Los desafíos actuales de las periferias del sistema mundial
Los países periféricos del sistema económico mundial, incluyendo los latinoamericanos, deberán encontrar nuevas vías para evitar su marginalización y declinación en medio de las actuales disputas entre bloques hegemónicos.
Las nuevas incertidumbres
La etapa marcada por los impulsos proteccionistas desde el primer gobierno de Trump en Estados Unidos se ha visto reforzada en los inicios de su segundo mandato y abierto nuevas incertidumbres. Estas han sobrevenido luego de las etapas de globalización neoliberal de fines del siglo XX, de los diversos ciclos de altos precios de materias primas por la mayor demanda desde los países emergentes de inicios del siglo XXI, de la crisis global de 2008-2009 y de la crisis pandémica de 2020. Las inestabilidades se han acentuado en lo que va de siglo XXI, con una crisis financiera primero y más tarde con una crisis como la del Covid-19 que llevó a aumentar los endeudamientos de los Estados en todas partes.
A la par aumentaron los conflictos soberanos entre las grandes economías. Se ha pasado del comercio regido por una tendencia más o menos recurrente a disminuir barreras, fruto de las reglas establecidas gradualmente desde la segunda guerra mundial, a uno con rasgos de comercio administrado, en medio de un comercio mundial que pasó de representar un 26% del PIB en 1990 a, con altibajos, alrededor de un 60% desde 2007.
El precedente fueron los acuerdos de libre comercio y protección de inversiones bilaterales o por zonas, los últimos de los cuales fueron el tratado Transpacífico -del que Estados Unidos se retiró- y el reciente avance en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, mientras fracasó el proyecto de acuerdo para un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (una especie de OTAN económica), todos ellos establecidos o negociados al margen de la Organización Mundial de Comercio. Este organismo multilateral no logró concluir la Ronda de Doha de desgravaciones arancelarias iniciada en 2001, centrada en agricultura y servicios. Los países industrializados del siglo XX han aumentado la tendencia a restaurar su competitividad levantando barreras proteccionistas. Su objetivo es volver a crear empleos bien remunerados para los trabajadores no calificados (sin educación superior), rezagados en la etapa previa de la globalización, aunque la automatización creciente (robots más inteligencia artificial) hace que esto no sea de fácil ejecución.
En la actualidad, se exacerba la confrontación entre las tres economías más importantes y dinámicas. Estados Unidos favorece ahora incluso la repatriación de la producción previamente deslocalizada por las cadenas globales en países lejanos de bajos salarios, en un esquema de mayor “vecindad productiva” (nearshoring), mientras China ha acentuado su apoyo gubernamental a las exportaciones en gran escala y provocado desplazamientos de producciones industriales en muchas partes. Europa enfrenta una acentuada competencia con las empresas estadounidenses y chinas y está, confrontada, además, geo-estratégicamente con Rusia, lo que limitó el abastecimiento de energía barata, mientras sus ventas a mercados asiáticos son menos dinámicas que en el pasado reciente.
Estas tres grandes economías aumentan sus disputas para garantizarse el suministro de insumos y recursos desde las periferias que amplíen su autonomía estratégica. El inicio del segundo gobierno de Trump testimonia de una agudización flagrante de estas pugnas hegemónicas, en las que las economías periféricas tienen poco que ganar y mucho que perder, salvo que aumenten su propia autonomía estratégica y fortalezcan sus interacciones regionales. Esto supone aprender las lecciones del pasado reciente.
