La consolidación de las finanzas públicas en Chile y sus restricciones
En un texto técnico (ver Consolidar las Finanzas Públicas en Chile: Enseñanzas de la Teoría del Control Óptimo) concluyo que la aplicación del modelo de Auclert, Philippon y Ragot (2024) al caso de Chile arroja varios resultados relevantes para la política fiscal. Un techo de deuda de 45% del PIB es estructuralmente incompatible con una consolidación gradual para cualquier combinación plausible de parámetros, salvo en el caso de supuestos discutibles sobre crecimiento provenientes de reestructuraciones de impuestos considerados distorsionadores.
En el caso de Chile se presentan diversas particularidades. La fortaleza fiscal actúa como restricción, pues la baja deuda pública de Chile (42% del PIB) es uno de los principales activos macroeconómicos del país, pero también implica que los propios compromisos de disciplina fiscal no toleran desviaciones importantes al alza. En Chile cualquier nivel superior al 50–55% del PIB sería percibido como una ruptura con la tradición de prudencia fiscal, con posibles consecuencias sobre el riesgo soberano.
El umbral mínimo de factibilidad de una consolidación fiscal -en este caso originada en un déficit estructural por encima de las metas debido a una disminución de la recaudación tributaria respecto a la prevista por las autoridades- sin efectos excesivamente recesivos en la actividad y el empleo, se sitúa en un ajuste que culmina en una deuda pública entre el 49% y el 50% del PIB. Esto no es un resultado que dependa de la calibración: es una consecuencia directa de que el margen bruto disponible (3 puntos entre 42% y 45%) es geométricamente insuficiente para absorber tanto el efecto coyuntural inevitable como el costo temporal del ajuste gradual.
La optimización de la consolidación fiscal con gradualidad exige al menos 5,54 años, mientras que el límite de deuda permite como máximo 1,56 años. Para hacer factible el ajuste gradual, el límite de deuda debería ubicarse en torno a 49,8% del PIB, suponiendo los parámetros del ejercicio. La regla fiscal chilena actualizada, al combinar una meta de balance estructural con un ancla de deuda y al incorporar el tratamiento prudencial de ingresos por litio, es conceptualmente compatible con esta lógica: la consolidación debe medirse sobre ingresos estructurales, no sobre ingresos efectivos transitorios. La sensibilización al multiplicador y la elasticidad muestra que estos parámetros tienen un impacto secundario frente al techo de deuda. Con , todos los escenarios son factibles y los resultados son notablemente robustos: el ajuste inicial varía entre 0,88 y 0,96 puntos de PIB y la deuda final entre 51,9% y 52,7%. La solución óptima —consolidación más intensa al inicio y decreciente en el tiempo— es cualitativamente robusta a la elección de parámetros y techo. Este resultado normativo es independiente de la calibración: cualquier gobierno que valore tanto la actividad económica como la sostenibilidad fiscal debería preferir un ajuste gradual y frontloaded frente a uno uniforme o backloaded.
Bajo el escenario de una reestructuración tributaria que logre incentivar el crecimiento con un desplazamiento relativo de impuestos corporativos hacia impuestos indirectos, el techo de 45% del PIB si resulta compatible con una consolidación gradual y un bajo multiplicador tributario. El efecto de la elasticidad de crecimiento sobre la deuda final podría, con los mencionados supuestos, permitir cumplir el nivel prudente al término de la consolidación, aunque se supere transitoriamente durante el ajuste. En este caso la pérdida acumulada de PIB cae a −1,60 pp·años (35% menos que el caso base). Este ejercicio presenta, sin embargo, un problema: no existe evidencia concluyente que valide el supuesto de aumento del crecimiento por disminución de impuestos a los que se atribuye un efecto distorsionador.
La gradualidad para disminuir el impacto en producción y empleo importa, mientras la composición del ajuste fiscal por el lado del gasto también importa. El multiplicador a la baja de los recortes de gasto depende fuertemente de la composición del ajuste: una consolidación basada en recorte de inversión pública tiene un multiplicador contractivo mucho más alto, mientras que una basada en reducción de transferencias o aumento de impuestos tiene multiplicadores significativamente menores. Una estrategia óptima para Chile debería privilegiar ajustes con bajo multiplicador para reducir el costo en actividad económica.