La oposición y el gobierno en Chile
Desde el cambio de gobierno en marzo recién pasado, a la oposición a Kast le ha costado ponerse a tono y unificar sus posturas. Esto se explica presumiblemente porque arrastra debates importantes sobre su orientación pasada -incluyendo el balance del gobierno anterior- y debe zanjar su orientación futura.
La dificultad también se ha manifestado frente a la legislación central del nuevo gobierno, orientada a bajar los impuestos a las grandes empresas y a los más ricos y realizar una nueva condonación a los evasores tributarios en paraísos fiscales. Esta opción de política económica tendrá efectos sobre la inversión y el empleo muy hipotéticos y en plazos lejanos. En el corto plazo fragilizará la situación fiscal, lo que será un argumento adicional para aplicar de manera drástica la política de disminución del tamaño del Estado. Este es su santo grial ideológico y se traducirá en ajustes a la baja del gasto público, incluyendo menos recursos para las pensiones, los hospitales públicos, la educación, la vivienda, las regiones y comunas o la inversión. Además, la legislación propuesta por Kast y su ministro de Hacienda Quiroz busca debilitar las normas ambientales, favorece la depredación de la propiedad intelectual y cuestiona la capacitación de los trabajadores.
En este contexto, se han evidenciado divergencias entre los parlamentarios de la oposición, las que revelan tensiones entre los sectores más proclives a conductas adaptativas hacia los poderes fácticos, especialmente el poder económico, y los que entienden que su rol es, procurando representar los intereses de la mayoría social, el de oponerse a medidas regresivas, y de ese modo preparar con legitimidad y consistencia una alternancia para 2030.
La búsqueda de “mitigar los perjuicios” y situarse en la lógica del “mal menor” puede terminar en simplemente comprometerse con aquello que en principio no se acepta. No es ser intransigente defender que el rol de la oposición es rechazar, en vez de legitimar a cambio de modificaciones irrelevantes, aquello a lo que se opone. Respecto al proyecto de “Reconstrucción”, el gobierno mantiene una única concesión sobre la mesa: bajar el plazo de invariabilidad tributaria de 25 a 20 años. Esto es simplemente inaceptable. Otra cosa es que exista una disponibilidad oficial para discutir una reforma tributaria que incorpore de manera equilibrada las distintas visiones y, por ejemplo, compense con impuestos a la renta personal de los sectores de muy altos ingresos las rebajas previstas a las utilidades de las empresas. Pero eso lo rechaza de plano el gobierno.
El rol de las oposiciones democráticas es proponer alternativas, no el de sumarse a quienes gobiernan para contentar a los poderes existentes. Nada puede hacer más daño a una oposición que cumple su rol en democracia que dejar a la ciudadanía sin alternativas para el debate en el presente y para la perspectiva de una alternancia futura. Esto no hace sino alimentar la distancia entre los representantes y el pueblo de a pie, que termina percibiendo a la política como un escenario de reparto de prebendas mediante acuerdos transversales. Ser oposición progresista incluye votar en contra de legislaciones socialmente lesivas en el parlamento y acudir, en su caso, al Tribunal Constitucional si se considera que la legislación propuesta por el gobierno transgrede derechos fundamentales, como en este caso lo es el intento de sustraer de la soberanía democrática normas de ley, y además por un período insólitamente prolongado.
La democracia es el sistema político en el que el pueblo manda según el principio de mayoría en el marco de derechos fundamentales y de separación de poderes, con normas que nunca son inmodificables. Las normas fundamentales y las instrumentales están llamadas a cambiar según el acontecer social. La democracia es todo lo contrario a una sociedad de dominación de minorías que se atrinchera en normas perpetuas que favorecen a las oligarquías.
En democracia ninguna ley puede ser pétrea, y menos por 25 años (o por 20, 10 o el tiempo que sea): su fundamento es que las leyes son siempre modificables, incluyendo la propia constitución, por el pueblo o por sus representantes. Las razones son dos: primero, y sobre todo, porque nadie puede pretender que en un régimen democrático se sustraiga la formación de la ley de la voluntad popular periódicamente expresada directamente o a través de sus representantes; segundo, en la esfera pública las cosas cambian, y especialmente todo el tiempo en la esfera económica, y por eso no cabe inmovilizar reglas por décadas. Y todavía menos si se trata de privilegios injustificados, en este caso en favor del gran empresariado, por mucho que el gobierno de Kast lo represente con fidelidad y persistencia. La regla democrática básica es que una orientación de gobierno está llamada a durar solo los años del mandato presidencial, con el eventual contrapeso del parlamento, salvo que la ciudadanía decida prolongarla a través de un nuevo mandato. Pero no a través de subterfugios antidemocráticos.