El lastre del consenso de Washington
Desde los años 1980-90 se difundieron las recetas neoliberales con las recomendaciones del llamado "Consenso de Washington". Las políticas se orientaron a la liberalización del comercio, las finanzas y las inversiones externas y a la disminución general de la intervención del Estado. Esto incluyó minimizar la protección del trabajo, la inversión en infraestructuras, en educación avanzada y en salud y restringir la cobertura de los riesgos sociales. Su argumento fue que estas intervenciones sobre los mercados solo creaban rentas de situación para grupos específicos sin aumentar el crecimiento, que debía provenir de las fuerzas dinamizadoras que emanaran de la competencia en los mercados autoregulados. Las propuestas fueron resumidas por el decálogo de John Williamson (1990): “disciplina presupuestaria; reforma fiscal con bases imponibles amplias y tasas marginales moderadas; liberalización financiera, especialmente de las tasas de interés; tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; privatizaciones; desregulaciones; cambios en las prioridades del gasto público a favor de salud, educación e infraestructura y garantía de los derechos de propiedad.”
Aunque la disciplina y simplificación fiscal siempre serán positivas -especialmente si se acompañan de una tributación progresiva y de gastos públicos ajenos al clientelismo y el favoritismo de intereses particulares- este enfoque omitió los efectos de las estrategias de apertura comercial y financiera indiscriminada, de liberalización general de los mercados y de disminución de impuestos y gastos públicos en aspectos como:
el debilitamiento de las instituciones, con la consecuencia de fragilizar la cohesión social y la estabilidad política;
la mayor inestabilidad financiera, el endeudamiento externo privado y público en condiciones desfavorables y aumentos de transferencias de rentas al exterior;
la disminución del dinamismo económico y del bienestar de la sociedad al mermar la provisión de bienes públicos de acceso abierto y sin costo marginal como las infraestructuras y los equipamientos colectivos, y de bienes con externalidades positivas como la educación, la salud y la investigación y el desarrollo tecnológico, manteniendo una especialización productiva con baja diversificación;
el debilitamiento del tejido productivo más frágil y vulnerable y la concentración de los mercados en manos de conglomerados rentistas con mayores economías de escala, sin la creación de opciones alternativas y aumentando las exclusiones, las desigualdades y las heterogeneidades estructurales de la economía;
la desprotección de los bienes comunes, a los que muchos pueden acceder pero en condiciones de oferta limitada y de sobre-explotación y degradación de los patrimonios naturales.
Los países de menores ingresos promedio suelen tener un desarrollo institucional y de promoción productiva deficiente por carecer de recursos para sostenerlo, con sistemas políticos permeables a los grupos de interés oligárquicos que los expone a políticas distorsionadoras de la asignación de recursos, como fijaciones arbitrarias de precios y de subsidios e impuestos en beneficio preferente de los grupos con más poder económico y capacidad de incidir en las decisiones públicas, lo que genera cadenas de ineficiencias a nivel de firma. Esas deficiencias no pueden ser removidas por sí solas por la liberalización del comercio. Antes bien, requieren de más instituciones reguladoras profesionales y no clientelares y de mejoramientos de las capacidades gubernamentales y, por tanto, de aumentos -y no de disminuciones- de los recursos destinados a esos fines.
En palabras de Joseph Stiglitz (2004), “si existe un consenso hoy respecto a qué estrategias tienen más posibilidades de promover el desarrollo de los países más pobres en el mundo, es este: no hay consenso excepto que el Consenso de Washington no proveyó la respuesta. Sus recetas no fueron ni necesarias ni suficientes para un crecimiento exitoso, aunque cada una de sus políticas tuviera sentido para países particulares en tiempos particulares (...). Hubo una falla en la comprensión de las estructuras económicas de los países en desarrollo, focalizando en un conjunto de objetivos muy estrecho y en un conjunto muy limitado de instrumentos. Desde luego, los mercados por sí mismos no producen resultados eficientes cuando la tecnología está cambiando o cuando existe aprendizaje respecto de los mercados; estos procesos dinámicos están en el corazón del desarrollo y existen importantes externalidades en este tipo de procesos dinámicos, dando lugar a un importante papel para el gobierno. Los exitosos países del Este de Asia reconocieron ese rol; las políticas del consenso de Washington no lo hicieron”.
