Lo que explica la derrota y lo que viene para el progresismo
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Los problemas actuales del progresismo en Chile (las fuerzas políticas de izquierda y de centro) vienen desde mucho más atrás que los acontecimientos de 2022-2025.
La larga transición, sus éxitos y contradicciones
Una parte cada vez mayor del electorado joven se había venido absteniendo a partir de 1997, por la vía de no inscribirse en los registros electorales, mientras a partir de 2012, con el cambio al voto voluntario y la inscripción automática, la abstención propiamente tal se instaló en la mitad de los habilitados para votar. Esta conducta -que muchos no quisieron ver por autocomplacencia y opción de adaptación a los poderes fácticos post dictatoriales- fue expresión del desgaste progresivo de las coaliciones de la Concertación, que condujo la transición, y más tarde la Nueva Mayoría, que buscó ampliar su base política.
Estas coaliciones, que supusieron dejar atrás fracturas históricas de graves consecuencias, lograron avances democráticos, económicos, sociales y culturales de envergadura para Chile. Los ingresos de las familias, el empleo y la protección social aumentaron establemente desde 1990 más que en ninguna otra etapa de la historia de Chile, mientras la producción creció al doble que en la prolongada dictadura previa. Los ingresos promedio aumentaron sustancialmente entre 1990 y 2010: el PIB por habitante se más que duplicó (fue multiplicado por 2,1 en comparación con el promedio de 1,4 de América Latina y el Caribe en el mismo período, según los datos del FMI). Desde 2010, hubo un menor crecimiento por agotamiento de aquel basado en exportaciones de recursos naturales sin mayor elaboración y servicios en expansión. Entre 2010 y 2019, ya en medio de dos alternancias con la derecha de Piñera, el PIB por habitante se multiplicó por 1,2 (aunque todavía fue mayor que el del promedio de América Latina, que prácticamente se estancó).
La esperanza de vida al nacer, que refleja una parte significativa de las condiciones de vida de la población (y no solo de la población de más altos ingresos, como en buena medida ocurre con el PIB por habitante en condiciones de concentración), pasó de 73,7 años en 1990 a 79,1 en 2010 y a 81,4 en 2024. Desde 2003–2005 es la más alta de América Latina, y desde entonces también supera a la de Estados Unidos, cuya esperanza de vida al nacer pasó de 75,2 años en 1990 -todavía mayor que la de Chile- a 78,7 en 2010 y a 79,5 años en 2024, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud. Por su parte, la tasa de mortalidad de los niños menores de un año por cada 100 mil nacidos vivos, un indicador directo de la pobreza, pasó de 16 en 1990 a 8 en 2010 y a 6 en 2024. En América Latina la tasa pasó de 54 a 25 y a 14 respectivamente, lo que refuerza la idea de que Chile logró avances sociales comparativos sustanciales desde el retorno a la democracia.
No obstante, hubo varios talones de Aquiles de la experiencia concertacionista. La tasa de desempleo era de 7,1% en marzo de 1990 y bajó a 6,3% en marzo de 1993, pero desde entonces no progresó y se alejó de disminuciones hacia algún nivel cercano al pleno empleo (el mejor registro fue de 5,8% a fines de 2013) y, al revés, se mantuvo en 7-8% hasta 2019. En marzo de 2022 era de 7,8% y hoy es de 8,5%. Por su parte, la distribución del ingreso mostró una gradual mejoría desde 1990, pero permaneció reflejando una desigualdad muy elevada. El coeficiente de Gini (que oscila entre 1 como desigualdad máxima y 0 como completa igualdad) pasó, en la medición del Banco Mundial, de 0,57 en 1990 a 0,53 en 2000, a 0,47 en 2011 y a 0,43 en 2022 (las mediciones de la CEPAL, del PNUD y del gobierno de Chile son algo distintas, pero muestran una evolución similar). Diversos países de la OCDE, en los períodos en que sus niveles de PIB por habitante eran similares a los de Chile en la actualidad, mantenían una carga tributaria progresiva mucho mayor, con la consecuencia de tener niveles de desigualdad de ingresos mucho menores a los existentes hoy en Chile. Además, en muchos hogares el endeudamiento para el consumo alcanzó progresivamente niveles elevados. La deuda bancaria hipotecaria como porcentaje del ingreso disponible pasó de 18% en 2002 a 30% en 2010 y a 42% en 2019. A su vez, persistió una protección social con muchas debilidades y lagunas y en exceso privatizada, una educación también privatizada, segmentada y desigual, en medio de reglas con amplio margen para la precarización del empleo y la mantención de bajos salarios.
