Más sobre el progresismo después de la derrota
Predice Antonio Muñoz Molina, escritor español, que:
va a pasar con el patriotismo algo semejante que con el conservadurismo, y con la defensa de la ley y el orden. Revolucionarios son ahora los que asaltaron a mano armada el Congreso de Estados Unidos, los que invaden países con una insolencia de potencias coloniales, saltándose una legalidad internacional que costó tanto construir, y que en realidad nunca fue muy sólida; revolucionarios son los plutócratas de la tecnología que no tienen ningún miedo de destruir las mentes humanas y los derechos de los trabajadores, en nombre de un utopismo delirante de ciencia ficción. La ley y el orden los defendemos nosotros: la ley que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos… y el orden que nace no de la miseria y el terror, sino de la garantía razonable de que cada uno podrá vivir su vida en libertad, sin quedarse inerme frente a la enfermedad, la pobreza y el miedo. Yo creía de joven que los patriotas, los conservadores y las personas de orden eran los adversarios contra los que me rebelaba. Ahora son los sucesores de aquella gente los que quieren arrasarlo todo, con una furia de bolcheviques o camisas pardas. Nosotros somos tan conservadores que estamos empeñados en conservar la integridad de la condición humana, la supervivencia digna de la especie humana en la tierra.
Hemos llegado a un punto en que ahora son las constelaciones de oligarcas las que usan su poder para subvertir diversos parámetros del orden que hace funcionar a las sociedades, mientras los progresistas y la izquierda somos los llamados a “conservar la integridad de la condición humana” y “la supervivencia digna de la especie humana en la tierra”. Paradojas de la historia, pero que revelan que, en medio de retrocesos y amenazas múltiples, hay conquistas civilizatorias relevantes a lo largo del tiempo que merecen ser valoradas, defendidas y conservadas, sin perjuicio de los profundos cambios a seguir realizando en la vida social. Esta reflexión va en el sentido de constatar que los avances democratizadores y civilizatorios han sido suficientemente importantes y significativos en distintas etapas de la época moderna -aunque se está todavía lejos de lograr las sociedades propiamente igualitarias y libertarias a las que aspira la izquierda transformadora- como para que los oligarcas y los dueños del poder económico hayan decidido extremar su acción de defensa de sus intereses. Y de limitar todo contrapeso en las estructuras institucionales y sociales en las democracias existentes. Se han propuesto acentuar, y lo están logrando en diversos lugares del mundo, la utilización en su favor de los poderes estatales y mediáticos, así como la manipulación de las emociones de los portadores de odiosidades e iras desbordadas contra sus semejantes, especialmente en contextos y tiempos de precariedad y de dislocación de las identidades e interacciones sociales y colectivas.
En este contexto, es necesario evitar enfrascarse en discusiones bizantinas sobre si la izquierda y el progresismo están vigentes o no en el mundo de hoy, porque evidentemente lo están, mientras algunas de sus variantes gobiernan o han gobernado por largo tiempo en los lugares del mundo más prósperos, igualitarios y sostenibles. Salvo que se las asimile a los populismos autoritarios o burocráticos, cuyos proyectos son el acceso o la mantención en el poder de los clanes que los dirigen en nombre de los intereses del pueblo, y que poco o nada tienen que ver con la vocación emancipatoria y de servicio de la mayoría social propia de la izquierda o el progresismo, con todas sus diversidades. Su sello principal sigue siendo, como diría Norberto Bobbio, la creación de condiciones de igualdad en cada sociedad y, más que nunca, en el orden internacional. Y reivindicar que son siempre democráticos -pero no por eso menos dispuestos a resistir los atropellos dictatoriales y las intervenciones externas- o bien no son tales. Nada de eso está obsoleto.
Como comenta Myriam Revault d’Allonnes, inspirándose en los filósofos griegos,
para Aristóteles, es preciso ser razonable en política, y no racional, porque no todo es calculable ni previsible y porque lo político tiene que ver con la existencia colectiva de seres sensibles. “Razonable” no quiere decir “moderado”, sino más bien “que cuida de las sensibilidades humanas”. Aristóteles distingue así el odio de la cólera. El primero es “incurable” y no puede transformarse. La cólera, en cambio, en tanto reacción de un ser cuya dignidad ha sido ultrajada, puede volverse política porque es la expresión de la virtud fundamental que es la justicia. Del mismo modo, la indignación, esa capacidad de protestar contra una injusticia cometida hacia otro, compromete la solidaridad y lo común. Cuando la razón política ignora o desplaza los afectos, vemos instaurarse una racionalidad de la gestión, un gobierno de expertos, preocupado ante todo por la eficacia, alejado de la experiencia vivida: lo que se denomina una “epistocracia”. De ahí la frustración de los gobernados, su sentimiento de no ser ni escuchados ni comprendidos por un poder indiferente, incluso despreciativo, con el riesgo de una captación populista de esos resentimientos. Nuestras democracias no deben abandonar los afectos y las emociones a los populismos, sino, por el contrario, tomarlos en serio.
