Los recortes de Kast

La disminución del gasto público propuesta por la ultraderecha es de 28%

Jorge Quiroz, portavoz económico de la candidatura de José Antonio Kast, sostiene que el Estado “tiene grandes áreas de malgasto y de falta de servicio público” y que ahí “hay tremendos espacios” para hacer ajustes. Señala que en la eventual administración de Kast no se tocará “ningún gasto social”. El plan de recortes fiscales de Kast es descrito por Quiroz del siguiente modo:

cuando decimos US$6.000 millones en 18 meses, el primer año son US$3.000 millones y el primer semestre del segundo, otros US$3.000 millones. Completado el ajuste inicial, son US$6.000 millones por año y US$21.000 millones en total.

Esto representa un 28% del gasto total y un 6,3% del PIB estimado por el FMI para 2025. ¿El objetivo?:

para que el país crezca, tenemos que dejarle más espacio al sector privado y macroeconómicamente en el corto plazo, poniendo el efecto demanda agregada, les deja espacio a estos privados.

Aquí hay al menos dos problemas.

Primero: el gasto del gobierno central representó en 2024 un 24,6% del PIB y Kast propone bajarlo en 6,3% del PIB. Si declara que no bajará ningún gasto social -como se observa en el cuadro adjunto de las Estadísticas de las Finanzas Públicas- tendría que recortar en otras funciones, suponiendo que el gasto en seguridad permanece. El problema es que no se ve por dónde. Cerrar los ministerios ahorraría poco más de 1% del PIB: no alcanzaría. Terminar con la inversión pública, un 2,5% del PIB, tampoco alcanzaría. Lo propio ocurriría si se terminara con el apoyo al deporte y la cultura, que es de 0,2% del PIB, o con la protección del medio ambiente, que es de un 0,1% del PIB. Incluso si se sumara la suspensión del pago de intereses de la deuda pública, que representa 1,2% del PIB y que pondría al país en cesación de pagos por primera vez en su historia, se llega a la meta de Kast. De más está comentar la debacle que estos recortes implicarían para el país. No hay de dónde más producir rebajas. Salvo que se considere reducir el gasto en orden público y seguridad, que alcanza un 1,4% del PIB o el gasto militar, un 0,5% del PIB. Es el gasto social el que tendrían que reducir, que representa un 17,8% del PIB.

Desde otro ángulo, si se eliminaran 100 mil empleos públicos con una remuneración equivalente a dos mil US$ mensuales, lo que está lejos de ser el promedio, el ahorro sería de solo 0,7% del PIB. Si se terminara con 10 mil empleos superfluos, se ahorraría un 0,07% del PIB. Por lo demás, el empleo público (funcionarios del gobierno general) representa un 9 % del empleo total en Chile, por debajo del promedio de 21% de la OCDE, según los datos de ese organismo.

No se puede sino concluir que las cuentas de los recortes planteados por Kast simplemente no cuadran, salvo que se rebaje sustancialmente el gasto social y se expulse a cientos de miles de trabajadores públicos que hacen posible que este gasto social llegue a las familias.

Segundo: la rebaja del gasto público de 1,8% del PIB planteado por la campaña de Kast en los primeros 18 meses de un eventual gobierno suyo disminuiría al menos en el equivalente la demanda agregada y tendría un efecto recesivo inevitable en el crecimiento y el empleo en el corto plazo. Lo propio ocurriría si la rebaja del gasto público en 4 años se extendiera al mencionado 6,3% del PIB y se usara en disminuir impuestos a las empresas, con el consiguiente aumento de sus utilidades, o las contribuciones de bienes raíces de los más ricos que financian a los municipios de pocos recursos, pero con un dudoso aumento esperado de la inversión privada. De producirse, difícilmente compensaría el choque negativo de gasto público en la demanda agregada, con la consiguiente disminución de la actividad y el empleo.

La discusión envuelve los intereses mencionados, pero también lo que la teoría económica compartida pone en evidencia. El gasto público que incrementa el capital físico, la innovación y las capacidades humanas y las transferencias que disminuyen las desigualdades de ingresos suelen tener efectos positivos sobre el crecimiento, de acuerdo a la revisión de la evidencia por los economistas del FMI Ostry et al. (2014). En palabras de Choudhary et. al (2024), del Banco Mundial, gastos públicos restringidos por “ingresos insuficientes frenan el crecimiento económico al limitar la inversión en infraestructura, subfinanciar los servicios públicos, aumentar la desigualdad de ingresos y provocar una dependencia excesiva de la deuda”.

No se ha producido en ninguna parte un crecimiento adicional cuando se bajan el gasto público y los impuestos, como ha demostrado el análisis económico reiteradamente. Luego de identificar todas las experiencias de reducciones fiscales importantes para los grupos más ricos en 18 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre 1965 y 2015, Hope y Limberg (2022) encuentran que conducen a una mayor desigualdad de ingresos tanto a corto como a mediano plazo y que esas reformas no tienen ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico ni sobre el desempleo.

La historia económica contemporánea indica que el incremento tendencial de la carga tributaria que financia los Estados de bienestar en la OCDE no los ha llevado al estancamiento sino a grados significativos de dinamismo económico. Simultáneamente les ha permitido alcanzar los indicadores de bienestar comparativamente más altos en el mundo. Según la base de datos del FMI, el PIB por habitante de Estados Unidos, con el 25% sobre PIB de carga tributaria, era en 2024 de 86 mil dólares, inferior al de 91 mil dólares a paridad de poder de compra de Noruega, y su 41% sobre PIB de carga tributaria, y solo algo superior a los 82 mil dólares de Dinamarca, con su 43% de carga tributaria. En los países con altos impuestos, amplios servicios públicos y menor desigualdad, la economía y la inversión no están bloqueadas por el peso de la tributación, ni menos están llenos de desempleados que deambulan por las calles por falta de actividad privada: son aquellos con mayor bienestar humano en el mundo, por sobre el de Estados Unidos (ver los Índices de Desarrollo Humano), entre otras cosas porque el sector privado es dinamizado al contar con capacidades humanas avanzadas y factores de estabilidad fruto de sus políticas sociales.

Referencias

Choudhary, R.; Ruch, F.U. & Skrok, E. (2024). Taxing for Growth: Revisiting the 15 Percent Threshold. World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099062724151523023/pdf/P1778861e0c40b081186a61ced16cac6cde.pdf?utm_source=chatgpt.com

Hope, D., & Limberg, J. (2022). The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich. Socio-Economic Review, 20(2). https://doi.org/10.1093/ser/mwab061.

OECD (2025). Government at a Glance. https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en.html.

Ostry, J. D.; Berg. A. y C. G. Tsangarides. (2014). Redistribución, desigualdad y crecimiento. Revista de Economía Institucional 16 (30).