Bai, Jin y Lu (2024) muestran que "abrir una economía puede en el hecho reducir la eficiencia asignativa y exacerbar la mal-asignación de recursos” y que "las pérdidas pueden ser de un tamaño comparable a las mayores fuentes de ganancia de bienestar". La pregunta de por qué unos países han experimentado desde la revolución industrial más ganancias con el comercio que otros, o ninguna -Waugh (2010) encuentra en una amplia muestra de países que los más pobres no obtienen sistemáticamente ganancias del comercio- no obtuvo una respuesta satisfactoria con la aplicación de las políticas del Consenso de Washington, especialmente en América Latina.
China en la globalización y la trampa de los ingresos medios
En cambio, diversos países asiáticos con economías de bajos niveles iniciales de productividad e ingresos crecieron a través de estrategias de industrialización exportadora basada en manufacturas. Esto les permitió alcanzar mayores escalas de producción, mientras la baja productividad de la agricultura tradicional permitió trasladar a trabajadores poco calificados a empleos industriales manteniendo salarios bajos. Esta combinación de menores costos unitarios a escala y bajos costos laborales hizo que los productos de estos países, en parte integrados en cadenas globales de producción deslocalizada, pudieran ser competitivos en los mercados mundiales a pesar de la menor productividad inicial de sus trabajadores.
A medida que las empresas exitosas fueron obteniendo ganancias de las exportaciones y arrastrado encadenamientos productivos hacia atrás, pudieron invertir en maquinaria y equipos y aumentar la productividad de los trabajadores. Conforme aumentaron los salarios, los trabajadores pudieron mejorar sus condiciones de vida, mientras las empresas y sus dueños pagaron más impuestos que dieron mayores márgenes a los gobiernos para invertir en infraestructuras, atención médica y servicios de educación. Con el tiempo, diversos segmentos avanzaron en complejidad productiva, con mayor valor agregado industrial, ampliando un ciclo expansivo virtuoso.
Esta orientación industrial exportadora a partir de muy bajos salarios e ingresos iniciales fue seguida en gran escala por China, con el antecedente previo de las experiencias de Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong-Kong. El crecimiento del PIB de China y otras economías emergentes asiáticas desde 1980 fue considerablemente superior al de las economías industrializadas avanzadas del G7 y al de las de América Latina y el Caribe, cuyo dinamismo ha sido similar en las últimas décadas (ver el gráfico), sin grandes disminuciones de las brechas de ingresos entre ellas. En cambio, la economía industrial china pasó en solo cuatro décadas de ensamblar componentes sin mayor complejidad a producir bienes de alta tecnología, incluyendo la robótica y la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y equipamientos electrónicos y de energía solar y eólica, erosionando en breve tiempo el predominio industrial norteamericano y europeo.
Fuente: World Economic Outlook Data Base, IMF, october 2024.
El paso a la diversificación productiva y la madurez tecnológica no es, sin embargo, replicable universalmente, pues las condiciones iniciales son muy distintas y la demanda mundial no tiene espacios para todos los que intentan un desarrollo exportador manufacturero basado en deslocalizaciones productivas desde los centros industriales de altos ingresos y la integración en cadenas globales de producción.
Esto ha dado lugar a una literatura sobre lo que se ha denominado “la trampa de los ingresos medios”, que afecta a los países que no logran, luego de un impulso inicial, dinamizar la asignación de recursos hacia sectores de mayor complejidad. Predominan las empresas más rentables en el corto plazo en los sectores productivos y financieros extractores de renta, especialmente en los ciclos altos de precios de las materias primas con baja elaboración y baja capacidad de arrastre sobre el resto de la economía. Esto sigue orientando la matriz productiva hacia el sector extractivo, lo que es el caso de la mayoría de las economías latinoamericanas, con la excepción de México y en alguna medida Brasil.
