La solidaridad con Cuba no supone defender un régimen autoritario

Cuba está al borde del colapso, con un enorme sufrimiento de su pueblo, en una situación provocada por el bloqueo norteamericano que ahora deja sin petróleo a la isla. Esto se ha agravado luego del fin del suministro venezolano, cuyo régimen busca la sobrevida de su dirigencia por sobre cualquier otra cosa, pues el pacto en curso entre el chavismo con Trump y Rubio incluye que Venezuela se sume al bloqueo a Cuba. La Rusia de Putin brilla por su ausencia, dando garantías a Estados Unidos para que termine de apoyar su invasión a Ucrania, en un esquema de distribución de zonas de dominio entre imperios. Los que se han alineado con Putin pensando que sería un aliado contra los afanes imperiales de Estados Unidos deberían sacar de una vez sus conclusiones: América Latina nada tiene que ganar con adhesiones a imperios, ya sea Estados Unidos, Rusia, China o quien sea. Si su propósito es llevar a cabo estrategias de desarrollo no subordinadas en beneficio de su población, sus países debieran mantener, por convicción o por propio interés, una política de no alineación activa en defensa de la soberanía de las naciones y los pueblos y del multilateralismo y la prevalencia de la legalidad internacional en la resolución de conflictos.

Cuba merece todo el apoyo frente a su reivindicación de autodeterminación y respeto a su soberanía nacional. Pero eso no implica adherir a un régimen político represivo y de partido único, que ha consagrado por más de seis décadas el dominio autoproclamado de un grupo de poder por sobre la voluntad popular, aunque su origen sea una legítima revolución contra una dictadura militar y a favor de la independencia nacional.

La constatación de fondo es que la supresión de instituciones de soberanía democrática permite mantener prolongados gobiernos autoritarios por la fuerza, pero termina por debilitar la legitimidad de la reivindicación de soberanía nacional. Esto ocurre por el deterioro de la capacidad y consistencia de Estados que centran sus recursos cada vez más menguados en mantener órganos represivos hipertrofiados, a la vez que desatienden las necesidades de la población con un manejo burocrático y centralizado de la economía. Este diseño autoritario ha terminado por facilitar la ofensiva neocolonial con formato de protectorado por parte de Estados Unidos, como está ocurriendo en Venezuela desde el 3 de enero (“tal vez el estado 53” en palabras seudojocosas de Trump refiriéndose a Venezuela, en el marco de su expresión de deseos imperiales de anexar Groenlandia y Canadá) y amenaza con seguir con Cuba. El fulminante ataque y secuestro de Maduro dejó a las fuerzas armadas chavistas con apoyo cubano como parte del decorado, sin capacidad de respuesta alguna. Esto siguió con la insólita actuación de los gobernantes, y del parlamento bajo su control, que han aceptado, a cambio de permanecer en el poder, una importante pérdida de soberanía sobre la extracción y destino del petróleo en favor de empresas norteamericanas. El resultado ha sido pasar de una autoproclamada defensa vociferante de la soberanía a su revocación a bajo costo y sin resistencia, encubierta en una supuesta operación policial de Estados Unidos por narcotráfico.

El chavismo y Maduro llevaron, a la postre, al colapso de la economía y del Estado venezolano bajo un dispositivo de rentismo petrolero mal gestionado y vulnerable a presiones externas, mientras la connivencia de la oposición con los intereses de Estados Unidos ha sido flagrante. Era tal la ausencia de soporte popular al régimen de Maduro que buena parte de la población aplaudió el ataque militar de otro país sobre el suyo. Esa es la consecuencia de desconocer una elección presidencial adversa en 2024 y previamente una elección parlamentaria ganada por la oposición en 2016. Maduro se negó a pactar cualquier forma de alternancia en el poder una vez que perdió la mayoría, en medio de una gestión económica desastrosa por parte de una burocracia civil-militar que trabaja para sus propios intereses y que ha terminado provocando la emigración de una cuarta parte de la población. Esto incluye unos 700 mil venezolanos afincados en Chile luego del efecto de llamada de Sebastián Piñera en Cúcuta en 2019, con la consecuencia posterior de dar pie a una ola xenofóbica alimentada por la extrema derecha y que ha sido uno de sus soportes para alcanzar la mayoría en la urnas en 2025.