A esto se agregó el aumento sustancial de la producción privada de cobre bajo el régimen de concesiones apenas modificado -lo que le costó al Estado menores ingresos fiscales por unos US$8.000 millones anuales entre 2005 y 2014 (del orden de 3% del PIB anual) según el cálculo disponible. Las minorías de bloqueo en el parlamento no hicieron posible aumentar la regalía minera que se empezó a cobrar en el gobierno de Ricardo Lagos (cuando yo dirigía el Partido Socialista, principal partido de gobierno con la Democracia Cristiana, excusándome de la referencia personal). No fue políticamente posible lograr capturar la renta económica que pertenece al país fruto de la oposición de la derecha en el parlamento y la reticencia de una parte de la coalición de gobierno, junto a la persistencia por la misma razón de insuficiencias en el cobro tributario a los altos ingresos y patrimonios (incluyendo blanqueos de capitales desde el exterior).
Aunque se logró que la carga impositiva del gobierno general aumentara de 16,8% del PIB al terminar la dictadura en 1990 a 18,7% en 2000 luego de los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle, a 22,1% en 2006 luego del gobierno de Lagos y a 20,5% en 2024 con Boric, según los datos de la OCDE, mantuvo un carácter regresivo. Esto se debe a la rebaja de la tasa marginal a los ingresos más altos en el impuesto a la renta (pasó de 50% en 1990 a 45% en 1993, a 40% en 2003 y a 35% en 2017, y volvió a aumentar a 40% en 2020 después de la crisis social), a las diversas exenciones tributarias al ingreso ahorrado e invertido que se fueron multiplicando en el sistema impositivo y al aumento de los impuestos al consumo (las sucesivas reformas desde 1990 incluyeron el aumento de la tasa del IVA al consumo en diversas etapas (pasó de 14% en 1989 a 19% en la actualidad). Fueron retrocesos en materia de progresividad de los impuestos porque los de tipo indirecto com el IVA gravan proporcionalmente menos los ingresos del segmento más rico que aquellos de las familias de menos ingresos. Al punto que en el caso del 0,01% de mayores ingresos, su carga tributaria (de acuerdo a una estimación para 2018) es de un 12%, es decir inferior al 16% que paga la mitad más pobre de la población.
Esto explica parte del desgaste progresivo de las coaliciones progresistas. Se crearon con el tiempo factores de malestar en parte de los sectores medios emergentes y del mundo popular que las sustentaron inicialmente. La dirigencia heterogénea de la coalición no decantó suficientes respuestas pertinentes frente a los nuevos desafíos, en medio de debates y divergencias crecientes sobre el rumbo a seguir en materia institucional, de política económica y social y de libertades, condicionadas por el bloqueo institucional persistente de la minoría conservadora.
A su vez, el avance de prácticas clientelísticas en el Estado, los casos de corrupción en el gobierno, las fuerzas armadas y de orden, la justicia, parte de los municipios y los gobiernos regionales, junto al financiamiento ilegal de buena parte del espectro político por grandes empresas, tuvieron un impacto desmoralizador e hicieron perder fuerza a la adhesión a las instituciones y a la propia democracia. A esto se agregó la dificultad de contención del crimen organizado: la tasa de homicidios pasó de 4 por cien mil habitantes en 2005 a 6 en 2023-24, según el Banco Mundial, junto al aumento de delitos de secuestro y extorsión y contra la propiedad, además de las incivilidades cotidianas, que erosionaron su legitimidad y fueron sistemáticamente destacados por los medios de comunicación interesados en deslegitimar la democracia y asociarla con corrupción.