El Banco Mundial (2024) ha terminado por diagnosticar que "la asignación eficiente de los factores de producción representa aproximadamente el 25% del crecimiento de la productividad en los países en desarrollo". El otro 75% depende de otros múltiples factores, por lo que propone un esquema según el cual el crecimiento de los países de ingresos medianos se apoye en un cambio desde la inversión en capital físico a la incorporación de tecnología e innovación para producir una gama de productos más sofisticados, lo que supone fomentar que las empresas más productivas incorporen nuevas tecnologías y crezcan. De ese modo se impulsaría el crecimiento del empleo y la producción, además de crear efectos de arrastre hacia otras empresas. Para ese fin, se necesitaría una fuerza laboral más capacitada a medida que sus procesos de producción se vuelven más complejos. El primer paso sería la tradicional tarea de proporcionar sostenidamente educación primaria y secundaria a sus jóvenes, pero con un segundo paso que requeriría que las personas inviertan más en el desarrollo de sus habilidades y que los países inviertan en investigadores que contribuyan a la expansión del conocimiento en diversos campos. Se mejoraría de ese modo la expansión de largo plazo de las capacidades productivas con patentes para proteger la innovación y el financiamiento público de la infraestructura y de la ciencia básica (que son bienes públicos cuyo consumo no es divisible ni tienen un costo marginal), así como el gasto público en la educación y el cuidado de la salud (con importantes efectos externos positivos más allá de sus beneficiarios individuales), en tanto "capital humano" o capacidades humanas que se agregan al capital físico para constituir la capacidad productiva.
Estos listados de recomendaciones de política, que constituyen un nuevo sentido común, suelen caer en el vacío frente a los condicionamientos existentes en las relaciones centro-periferia.
El Banco Mundial reconoce que los países de ingresos medianos enfrentan, además, el desafío de poblaciones que envejecen rápidamente, un mayor proteccionismo en las economías de altos ingresos y la necesidad de acelerar su transición energética, con perspectivas poco halagüeñas: "En muchos países de ingresos medianos, la deuda gubernamental, que es más costosa para este grupo de ingresos que para cualquier otro, está en un nivel récord. Los esfuerzos tardíos de los bancos centrales de las economías avanzadas para normalizar la política monetaria y controlar la inflación mediante el aumento de las tasas de interés han incrementado los diferenciales soberanos (la diferencia entre los rendimientos de los bonos emitidos en los mercados internacionales por el país en cuestión y los ofrecidos por gobiernos con calificaciones AAA) y han elevado los costos de endeudamiento para los mercados emergentes, en algunos casos a niveles prohibitivos. Como consecuencia, las economías de ingresos medianos están siendo presionadas desde varios frentes: un espacio fiscal más restringido reduce la inversión pública y el margen para las reformas estructurales; un mayor servicio de la deuda pública desplaza el endeudamiento privado; y un mayor riesgo de estrés de la deuda soberana aumenta la incertidumbre política y frena la actividad económica. Estas dificultades se ven agravadas por otras. En algunos países de ingresos medianos, la fragilidad, el conflicto y la violencia están obstaculizando el desarrollo. Y en casi todos los países, el cambio climático está presionando al gobierno a replantear su estrategia de desarrollo".
Si bien en el pasado reciente los mencionados países asiáticos progresaron hacia una manufactura más sofisticada, fueron dejando la manufactura menos calificada a países de salarios más bajos que solo comenzaban el camino hacia la expansión de exportaciones manufactureras. Pero como señala Raghuram G. Rajan (2025), "ahora los trabajadores chinos poco calificados compiten con sus homólogos de Bangladés en textiles, mientras que los doctores en ciencias chinos compiten con sus contrapartes alemanas en vehículos eléctricos."
En la mayoría de las economías exportadoras de ingresos medios y bajos, aunque la manufactura llegue a estar en condiciones de funcionar con máquinas atendidas por trabajadores calificados, los trabajadores no calificados siguen siendo predominantes y se concentran en tareas simples y en la economía informal, en una dinámica en que la automatización implica menos empleos por unidad de producción, lo que debilita la demanda interna, y en que ya no existe suficiente demanda externa para sus manufacturas de exportación. Las tendencias a la automatización, la competencia continua de actores ya establecidos y un proteccionismo renovado en los países centrales, tienden a dificultar que los países de menos ingresos de Asia del Sur, África y América Latina sigan el camino del crecimiento liderado por exportaciones manufactureras, con la consecuencia de mantener una especialización centrada en exportaciones de materias primas poco elaboradas y de precios altamente oscilantes en los mercados mundiales.
