiento, acceso a las redes digitales, educación y salud universales) y al aseguramiento y la cobertura de riesgos sociales (desempleo, enfermedad, vejez sin ingresos) y el acceso a la vivienda y a los bienes básicos para una vida digna dados los recursos disponibles, incluyendo el acceso al empleo.
Pero seamos claros: sin excedente económico no hay dinamismo productivo de largo plazo ni capacidad de crear empleos decentes y de garantizar derechos sociales. Sin dinamismo productivo no puede existir el sustrato material que permita atender de manera justa las necesidades de la población y su bienestar. Esto implica no suprimir todo mercado o empresa privada, sino regularlos con fines sociales y ambientales y hacer coexistir las empresas con fines de lucro con empresas familiares y sociales sin fines de lucro y empresas públicas estratégicas, sin burocratizar la economía o dificultar la innovación y el crecimiento sostenible, cautelando la eficiencia en la asignación de recursos y asegurando la justicia social en su distribución. Se debe regular el sistema de precios y la competencia de mercado en diversos ámbitos, pero no suprimirlos, para así asegurar una asignación flexible y descentralizada de una parte de los recursos y promover la innovación productiva.
Aunque debe decrecer la economía contaminante y depredadora, se debe dinamizar la inversión estructurante y sostenible para sobre esa base ampliar el tejido productivo, redistribuir ingresos mediante impuestos y transferencias y permitir a los trabajadores una negociación colectiva más allá de la empresa para obtener salarios justos, además de garantizar ingresos básicos a toda la población y el derecho al empleo mediante programas de inserción. La capacidad productiva debe ampliarse de una manera social y ambientalmente sostenible mediante un sistema mixto de propiedad: estatal en áreas estratégicas, un fuerte sector de economía solidaria y cooperativa y un sector privado con fines de lucro desconcentrado y regulado. Esto requiere de un Estado productor y regulador no clientelista, empresas innovadoras y definir una condición asalariada con derechos, incluyendo el de participar en la definición de las condiciones de trabajo y en la orientación y las utilidades de las empresas.
Esto implica avanzar a una coordinación social de la economía para orientar la innovación con una diversificación productiva que mejore la producción de bienes y servicios básicos y una inserción externa suficientemente ventajosa para la economía nacional, junto a impedir la concentración rentista y monopólica de la producción y proteger a los consumidores. Y también lograr a una planificación estratégica del suministro de bienes públicos y la preservación y ampliación de bienes comunes en la configuración de las ciudades y aglomeraciones y sus servicios, empezando por la cultura y los servicios sociales, y también en el uso del agua, en la protección de la biodiversidad y de la resiliencia de los ecosistemas, para lo cual es indispensable mantener el control público democrático sobre el acceso a los recursos naturales y sobre el uso del territorio.
El proyecto de una economía social mixta, que tiene esbozos en diversas experiencias, es ampliamente preferible al capitalismo tecno-financiero, rentista y de la desigualdad norteamericano, al capitalismo oligárquico ruso, al neocapitalismo de Estado chino (que sin embargo ha logrado éxitos notables en el cambio de la condiciones de vida de su población), al inmovilismo burocrático cubano o la burocracia civil-militar venezolana, que ha provocado la emigración de millones de sus ciudadanos, proceso agravado por el inaceptable boicot norteamericano. O a la dinastía de control omnímodo y autárquico de Corea del Norte, que produce hambrunas periódicas junto a una ambición nuclear persistente. Los socialdemócratas europeos, por su parte, se afincaron en la democracia representativa y buscaron adaptar el capitalismo regulándolo para expandir el bienestar de los trabajadores con dispositivos redistributivos, de seguridad social, de acceso a la educación y de incorporación de la mujer, en lo que lograron importantes éxitos. Este es especialmente el caso en Escandinavia cuando se ha preservado el Estado de bienestar y avanzado al control público de los recursos naturales, aunque en parte desdibujados por la deriva social-liberal que ha acompañado olas de aumento de las desigualdades y de restricciones racistas.
En suma, el proyecto socialista es una respuesta para renovar las esperanzas en un mundo más libre y más justo basada en construir una democracia social participativa y paritaria capaz de superar el control del poder por minorías propietarias oligárquicas y patriarcales. Este proyecto requiere construir un Estado social y democrático de derecho y una economía social mixta que reduzca y progresivamente termine con las desigualdades que provoca el dominio del capital sobre el trabajo (incluyendo sus modernas formas digitales) y con las depredaciones ambientales que derivan de la primacía del capital sobre la naturaleza y ponen en peligro a las nuevas generaciones.
3. Una definición latinoamericanista y de no alineación activa
El socialismo chileno tiene raíces nacionales profundas, pero eso no le impide ser internacionalista y latinoamericanista, pues comparte con el mundo la necesidad de la cooperación, la justicia y la redistribución internacional, junto a la solución pacífica de controversias, y con el continente comparte una comunidad de origen y de destino. Desde nuestra condición nacional de representar solo el 0,2% de la población y el 0,3% de la producción en el mundo, requerimos de una articulación de largo plazo con América Latina que permita la incidencia en la defensa de los intereses nacionales y regionales desde una posición independiente, capaz de rechazar toda forma de imperialismo, empezando por oponerse a cualquier subordinación neocolonial a Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Chile y América Latina deben promover activamente un orden multilateral que sea respetuoso del derecho internacional y de las soberanías nacionales, con el límite de la defensa de las democracias y los derechos humanos, incluyendo aquella contra el crimen organizado y los tráficos ilegales. Su política exterior debe inspirarse en el no alineamiento activo respecto a los grandes bloques hegemónicos, en oposición a toda política imperial, a autoritarismos expansivos o a la búsqueda de hegemonías económicas globales.