La derecha de Piñera terminó triunfando en 2009, aunque perdió la siguiente elección, y volvió a ganar en 2017, aunque en ambos casos tuvo como reacción posteriores revueltas populares -en educación en 2011 y generalizada en 2019-, sucediendo a los gobiernos de Michelle Bachelet ante la ausencia de una política progresista más identificable y capaz de proyectarse con éxito y credibilidad más allá de la personalidad carismática de la ex presidenta. Tal vez un símbolo fue el envío del proyecto de cambio constitucional una semana antes de dejar el poder en su segundo gobierno en 2018.
Una de las claves de esta evolución, aunque las coaliciones progresistas ganaron innumerables elecciones y gobernaron establemente con dos presidentes democratacristianos y dos socialistas de manera ininterrumpida entre 1990 y 2010 y luego en dos de los cuatro gobiernos siguientes, es que la minoría oligárquica logró mantener de manera prolongada un poder de veto en las instituciones y limitar las políticas de control nacional de los recursos naturales, las redistributivas y las de diversificación productiva, todo en nombre de la limitación de la intervención estatal en los mercados. Esto llevó a la violenta rebelión social de 2019, aunque los conservadores fueron advertidos innumerables veces de que el malestar llevaría no solo al abstencionismo sino a la inestabilidad política (en mi propio caso desde la condición de ser parte de los equipos de gobierno de Aylwin y Lagos y dirigente socialista entre 1985 y 2005), como a la postre efectivamente ocurrió.
De la crisis social al proceso constituyente
La derrota del progresismo en diciembre de 2025 tuvo un precedente de envergadura en septiembre de 2022, cuando el nuevo electorado, inaugurando el retorno del voto obligatorio, rechazó por un 61,9% la propuesta constitucional de la Convención. Esta asamblea, elegida con mecanismos que incluyeron por primera vez listas de independientes, había surgido del proceso iniciado con los acuerdos políticos posteriores a la rebelión social de 2019. El pacto transversal del 15 de noviembre de 2019 -que fue la respuesta del sistema político a la enorme crisis social iniciada el 18 de octubre de ese año bajo el gobierno de derecha de Piñera II- contempló que la Convención:
a) se eligiera con el voto voluntario vigente, lo que redundó en una amplia mayoría representativa de radicalismos movilizados y potenciados por la rebelión social sin un gran sentido del interés general, con los conservadores bajo el tercio pero ganando adhesiones de los abstencionistas;
b) se votara en ella un texto constitucional por 2/3, lo que llevó a las fuerzas menos radicales a tener que hacer concesiones a las más radicales para alcanzar el quórum, lo que no hubiera ocurrido con un quórum de 4/7 que hubiera permitido alcanzar consensos razonables suficientes y avanzar y
c) no fuera soberana sino que fuera objeto de ratificación o rechazo en un plebiscito el texto que se aprobara, pero ahora con voto obligatorio.
Este diseño fue un desastre político de proporciones para los partidarios de una nueva constitución que reemplazara a la de 1980 sucesivamente enmendada. No se debiera haber autorizado las listas de independientes, que debilitaron todavía más a los partidos, mientras la votación debió haber sido con el mismo cuerpo electoral a la entrada y la salida. La mejor opción hubiera sido producir un texto constitucional no sujeto a ratificación posterior y basado en la deliberación de los representantes diversos elegidos a la Convención conducente a compromisos representativos, de modo de no hacer depender todo de un si o un no binario, sujeto en realidad a la popularidad coyuntural del gobierno en ejercicio. Los procesos constituyentes basados en asambleas elegidas sin plebiscito posterior ocurrieron en Estados Unidos, Alemania, Italia, Austria, Grecia, India o Sudáfrica. Así, se debe atribuir el diseño descrito a la perspicacia de la derecha y a la torpeza de los representantes de centro e izquierda que aceptaron el acuerdo de trasnoche del 15 de noviembre (para memoria, aunque no tenga mayor importancia, soy de los que estuvo en contra de ese pacto, aunque sí a favor de llegar a una canalización institucional de la crisis, pero no de esa manera tan equivocada para el fin que se perseguía; dicho sea de paso, muchas de las observaciones reseñadas fueron escritas en el momento de los hechos, como se puede ver aquí).