Una estrategia de desarrollo basada en el aprendizaje de la complejidad
La experiencia asiática y el estancamiento latinoamericano obligan a profundizar en el análisis de algunos de los factores determinantes del crecimiento. Más allá de las abundantes controversias en la materia, el crecimiento económico a largo plazo es producto del aumento de la cantidad disponible de factores de producción y de su productividad media, lo que resulta de una combinación históricamente determinada de procesos institucionales y de dinámicas sociales en el contexto de la dotación de recursos y de la especialización e inserción productiva de cada país en la economía mundial. Se compone de elementos tales como:
la incorporación continua de trabajadores y el incremento de sus capacidades, lo que requiere el mejoramiento del nivel educativo y de calificación para los procesos productivos, junto a condiciones generales de vida apropiadas;
la reposición y aumento de la cantidad y calidad del capital utilizado en la producción (infraestructura física, maquinaria, herramientas, instrumentos) y la disponibilidad de insumos productivos (bienes intermedios, materiales de origen vegetal y mineral, recursos de agua y otros aportes ecosistémicos);
El dinamismo de las ganancias de eficiencia en los procesos productivos, dadas las tecnologías disponibles y las innovaciones y sus impactos en las relaciones sociales existentes.
Las condiciones sistémicas de un crecimiento sostenible incluyen un entorno favorable a la innovación, regulaciones públicas efectivas para el funcionamiento de las actividades productivas en condiciones de preservación del ambiente y la salud humana, junto a estructuras distributivas entre clases y grupos sociales que favorezcan la interacción cooperativa en las empresas y entre la demanda y oferta agregadas. También incluyen el mejoramiento de las inserciones nacionales en las relaciones centro-periferia del sistema económico mundial que faciliten términos del intercambio favorables y amplíen la complejidad tecnológica y productiva en la agregación de valor, así como la capacidad de adaptación a las fluctuaciones globales y a los límites ambientales locales y planetarios. Y requieren de una gobernanza política y un funcionamiento de las instituciones que incidan positivamente en el uso eficiente de los recursos disponibles.
Estos factores determinantes del crecimiento pueden ser orientados por los gobiernos periféricos de modo parcial e infrecuentemente simultáneo, sin perjuicio de que algunos hayan logrado acercarse a su frontera de posibilidades en uno u otro ciclo económico. Pero nadie sabe exactamente cómo lograr aceleraciones perdurables en el tiempo con alguna receta general, dadas las condiciones estructurales iniciales distintas y un entorno global cambiante. Más allá de lo que pueda obtener una adecuada regulación macroeconómica de corto plazo, no parecen existir políticas uniformes de aplicación universal que produzcan milagros. Tampoco las sociedades, en el contexto de conflictos de intereses en ocasiones agudos, pueden dejar de interrogarse y deliberar acerca de “a quien” beneficia el crecimiento productivo y de los ingresos y “qué bienestar y resiliencia ambiental” produce o altera.
El “antiguo estructuralismo”, que en el análisis de las economías periféricas ponía el acento en el deterioro de los términos del intercambio y en la necesidad de la industrialización por sustitución de importaciones, ha evolucionado hacia el "neo-estructuralismo" (CEPAL, 2015) y los nuevos enfoques de “política industrial” (Stiglitz, 2012; Rodrik, 2024) que incluyen considerar la experiencia asiática de industrialización exportadora. Joseph Stiglitz (2019) afirmó que “las experiencias de largo plazo en crecimiento y estabilidad tanto de los países desarrollados como menos desarrollados, así como la comprensión teórica más profunda de las fortalezas y limitaciones de las economías de mercado, proveen el soporte para un ‘nuevo enfoque estructural’ del desarrollo'”.
