Las malas cifras de empleo y las definiciones económicas hacia el futuro
La inflación ha venido convergiendo, con las usuales fluctuaciones coyunturales, hacia la meta de 3% desde hace meses. En el segundo trimestre, el IPC sin volátiles alcanzó un promedio de 0,27% mensual, mientras la cifra para situarse en la meta es de 0,25% promedio mensual. Sin embargo, el Banco Central solo acaba de bajar en 0,25% la tasa de interés de política monetaria, luego de que permaneciera injustificadamente en 5% desde diciembre pasado. Se mantiene por sobre la propia definición de tasa de equilibrio de la autoridad monetaria. La consecuencia, aunque intervienen diversos otros factores, ha sido un estancamiento del empleo, que pasó de crecer a un ritmo de 1% en el primer trimestre de 2025 a caer en -0,3% en el segundo (respecto al anterior en términos desestacionalizados).
El estancamiento económico -que se prolonga desde hace más de una década- debe quedar atrás. Ni los sobreajustes fiscales y monetarios ni la privatización y la desregulación generalizada, las únicas recetas conocidas de los economistas conservadores, son la respuesta. El crecimiento promedio en la etapa neoliberal extrema fue menor que en las etapas de regulaciones e impuestos más altos. La economía debe crecer con equidad de manera sostenible para estar al servicio de la mayoría social, crear empleos decentes y permitir la redistribución de los ingresos y la riqueza altamente concentrados que la caracterizan, junto a preservar los ecosistemas. Una estrategia de crecimiento hacia el futuro debe tener como prioridad acelerar la inversión pública y privada y la transición energética, respecto de la cual el país tiene ventajas únicas, en el marco de la contención de la inflación y del endeudamiento fiscal junto a la diversificación de la inserción de Chile en los mercados externos con mayor valor agregado. Estos procesos solo pueden sostenerse mediante flujos de demanda externa e interna suficientes. Por el lado de las exportaciones, se debe cautelar el acceso a mercados en la nueva ola proteccionista y suponen una política industrial orientada a especializaciones que conecten con las cadenas más dinámicas de la economía mundial. Por el lado de los flujos domésticos en el corto plazo, deben promover la estabilidad sostenible del consumo y su aumento entre las familias de menos ingresos, además del esfuerzo de aceleración de la inversión y fortalecimiento del ahorro de las familias y del ahorro previsional.
En el corto plazo, se trata de lograr un nuevo impulso de crecimiento con una dimensión de oferta que desconcentre los mercados y estimule los sectores rezagados por razones de eficiencia, y con una dimensión de demanda que asegure la consistencia dinámica a través de expansiones de la inversión y el redireccionamiento de capacidades de consumo hacia las familias de menos ingresos, también por razones de eficiencia y además de decencia y compromiso con la cohesión social, junto a proteger los ecosistemas en la inversión para las nuevas generaciones. La prioridad hacia el crecimiento y la inversión no es contradictoria con nuevos avances sociales, en la perspectiva de un Estado democrático y social de derecho que debe ser reformado y profesionalizado, a ritmos compatibles con el estado actual de la economía y considerando el difícil contexto internacional.
En la perspectiva de la creación de empleo decente se inscriben temas como:
- avanzar más rápido en la reactivación de la construcción y el apoyo a las pequeñas empresas;
- ampliar las políticas de empleo que aumenten los subsidios a mujeres y jóvenes y establecer un amplio programa de inserción para los que no estudian ni trabajan;
- seguir fortaleciendo tanto el salario mínimo como el ingreso básico (que incluye salarios, asignaciones familiares y el bolsillo electrónico de devolución del IVA de bienes básicos a las familias de menos ingresos):
- ampliar de manera flexible la negociación colectiva supra-empresa;
- extender el seguro de cesantía;
- orientar la adopción de nuevas tecnologías y el uso de la inteligencia artificial hacia el soporte del trabajo calificado y no hacia su desplazamiento.
Entre las tareas sociales, destaca:
- asegurar el reforzamiento de las pensiones más bajas, como prevé la reforma de pensiones, y ampliar su monto y cobertura según las condiciones económicas lo vayan permitiendo;
- disminuir de manera consistente las listas de espera hospitalarias;
- mejorar el acceso general a las atenciones de salud con un seguro unificado y una mayor coordinación de los prestadores y especialidades;
- ampliar los programas de cuidado y la protección de la infancia;
- mejorar el acceso a la primera vivienda y a arriendos asequibles;
- mejorar la regulación de las tarifas de transporte y servicios básicos para impedir las sobre-utilidades de los operadores privados;
- aumentar la protección del consumidor y racionalizar la reajustabilidad por inflación, pero protegiendo la inversión;
- avanzar hacia una mayor cobertura de la educación preescolar, junto a pasos continuos de mejoramiento de la educación escolar de mayor calidad, con mayor participación de las regiones en su coordinación, y a sostener una educación superior de mayor pertinencia y vínculo con los desafíos productivos y de desarrollo humano y territorial.
Estas tareas deberán ponerse en práctica de manera necesariamente progresiva, pues las finanzas públicas requieren ser estabilizadas. Una consolidación fiscal que no lastre el crecimiento dependerá de ahorros en el gasto público no prioritario y de fortalecer la recaudación tributaria, especialmente de los sectores de mayor riqueza, y atacar con mayor energía la evasión y la elusión. Se debe hacer más justo tanto el impuesto a la renta como el impuesto territorial y reforzar las importantes ventajas para las pequeñas empresas que propone el nuevo proyecto tributario del gobierno, así como hacer permanente la devolución del IVA a las familias de menos ingresos a través del mecanismo del “bolsillo electrónico”. Las regalías mineras, por su parte, deben orientarse preferentemente hacia la investigación y desarrollo tecnológico y el estímulo de la innovación productiva.
La economía debe definirse hacia el futuro como una que está al servicio de la mayoría y que prioriza invertir en innovación y capacidad de crear empleos con derechos y mejor remunerados. Reencaminarse hacia una senda de mayor crecimiento requiere una agenda compartida por los actores económicos y sociales que combine el empuje prioritario de la inversión, el impulso de nuevas dinámicas exportadoras de mayor contenido tecnológico y el avance del poder adquisitivo de los salarios en base a las ganancias de productividad y a relaciones del trabajo más equitativas. Su soporte debe ser una asignación mixta de recursos, con un núcleo de suministro gubernamental consistente de bienes públicos, regulaciones más eficaces en el ámbito laboral, monetario, financiero y ambiental, y un mejor funcionamiento descentralizado de mercados no monopólicos en la producción de bienes. Y también debe ser mixta la conformación y operación de unidades productivas por su tamaño (grandes, medianas y pequeñas), su orientación de mercado (exportadoras y locales) y su tipo de propiedad (estatales, privadas, mixtas, sociales, cooperativas y familiares). Cada una de estas modalidades cumple con finalidades valiosas para la sociedad.