Esto no es ajeno a que en el abstencionismo popular se fraguaran actitudes que van desde una distancia indiferente a un rechazo de plano a la política democrática en todas sus formas. Se terminó por consolidar en segmentos crecientes del mundo popular y de los sectores medios una fuerte demanda de orden autoritario, en parte por los desbordes delictuales de 2019 y las incertidumbres de la pandemia de 2020. Se expandió la conducta de distanciamiento con el destino común y de privilegio de la idea de que cada cual debe arreglárselas solo en sus proyectos de vida, con los demás vistos como competidores o adversarios en el acceso a recursos y sin adhesión a grupos de referencia de semejantes sino al estatus de las clases de ingresos altos o medios altos, con la consiguiente frustración recurrente en una sociedad con poca movilidad social. Mientras en promedio en los países de la OCDE (según el informe de 2018 A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility y posteriores) para que los hijos nacidos en el 10% más pobre alcancen el ingreso medio se necesitan alrededor de cuatro-cinco generaciones, ese número es de seis generaciones en Chile.
Las tribulaciones del gobierno de Gabriel Boric
La irrupción de Gabriel Boric en 2021, después de un dificultoso gobierno de Piñera II, fue un hito que movilizó a un nuevo electorado joven, hizo bajar la abstención del 51% al 44% en la última elección con voto voluntario y permitió poner en minoría al candidato de ultraderecha que por primera vez pasó a la segunda vuelta presidencial. No obstante, se puede conjeturar que no necesariamente hubiera sido elegido con voto obligatorio y que, en todo caso, su gobierno aceleró el vuelco del abstencionismo histórico -desde 2022 obligado a pronunciarse en las urnas- hacia la derecha.
En una situación de ausencia de mayoría parlamentaria desde marzo de 2022, agravada por el quiebre del PDC -una parte de cuyos parlamentarios emigraron a la derecha-, diversas políticas del gobierno de Gabriel Boric constituyeron avances en materia de salario mínimo, horas semanales de trabajo, cobro de pensiones de alimentos, reforma de pensiones y otros, pero en conjunto no lograron contribuir a otorgar un nuevo impulso y credibilidad al progresismo (mis apreciaciones ya en 2017 se pueden leer aquí).
Se produjo una disminución de los homicidios, un aumento de las remuneraciones reales -considerando una inflación que bajó considerablemente su ritmo previo por mejores condiciones externas en combustibles y alimentos- además del mencionado incremento importante del salario mínimo, de las pensiones básicas y del empleo femenino (además de la facilitación sustancial del cobro de las pensiones de alimentos y el inicio institucional del sistema de cuidados), una mejoría de los resultados de aprendizaje escolar, el copago cero en Fonasa, una baja de la pobreza entre 2022 y 2024 de 20,5% a 17,3%, una leve disminución de la desigualdad de ingresos (con un Gini calculado por el Banco Mundial que pasó de 47,0% en 2020, a 46,2% en 2022 y a 46,0% en 2024), un aumento de las áreas protegidas marítimas y una contención de la inmigración irregular (en origen promovida por el llamado de Piñera en Cúcuta).
En contraste, se produjeron resultados negativos en el aumento de la tasa de desempleo; el incremento de las listas de espera para intervenciones de salud; el salvataje sesgado de las Isapres;, cobros indebidos en las tarifas eléctricas, el aumento sustancial de las utilidades de las AFP en detrimento de los cotizantes y de las utilidades mineras en detrimento del Estado, el fin de la producción de acero en Chile y una menor producción de Codelco, disminuciones de exigencias ambientales y aumentos de delitos como secuestros y extorsiones e indultos cuestionables, junto a un retroceso en la legislación sobre impunidad policial.