Esta afirmación considera que una condición necesaria para que las naciones y territorios de menores ingresos logren aumentar su productividad y diversificación productiva es la de construir inserciones más favorables en las cadenas de producción y consumo a partir de tres constataciones. Primero, las ventajas competitivas de largo plazo no son las que dependen de la dotación relativa de factores de producción, sino las que han sido construidas a partir de esa dotación y que pueden o no mejorar la inserción externa, la diversificación productiva y los términos del intercambio. Segundo, en el actual estado de la innovación tecnológica, no existen a priori ventajas adquiridas para siempre y es posible construir espacios para actividades basadas en mayor trabajo calificado y mayor eficiencia productiva. Tercero, si las verdaderas ventajas competitivas de largo plazo son aquellas que han sido socialmente construidas, se requiere de políticas públicas selectivas que corrijan las fallas de mercado en la formación de capital físico y en la acumulación equitativa de capacidades humanas y los arreglos institucionales que lo hagan posible.
Los países deben, en este tipo de enfoques, acentuar su estrategia de evolucionar desde estructuras sectoriales de la economía con sectores líderes basados solo en la dotación de recursos naturales, frecuentemente en enclaves sin capacidad de arrastre sobre el resto de la economía. Sus planificaciones y programas de desarrollo están llamados a estimular la plena movilidad de los recursos de producción para ampliar los sectores dinámicos distintos de la agricultura y la minería extractiva, o bien aumentar en ellas la agregación de valor y encadenamientos hacia atrás y hacia adelante en distritos industriales de mayor diversificación en la producción de insumos y productos. Permitir el control de los sectores generadores de renta por inversiones extranjeras en términos desfavorables y sin creación adaptada y autónoma de conocimiento, suele impedir la inversión de esa renta en los sectores dinamizadores que aumentan la complejidad productiva.
Al mismo tiempo, estos enfoques consideran necesario mantener en el corto plazo políticas de promoción del pleno empleo y de control de la inflación de carácter contracíclico, junto a la vigilancia sobre la cuenta de capitales. La liberalización comercial, financiera y de capital indiscriminada suele ser generadora de crisis recurrentes y de ajustes que castigan la inversión pública y privada y mantienen una falta de dinamismo estructural.
La estrategia de largo plazo debe considerar que, si la fuente mayor de incrementos en el ingreso por habitante son los avances tecnológicos y de productividad, entonces debe tomarse en serio el argumento según el cual los mejoramientos en el aprendizaje productivo y en la adecuación de políticas a ese fin son un componente indispensable de los nuevos esfuerzos de crecimiento social y ambientalmente sostenibles. Las empresas tienen pocos incentivos para capacitar a sus trabajadores e invertir en investigación y desarrollo ya que, en palabras de Ricardo Hausmann (2023), "otras empresas podrían seducir a sus empleados y copiar sus ideas costosas. Al mismo tiempo, puede ser difícil coordinar los insumos -entre ellos, la electricidad, el agua, la movilidad, la logística y la seguridad- que son necesarios para hacer que una locación particular resulte adecuada para la manufactura. En consecuencia, se ha vuelto una práctica común que el gobierno comparta los costos de capacitación, subsidie la I+D mediante el sistema tributario y planifique zonas industriales (...) Estas políticas intervencionistas son beneficiosas para muchas industrias y deberían ser recurrentes". Siempre en palabras de Hausmann (2023), esta "política industrial implica una cooperación estrecha entre una amplia red de entidades públicas -que incluye ministerios de área, organismos de desarrollo económico, agencias de promoción de la inversión y zonas económicas especiales- y actores del sector privado”.