Cuba también ha visto en los últimos años el éxodo de un cuarto de sus habitantes. Pero mantiene un fuerte rechazo popular histórico a la presión neocolonial norteamericana desde la invasión de 1899-1902 y los múltiples intentos posteriores de colonizar la isla siguiendo el esquema de Puerto Rico. Sin embargo, difícilmente podrá resistir la actual severa restricción de suministros básicos, por lo que el gobierno de Díaz-Canel ha abierto también una negociación con Trump de impredecibles resultados. Esa negociación podría haberse desarrollado mucho antes en mejores términos, en realidad desde el fin de la URSS -con un intento promisorio en la época de Obama entre 2014 y 2016 que se frustró por ambas partes, contrariamente a los procesos de China-Estados Unidos (1972) o Vietnam-Estados Unidos (1995)- y con más garantías para las conquistas sociales de la revolución cubana que las que se puede presumir existen en el estado actual de cosas.

Entre tanto, uno se pregunta qué sentido puede tener que el PC chileno, a través de Lautaro Carmona, que visitó la isla entre el 17 y el 22 de enero, sostenga que “Cuba tiene su propia democracia y su propia institucionalidad, sostenida en un pueblo consciente y ampliamente participativo”. La realidad es otra: no existe democracia en Cuba y las expresiones masivas de descontento en 2021 bajo la consigna de “patria y vida” fueron reprimidas con violencia, mientras la emigración se aceleró en medio del deterioro de las condiciones de vida que implica para la mayoría de la población una subsistencia precaria.

La solidaridad con la autodeterminación de Cuba es una cosa, y otra muy distinta es sostener que un régimen de partido único, sin libertad de expresión ni de prensa, con presos políticos de opinión, sea una democracia. Incluso se podría argumentar, aunque no se comparta, la idea que la situación de bloqueo obligaría a establecer un régimen de control autoritario. Pero afirmar que existe democracia en Cuba es un sin sentido. Un régimen democrático supone como mínimo instituciones basadas en la soberanía (capacidad de decisión) popular, libertades políticas, pluralismo informativo, elección competitiva y periódica de autoridades y separación de poderes que cautele derechos civiles y políticos. La supresión general y permanente de esos derechos no tiene justificación desde el ángulo de convicciones democráticas y sociales. Al sostener que en Cuba hay democracia, la credibilidad del PC chileno queda cuestionada en su adhesión programática a la democracia en Chile. Puede llevar incluso a evocar un antiguo sustrato estalinista que, en particular, el socialismo chileno ha rechazado desde los años treinta del siglo pasado. El argumento de que bajo el capitalismo la democracia está amañada por el poder económico, lo que es una realidad, no es suficiente para simplemente remitir el poder político a un partido único en manos de una burocracia dominante, que se autoreproduce en función de su interés propio al margen de la mayoría social. Es la propia dinámica democráticas la que puede permitir una acción de subordinación de los intereses del capital concentrado en las sociedades (por ello los tecno-oligarcas de Estados Unidos promueven ahora regímenes cuasi-monárquicos para evitar toda regulación estatal), por lo que luchar por su existencia y expansión es una condición para la conquista de derechos sociales. La historia ha mostrado que los esquemas de imposición de éstos por la fuerza terminan por ser revertidos en favor de nuevas minorías dominantes y/o por crear una sostenida incapacidad material de sostenerlos.

La actitud política de no distinguir entre el derecho a la autodeterminación en Cuba y América Latina y el Caribe frente a Estados Unidos (y de paso en Canadá y Groenlandia) y el apoyo a un régimen autoritario y represivo también debilita el rechazo en Chile al intervencionismo de Estados Unidos contra Cuba. Este no tiene otra motivación que un afán imperial de extensión de su dominio territorial, respecto del cual solo cabe una categórica condena. América Latina y el Caribe no se independizaron de España, Portugal y otros países europeos hace dos siglos para terminar colonizados por Estados Unidos en el siglo XXI.