El gobierno no logró, con un parlamento hostil, aprobar una reforma tributaria -salvo un aumento limitado de las regalías mineras- ni legislaciones en materia de deuda universitaria, sala cuna universalizada o negociación colectiva ampliada, aunque logró reformas al sistema de AFP e introducir espacios de seguridad social que aumentan las pensiones. Tampoco avanzó, más allá de las recomendaciones de una comisión, en la contención política de la insurgencia de grupos indígenas en la Araucanía y mantuvo permanentes estado de emergencia.
Entre las políticas criticables se cuenta la temprana opción económica que entregó a la derecha el manejo del Banco Central y mantuvo un ajuste fiscal de choque, que suspendió abruptamente los subsidios de emergencia y configuró una lógica recesiva que provocó un fuerte retraso en la creación de empleo (la tasa de ocupación aún hoy se sitúa por debajo de la existente en los meses previos a la pandemia); la ausencia de consolidación de mecanismos de redistribución y de protección de los ingresos frente a la inflación, a pesar de la buena pero insuficiente iniciativa del “bolsillo electrónico”, con pérdidas de remuneraciones reales entre marzo y noviembre de 2022, en medio de la votación de la nueva constitución, por brotes inflacionarios en que los reajustes no siguieron su ritmo, remuneraciones reales que recuperaron su nivel previo recién en mayo de 2023.
Decisiva resultó ser la incapacidad de aprobar la idea de legislar una reforma tributaria progresiva y las concesiones excesivas sobre regalías cobradas a las empresas mineras en la ley de 2023; la ausencia de política industrial que se tradujo en el cierre de Huachipato y el fin de la producción de acero en Chile en 2025 después de 74 años; el abandono de la idea de la Empresa Nacional del Litio en beneficio de un acuerdo hasta 2060 de Codelco con la empresa Sqm, que tiene el mérito de evitar un bache productivo de corto plazo pero hace permanecer la nueva empresa mixta bajo control hasta 2030 de un grupo de origen pinochetista que había intentado con todo desparpajo comprar el sistema político; los retrasos en la política de acceso a la vivienda, con un retroceso en el porcentaje de hogares dueños de su vivienda que pasó de 68% en 1992 a 67% en 2017 y a 61% en 2024; el abrupto reajuste de las tarifas de la electricidad y la falta de rigor en su cálculo en detrimento de los consumidores; la ausencia de una reforma sustancial de la salud pública y privada que bajara las listas de espera y terminara con los abusos de las Isapres, que no fueron castigadas por sus cobros excesivos; la ausencia de una transformación estructural de la educación pública y superior, aunque con logros en la deuda docente y mejores resultados SIMCE en educación básica, así como la falta de contundencia de una política de seguridad que no fue una alternativa creíble frente al reclamo cotidiano de la derecha en la materia y la exacerbación del miedo a la delincuencia y a los inmigrantes a través de los medios televisivos bajo su control.
No se avanzó en la profesionalización de la función pública y se mantuvieron sistemas de transferencias de recursos a fundaciones sin control, con desvíos de recursos a fines particulares. Tempranamente se produjo, además, una decepción popular por la no insistencia del gobierno en la rebaja de las remuneraciones de los representantes públicos y en un diseño, bastante más racional que los anteriores, que permitía en ciertas condiciones (35 a 150 UF) retiros desde los fondos de pensiones para acceder a subsidios de primera vivienda y para pago de deudas por pensión alimenticia o existentes en Fonasa o Isapres y hospitales y clínicas, hipotecarias, de luz, agua y gas y de deudas financieras personales, con incentivos a la reposición posterior del ahorro.
Todo esto provocó un fuerte desgaste a la joven generación -acompañada de figuras del PS y el PPD en puestos claves- que tuvo la responsabilidad, por un mandato ciudadano que quiso darle una oportunidad a una fuerza nueva, de conducir al progresismo después de la erosión sufrida por la derecha en Piñera II. Cometió errores de envergadura de distinto tipo y se permitió divertimentos iniciales inútiles y faltas variadas de consistencia, mientras le costó formar una coalición de gobierno y seleccionar equipos competentes. El Frente Amplio se había construido en la descalificación generacional a sus antecesores progresistas de distintas corrientes antes que en base a la reformulación deliberativa del proyecto político de la izquierda, a la vez que no supo evitar en sus filas atisbos de desvíos de recursos públicos y de clientelismo que con toda razón había criticado.