La necesaria advertencia de que "la captura de políticas, la corrupción y las ineficiencias burocráticas pueden llevar a los gobiernos a exacerbar, en lugar de resolver, las fallas de mercado" no debe implicar que los países deban abstenerse de poner en práctica este tipo de políticas. Y tampoco abstenerse de llevar adelante políticas de seguridad, sanitarias, de urbanismo integrador y de preservación de la resiliencia de los ecosistemas de mayor intensidad -financiadas por sistemas tributarios con mayor peso y progresividad y mayor captación de las rentas de la extracción de recursos naturales- junto a intervenciones públicas que proporcionen infraestructura y espacios adaptados para la actividad productiva en colaboración con las administraciones locales, con la meta de avanzar hacia una mayor complejidad de la economía. Esta disposición hacia la innovación, la diversificación económica y el fortalecimiento institucional debe ser parte de los planes y programas de los gobiernos, aunque cometan errores en su diseño y ejecución, los que en cada caso pueden ser corregidos por sistemas institucionales cada vez más abiertos a la deliberación en procesos de aprendizaje continuo. En todo caso, asegurar esta gobernanza del aprendizaje económico e institucional es una condición necesaria para hacer efectiva la política industrial basada en capturar las externalidades positivas del aprendizaje y la innovación (“knowlege spillovers”) y contrarrestar las externalidades negativas relacionadas con el desplazamiento de empleos de menor calificación y remuneración y los impactos ambientales de la actividad productiva.
Por su parte, las visiones "neo-shumpeterianas" también conciben la innovación como proceso social basado en la difusión del conocimiento y de las tecnologías más productivas y en la capacidad de adaptación frente a variaciones del entorno económico e institucional. Autores como Aghion y otros (2021) sostienen que, en la búsqueda de aumentos de productividad en base a innovaciones que hacen obsoletos muchos de los procesos productivos prevalecientes, las empresas procuran adaptarse para mantener su rentabilidad y competitividad y algunas lo logran y otras no, lo que es parte del proceso económico que Joseph Schumpeter denominó "destrucción creativa". En él se produce un conflicto entre las empresas existentes y la entrada de nuevos actores en unos y otros sectores, que las primeras procuran dilatar de modo persistente, especialmente cuando disponen de un suficiente poder de mercado para mantener barreras a la entrada de competidores. Para los neo-schumpeterianos, las rentas no competitivas son en determinadas condiciones necesarias para rentabilizar los esfuerzos de innovación, por lo que consideran que resolver esta contradicción está en el corazón de las políticas industriales, con un componente de estímulo a la innovación y también de promoción de la competencia y de la inserción internacional que la favorezca. El mismo razonamiento se puede aplicar a la capacidad de adaptación frente a aumentos del costo laboral por incrementos salariales legales, disminuciones de jornada, aumento del gasto en horas extraordinarias o aumento del costo del despido, que acompañan los procesos de transformación económica y social.
En suma, los autores neo-estructuralistas y neo-schumpeterianos subrayan la importancia de las políticas de ampliación de externalidades positivas propias de determinadas actividades económicas y de innovación continua. Esto supone, además de una fuerte inversión sistemática en infraestructura y educación, de políticas de crédito y financieras, de competencia y de propiedad intelectual que consideren la identificación y priorización de los sectores más proclives al aprendizaje y que ostentan mayores externalidades positivas de esos aprendizajes. Los planes, programas y políticas de crecimiento deben proponerse con todavía mayor énfasis y escala cultivar la dotación, creación y multiplicación de conocimiento, educación y difusión de tecnología orientadas al cambio de las estructuras y dotaciones productivas existentes y a aumentar la capacidad empresarial y de innovación pública y privada. También deben orientarse a remover las barreras competitivas por la presencia de información incompleta y asimétrica y las limitaciones de los mercados de capitales que no financian suficientemente a las empresas innovadoras en los sectores más complejos y más productivos en el largo plazo ni apoyan la inversión sin historia y de pequeña escala. Se debe ampliar una parte de los sistemas de financiamiento a las empresas más allá de los criterios de riesgo de mercado, pues la acumulación de conocimiento como bien público está asociada a las mencionadas externalidades positivas de difusión en el tejido productivo, cuya absorción, adaptación y transferencia se sitúa en el centro de la innovación y el crecimiento sostenible, lo que no pueden producir por sí mismos los mercados. La insuficiencia de las opciones de financiamiento privado de la educación, por su parte, refuerzan la necesidad de un financiamiento público consistente a lo largo del tiempo de esta área crucial para la transformación productiva.