Sin perjuicio de otros temas (ver aquí) y de la cuestión central constituida por la pérdida de confianza ciudadana -en buena medida por conductas reñidas con la probidad y el alejamiento progresivo de las preocupaciones mayoritarias por estructuras dirigentes que en algunas etapas han velado más por sus intereses que por los colectivos- hoy por hoy cabe, junto a cambiar muchas prácticas, deliberar en el progresismo sobre nuevas alternativas para Chile, considerando la situación general del mundo. Esto requiere reconstruir con paciencia un enfoque consistente para revertir la polarización social y política, las crisis institucionales recurrentes y la pérdida de dinamismo de la economía durante ya más de una década, con una plataforma alternativa a la de la extrema derecha que permita de manera coherente y sistemática proponer un nuevo horizonte que incluya pronunciarse:
- en contra de los recortes sociales y fiscales y de las desregulaciones que afectarán a trabajadores y consumidores que se propone realizar la ultraderecha a partir de marzo, pues está en juego hacer retroceder o no los logros en libertades, disminución de la pobreza y distribución del ingreso que se han conquistado poco a poco en las últimas décadas;
- a favor de los derechos de las mujeres y de su ampliación, así como los de los derechos de las minorías y disidencias y en contra de todo retroceso en la materia;
- a favor de una seguridad pública que ataque con prioridad el crimen organizado y el blanqueo de dinero ilícito, fortalezca profesionalmente las policías y los tribunales, termine con la corrupción en su seno, combata la extensión de incivilidades en interacción con las comunidades y, a la vez, preserve las libertades y actúe contra las causas sociales y culturales del delito;
- a favor de una política económica que se oriente al pleno empleo y al control de la inflación, y en contra de políticas de shock en el manejo del ciclo de auges y recesiones y postular una economía mixta que incluya un sector público mucho más eficaz y empresas que inviertan más, sean flexibles e innovadoras y, a la vez, sustenten una reforzada protección social y relaciones laborales formales y decentes, en las que los trabajadores y sus sindicatos puedan negociar con efectividad sus salarios y condiciones de desempeño, incluyendo la participación en las utilidades, con la aspiración a remuneraciones crecientes que contribuyan a aumentos de la productividad;
- a favor de que el acceso al trabajo -aunque transformado por las nuevas tecnologías- de mujeres y jóvenes sea sostenido por programas públicos más amplios, y apoyar más a las pymes y a la economía social y solidaria;
- a favor de que los segmentos privilegiados paguen más impuestos que el resto de la población en proporción a sus ingresos y patrimonios, y en contra de rebajas tributarias a los más ricos y de las regalías insuficientes que pagan las empresas del cobre que impiden una inversión suficiente en ciencia y tecnología y en diversificación productiva;
- a favor de una acelerada transición energética, lo que no tiene que ver con ninguna disquisición tecnológica o geopolítica sino con el simple hecho de que Chile no dispone de energías fósiles y si, en cambio, de abundantes energías renovables, por lo que las empresas deben orientarse a un modelo de desarrollo que combine incrementos de productividad, sostenibilidad y redistribución del ingreso, con el resultado de proteger y no depredar el ambiente y aportar al bienestar de las personas y de los territorios con los que se desenvuelven;
- a favor de un mayor acceso a la vivienda y a bienes públicos de uso común, y en contra de un urbanismo socialmente segregador. Y a favor de fortalecer el transporte público, la electromovilidad y la energía eléctrica autónoma en los hogares, y en contra de sistemas tarifarios de servicios básicos que aseguran ganancias indebidas a las grandes empresas monopólicas que los operan;
- a favor de una educación pública que promueva la igualdad de oportunidades y la no discriminación, acompañada de una formación continua eficaz, y en contra de una educación privatizada y socialmente segmentada y un sistema de capacitación obsoleto;
- a favor de una salud pública de cobertura universal efectiva, basada en prestadores mixtos en una red de provisión en salud primaria y hospitalaria articulada, con un componente estatal no discriminador, mejor financiado y más eficiente, sacando del corazón de la protección social en salud a los seguros privados abusivos y dejándolos como opciones complementarias;
- a favor de controlar mejor las fronteras y la migración irregular, y canalizarla de manera solidaria, ordenada y con derechos en función de las necesidades y contribuciones pertinentes para el país, y en contra de redadas y expulsiones violentas que no respetan a las personas y que no permiten un aporte a un país que, como Chile, ostenta hoy una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo y enfrenta una severa declinación demográfica;
- a favor de la coordinación latinoamericana, aunque sea parcial y con quien esté disponible, para seguir promoviendo el multilateralismo, el derecho internacional y la soberanía de las naciones y de los pueblos, y en contra de las intervenciones militares y la subordinación a los intereses de Estados Unidos, o de cualquier otra potencia hegemónica.
Cuatro años pasan rápido. Pero de no mediar una defensa consistente de los derechos logrados y una lucha democrática que siga impulsando cambios igualitarios y libertarios para un proyecto de prosperidad compartida y sostenible, la visión de la derecha y la extrema derecha se consolidará como opción mayoritaria en la sociedad chilena. El problema es que se trata nada menos que del autoritarismo para ampliar privilegios, la restricción de las libertades, la xenofobia, el libremercadismo disruptivo y la defensa miope del interés propio por sobre el interés común, lo que de prevalecer solo traerá una sociedad más conflictiva y estancada.