No obstante, no hubo en los últimos cuatro años una erosión del número de votantes de Boric de 2021, sino más bien un vuelco masivo del “voto obligado” antes abstencionista hacia las posturas de la derecha y de rechazo al gobierno, de nuevo ante la ausencia de una política progresista con resultados tangibles que pudiera proyectarse con credibilidad hacia los segmentos más despolitizados y vulnerables de la sociedad.
El electorado “obligado” fue influenciado por las precariedades en el empleo asalariado y por cuenta propia después de la pandemia y sobre todo por el clima de temor a la delincuencia y a la inmigración, temas de alta relevancia social en los que el gobierno fue ganando capacidad de control, pero sin lograr convencer, lo que fue canalizado exitosamente -con cinismo y desparpajo- por la extrema derecha de Kast y Kaiser o el populismo de de Parisi, incluso en detrimento de la derecha conservadora tradicional. Lo propio ocurrió con el manejo de la violencia rural provocada por la radicalización de grupos independentistas mapuche en la Araucanía, muy minoritarios, que terminó en un estado de emergencia permanente en medio de una escasa iniciativa social y política para abordar el tema, con la respectiva convocatoria a una enésima comisión que emitió buenos deseos sin mayores resultados.
Los desafíos del progresismo después de la derrota de 2025
El progresismo tiene ahora que preguntarse cómo conservar la cohesión política y programática lograda poco a poco (después de quiebres desde el fin de Bachelet II), mantener su electorado (un no desdeñable 42%), y avanzar a la conquista del voto volátil y fluctuante en el mundo popular y los sectores medios. Esto supone elaborar propuestas de fututo que aborden sus carencias, miedos e incertidumbres, junto a defender las libertades y derechos sociales conquistados. Una parte del electorado que lo apoyó probablemente se alejará de Kast a poco andar, porque la promesa de disminuir de un día para otro la delincuencia y la población inmigrante no es alcanzable, mientras su política económica lesionará las condiciones de vida a través de un choque fiscal recesivo y un abaratamiento del costo del despido, conducentes a un mayor desempleo en el corto plazo, en un contexto de puestos de trabajo calificado amenazados por el cambio tecnológico. Permanece la idea incombustible pero siempre equivocada de aumentar por esa vía la inversión privada. Esto no ocurrirá de modo suficiente si no se acompaña de políticas estructurales que están fuera del horizonte mental de sus economistas, como hemos argumentado de modo reiterado.
Entre tanto, cabe insistir en que buena parte del descontento social se vincula a la estructura de ingresos en la economía. Las categorías principales de ingresos presentan en Chile una distribución en el total de la ocupación de tipo “1% muy alto, 20% alto-25% medio-55% bajo o muy bajo”. La estructura de los grupos ocupacionales, con más de la mitad de las personas recibiendo bajos ingresos y un cuarto de ellas pertenecientes a grupos medios que reciben ingresos también inferiores o cercanos a la mediana, ya sea que se trate de asalariados o bien de trabajadores por cuenta propia, refleja la amplitud de la desigualdad de las posiciones sociales y la polarización de sus remuneraciones (ver aquí).
Lo importante para el progresismo es mantener y renovar un proyecto y un método que tiendan puentes en una sociedad cada vez más fragmentada y con frustraciones temáticas y sectoriales de variada índole. Debe ampliar su credibilidad en base a la consistencia de sus propuestas y la persistencia en no caer en el sectarismo, las consignas vacuas o excluyentes o la xenofobia. Y no ser arrastrado a la falta de imaginación y ceguera que implicaría pensar que debe acercarse a las ideas conservadoras en lo político y cultural y pro gran empresa en lo económico, supuestamente para ampliar su electorado, en un contexto en que nunca deja de rondar en Chile la cooptación oportunista de liderazgos por los poderes oligárquicos, omnipresentes en el sistema político y mediático, para reforzar los discursos “correctos” que buscan imponer.