¿Un nuevo rol para los servicios?
Diversos autores sugieren, además, fortalecer las exportaciones de servicios calificados (Rajan, 2025). En 2023, el comercio global de servicios creció un 5%, mientras el comercio de bienes disminuyó un 1,2%. Las mejoras tecnológicas durante la pandemia de COVID-19 permitieron más trabajo remoto y los cambios en las prácticas empresariales minimizaron la necesidad de presencia física. Como resultado, las multinacionales pueden atender a sus clientes desde cualquier lugar. En India, empresas multinacionales como JPMorgan y Qualcomm están contratando a graduados talentosos para trabajar en “centros de capacidad global”, donde ingenieros, arquitectos, consultores y abogados crean diseños, contratos, contenidos y software que se integran en bienes y servicios manufacturados vendidos globalmente.
La mayoría de los países de menos ingresos y productividad tienen una pequeña pero altamente calificada élite que puede exportar servicios especializados de manera rentable, dada la gran diferencia salarial en comparación con los países de altos ingresos. Los trabajadores que saben inglés (o español o francés) pueden tener una ventaja particular, y aunque solo unos pocos posean estas capacidades, tales empleos generan mucho más valor doméstico que el ensamblaje manufacturero de baja calificación, sin dejar de contribuir a la generación de divisas. Cada trabajador de servicios mejor pagado puede crear empleo local a través de su consumo. A medida que más trabajadores de servicios moderadamente calificados —desde taxistas hasta camareros— encuentren empleo estable, atenderán no solo la demanda de las élites, sino también la de otros trabajadores. Las exportaciones de servicios altamente calificados pueden llegar a ser una punta de lanza de un crecimiento laboral urbano más amplio.
Para Dani Rodrik (2024), la "gran mayoría de los buenos empleos de clase media del futuro" provendrán de sectores de servicios no sujetos a transacciones internacionales. Los sectores que absorben mano de obra, como el cuidado, el comercio minorista, la educación y otros servicios personales, en su mayoría no se comercializan a nivel internacional. Promover estos sectores no generaría tensiones comerciales de la misma manera que lo hacen las industrias manufactureras, y tendría consecuencias ambientales mucho menores. Las inversiones en habilidades y capacidades para los servicios modernos y la economía del cuidado pueden generar empleo con políticas apropiadas, como contratar a más jóvenes con educación secundaria para trabajar en guarderías y enseñar a los niños alfabetización y aritmética básica desde una edad temprana o capacitar a más personal de salud primaria que haga derivaciones a médicos calificados cuando sea necesario. Es menos probable que las economías centrales levanten barreras proteccionistas contra los servicios, cuya expansión desde los países periféricos implicaría un beneficio para sus consumidores y, potencialmente, una reducción de la desigualdad de ingresos doméstica.
Sin embargo, todo crecimiento del empleo de este tipo requiere de un aún mayor énfasis en las mejoras en la formación de la fuerza de trabajo. Algunas capacitaciones y actualizaciones de competencias pueden realizarse rápidamente, por ejemplo los graduados de ingeniería con conocimientos básicos de su campo pueden ser entrenados en software de diseño de última generación. Pero a mediano plazo, la mayoría de los países de ingresos medios y bajos deberán invertir grandes sumas en mejorar las condiciones no solo de la educación, sino también de la nutrición, la salud, la vivienda y urbanismo y el transporte público sostenible. Esta deberá financiarse, como se señaló, en un contexto internacional menos proclive a las ayudas al desarrollo, con una mayor captación nacional de la renta de la explotación de recursos naturales para la exportación y de mayores aportes tributarios de los grupos de altos ingresos.
Referencias
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