Se ha visto, incluso, que una franja de progresistas se alineó con la derecha y la defensa de sus intereses, lo que ya venía ocurriendo desde Bachelet I con escisiones minoritarias en la DC y el PPD, y más tarde el PR y el PS. Han sido preocupantes, por otro lado, los síntomas de uso de la xenofobia por parlamentarios jóvenes post modernos o la no inclusión en el programa de Jara de las reformas tributarias impulsadas por Boric y Marcel que fueron rechazadas por la derecha y sus aliados en el parlamento, sin las cuales no hay perspectiva posible de disminución de las desigualdades.
El receptáculo a los impulsos y reconversiones conservadoras ya existe: es la extrema derecha o la derecha tradicional. Con lo cual una suerte de “progresismo al gusto de los poderes fácticos y mediáticos” no avanzaría hacia ninguna parte y, además, con toda seguridad se dividiría y no ayudaría a evitar un estancamiento estéril de las fuerzas de transformación democrática de la sociedad.
Por ello no tiene ningún sentido desdibujar el proyecto de construir en Chile un Estado social y democrático de derecho.
El Estado democrático y social de derecho no es una abstracción lírica sino una estructura de funcionamiento de la sociedad. Tomemos el ejemplo de Noruega, un país nórdico de Estado de bienestar extendido y de control público de la extracción de recursos naturales (en este caso el petróleo) en el que los ingresos primarios entre capital y trabajo se distribuyen mucho mejor que en los capitalismos salvajes. Esto se debe a la negociación colectiva de salarios por ramas con sindicatos fuertes y a la redistribución de los ingresos de mercado. El resultado es que la desigualdad de la distribución de los ingresos disponibles después de impuestos y transferencias es atenuada sustancialmente en este país socialdemócrata: el coeficiente de Gini (con un valor de 1 existe desigualdad plena, con un valor de 0 existe igualdad plena) pasa de 0,43 a 0,26 en Noruega, contra 0,49 a 0,45 en Chile. Si esta referencia a alguien no le parece pertinente, entonces mencionemos a Corea del Sur, país más pobre que Chile hace apenas unas décadas, en el que el coeficiente de Gini de los ingresos de mercado es todavía más bajo (0,40) y también disminuye de modo importante (a 0,32) después de aplicar impuestos y transferencias, siempre según los datos de la OCDE. Nadie podría sostener seriamente que estos países no crecen, en circunstancias que se encuentran entre los más prósperos del mundo en PIB por habitante.
Resulta bastante paradojal que parte de los que se han opuesto a políticas redistributivas consistentes en nombre del crecimiento -para hablar claro: de las utilidades de las grandes empresas antes que de los ingresos del trabajo-, se autocalifiquen en Chile como “socialdemócratas”, cuyas opciones no tienen parecido alguno a las políticas de la socialdemocracia realmente existente o a los modelos asiáticos exitosos comparables.
Lo que constituye la clave de la riqueza colectiva futura es la inversión sostenida en la formación de las personas, la investigación y desarrollo tecnológico, las infraestructuras públicas, la transición energética, la diversificación exportadora y la cobertura de riesgos individuales y sociales (enfermedad, desempleo, vejez sin ingresos) y no los mercados librados a su suerte. No hay ninguna razón válida para que esto no sea sostenido con claridad y consistencia, aunque no sea del gusto de los poderes oligárquicos y de sus medios de comunicación.
El desafío político futuro para el progresismo y la izquierda va más allá y supone buscar una nueva cohesión y proyección a través de un mensaje de respuesta práctica a las carencias de acceso a bienes y servicios en la vida cotidiana de los sectores populares y medios y, a la vez, reconocer sus temores y buscar canalizarlos con acciones que reemplacen la ira por acciones constructivas, visibles y eficaces, en especial en materia de seguridad y de inmigración ordenada y con derechos. Su tarea es cultivar creativamente la identidad consistente en representar con diversidad al mundo del trabajo y de la cultura y trabajar por las libertades y los derechos sociales y laborales, la emancipación de las mujeres, la formación e inserción equitativa de los jóvenes, la expansión de la cultura y las artes, la salud pública accesible y eficiente, el urbanismo integrador, el respeto y valoración de las minorías y el aumento de la resiliencia de los ecosistemas.
El tipo de políticas que deben sustentar el proyecto progresista y de izquierda hacia el futuro supone defender con consistencia y persistencia una opción que avance a una igualdad real de oportunidades y derechos y el respeto por la diversidad y la pluralidad, sustentado en el principio de solidaridad y en una economía mixta dinámica y sostenible. Nada indica que se deba renunciar a institucionalizar el control nacional de los recursos naturales, la cobertura universal de riesgos sociales en favor de quienes necesitan apoyos de la colectividad en momentos y circunstancias críticas de sus vidas, así como la redistribución tributaria de ingresos y patrimonios muy altos para financiar ingresos mínimos de dignidad y la desconcentración de la economía en beneficio de las pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria. Se reara de abogar por un desarrollo inclusivo que implique el suministro de bienes públicos de amplio espectro a costos eficientes, el funcionamiento de mercados desconcentrados y una inversión sostenible más allá de las señales de mercado de corto plazo -el caso emblemático es la política del hidrógeno verde- con soporte en la innovación y más capacidades humanas mejor remuneradas en empresas dinámicas, con diálogo social y trabajo decente.
Dicho sea de paso, las discusiones sobre si el énfasis debe estar en temas de interés general o en particularismos “woke” no tienen mayor sentido, pues los segundos son válidos cuando corresponden a realidades y discriminaciones existentes que deben ser abordadas inequívocamente, pero sin abandonar la primacía de los primeros ni asumir enfoques excluyentes: se trata de dimensiones complementarias de la política progresista y de izquierda y de un bloque amplio por los cambios. Este bloque debe reunir a un espectro plural que incluya a los actores de izquierda cuyas plataformas ponen énfasis en los derechos del trabajo, en las redistribuciones de ingreso y riqueza, en el control nacional de los recursos naturales y en la conquista de nuevas libertades personales en democracia, como el PS y el Frente Amplio; a un PC que aboga en el mismo sentido pero que debe terminar de ajustar cuentas con sus alineaciones con regímenes no democráticos y sus definiciones leninistas, y a aquellas fuerzas de centro o de centroizquierda como el PDC, el PPD, el PR, el partido liberal y los regionalistas, con sus propias tradiciones y posturas más o menos reformadoras.
Cada actor buscará, como es lógico, fortalecer su identidad y opciones y establecer alianzas entres sus más cercanos para fines de representación en las instituciones y en la acción política cotidiana. Pero en la definición de como y para quién se ofrecerá una futura alternativa de gobierno frente a la ultraderecha, con un programa que se vaya preparando para ser alternativa en 2030-2034, no hay nada que indique que no sigue vigente el horizonte democrático común del progresismo en toda su diversidad. O que no se deba insistir en utilizar para consagrar constitucionalmente un Estado democrático y social de derecho las actuales facultades constituyentes del Congreso, con un quórum de aprobación de 4/7 en vez de 2/3 existente desde agosto de 2022.
Este horizonte es el de construir paso a paso en Chile un bienestar colectivo más próspero, equitativo y sostenible, basado en un régimen de libertades y en la primacía del trabajo y no de los privilegios de la oligarquía económica, en el que no se obligue a nadie a pensar u opinar de una forma u otra, en el que se trabaje colectivamente tanto por el progreso individual como por el acceso a una vida digna y a ingresos básicos para todos, sin desigualdades injustas y discriminaciones arbitrarias, en el que sean posibles proyectos de vida diversos y se combata toda situación de opresión o de abuso, así como la depredación de los ecosistemas. Esto requiere reforzar el diálogo de ida y vuelta permanente de la izquierda y el progresismo con la sociedad y con sus preocupaciones y esperanzas de construcción progresiva de un mejor país frente a los nihilismos y violencias contemporáneas.