Ideología y objetividad de la CPC

Declara Susana Jiménez, ex ministra de Piñera y actualmente presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el gremio de los grandes empresarios:

sí, hay una mirada ideológica cuando tú quieres hacer crecer y crecer el Estado a costa de las personas. Porque insisto, el Estado obtiene recursos imponiéndole un retiro de recursos a través de los impuestos al sector privado y eso obviamente disminuye la cantidad de recursos que tiene la economía para reinvertirse.

Primero, todas las miradas sobre la economía son inevitablemente “ideológicas”, es decir contienen algún punto de vista o visión de la sociedad, lo que no tiene nada de extraño ni de condenable, salvo cuando son posturas que se quieren hacer pasar indebidamente como algo “neutral” o “técnico”. En cambio, tiene más sentido asumir sin dramas que la imparcialidad no existe, aunque sí se deba buscar el máximo de objetividad posible en la descripción y análisis de las realidades, sin tratar de hacer pasar legítimas opiniones y juicios de valor -antes que juicios de hecho- como verdades irrebatibles, provenientes de quien sabe qué autoridad intelectual o moral. El problema es que muchas veces los reclamos de neutralidad se originan en intereses propios que se busca no evidenciar. Es exigible a personeros públicos -o recomendable, en todo caso, para la buena convivencia y nivel del debate público- un mínimo de ecuanimidad en la interpretación de las realidades y no apartarse de la evidencia, sin perjuicio de la opinión que a cada cual libremente le parezca pertinente emitir. Para eso está la democracia, que la CPC nunca defendió con demasiado entusiasmo, dicho sea de paso.

Segundo, carece de objetividad señalar que “el Estado crece a costa de las personas”. Si el Estado aumenta en un momento dado sus recursos, y hay quienes se proponen que eso ocurra, como es mi caso, el resultado es que puede otorgar más servicios inmediatos a las personas...y a las empresas, o bien destinarlos a pagar deudas o a constituir reservas, lo que es de interés general para estabilizar el funcionamiento económico.

El hecho es que el Estado provee bienes públicos que no pueden o deben ser puestos a disposición de la población por privados, como las regulaciones de protección del interés común, la defensa nacional, la seguridad pública, la administración de justicia, la infraestructura, el ordenamiento del territorio, y también la seguridad social que cubre riesgos ante la enfermedad, el desempleo y la vejez, así como la creación y difusión de conocimiento. El Estado provee, además, bienes con efectos positivos sobre el funcionamiento de la economía (“externalidades”) o a los que no puede acceder en condiciones de mercado una parte de la población, como la atención de salud, la cultura, la educación y capacitación, la vivienda, el transporte o en su caso las condiciones básicas de subsistencia. La inversión de la sociedad en estos bienes es, a su vez, indispensable para la cohesión de la vida colectiva y también para una mayor actividad económica, incluyendo la de las grandes empresas.

Al crecer razonablemente, el Estado puede ampliar esa inversión, sin perjuicio del mejoramiento constante de su eficiencia. La excepción son las situaciones de corrupción y/o mal uso y despilfarro de recursos, lo que lleva a que se suministren los servicios públicos a un costo superior al debido, en detrimento de la población. Este es un tema crucial, pero distinto, que debe ser tratado con un control interno y externo consistente y en su mérito. Dicho sea de paso, la corrupción y el despilfarro también ocurren en las empresas privadas, en detrimento de sus dueños y/o de los consumidores, lo que las obliga también a mantener y perfeccionar sistemas de control apropiados.

El hecho es que muchas de las naciones de más altos ingresos promedio tenían un gasto público -en proporción al tamaño de la economía- mucho mayor al existente hoy en Chile cuando disponían de un PIB por habitante equivalente al de nuestro país hoy. Esa es una de las razones por las que alcanzaron una mayor prosperidad, al contribuir ese gasto a lograr aumentos sistemáticos de la productividad y del bienestar colectivo. Estos no vienen de la nada sino del mejoramiento de las capacidades humanas, incluyendo el aporte de la inmigración, y de la innovación tecnológica y su difusión en el tejido productivo. En los Estados más consistentes, en todo caso, los servicios públicos son sufragados por impuestos con un importante componente de progresividad, por tarifas de recuperación de costos adecuadas o bien mediante endeudamientos razonables que permiten aumentar la inversión y la producción en el mediano y largo plazo.

En la Unión Europea, el porcentaje promedio del gasto público alcanza un 49% del PIB, con máximos de 57% en Francia y 56% en Finlandia, mientras en Japón suma un 40% y en Estados Unidos un 39%, según la OCDE. En contraste, el promedio de ese gasto es del orden de 25% del PIB en América Latina, con un 23,5% en Chile, mientras se registran niveles que llegan a mínimos en los países de más bajos ingresos por habitante, como Guatemala con 14% de gasto público sobre PIB y Haití con 17%. La pregunta a la CPC es: ¿hacia allá queremos orientarnos, hacia un país con bienes públicos bajo mínimos, con el resultado de una mayor desigualdad y una menor prosperidad?

La pregunta crucial en la materia en definitiva es: ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿en una de tipo oligárquico, frágil y desigual o en una con democracia política y social que permita una prosperidad compartida y grados básicos de igualdad de oportunidades?

Tercero, carece también de objetividad afirmar que un “retiro de recursos a través de los impuestos al sector privado...obviamente disminuye la cantidad de recursos que tiene la economía para reinvertirse”.

En cualquier curso de macroeconomía se enseña que la situación puede ser exactamente la inversa: los excedentes no reinvertidos por privados porque son ahorrados fuera de los circuitos internos de circulación de ingresos y creación de demanda, así como los excesos de consumos importados, pueden ser recanalizados total o parcialmente hacia infraestructuras e inversiones productivas a través de impuestos a las utilidades no reinvertidas y a consumos de lujo importados y del gasto público equivalente, aumentando la actividad económica. Cabe agregar la legitimidad y eficiencia, también establecida desde hace tiempo por la teoría económica usual, de los impuestos a los ingresos extraídos como rentas ilegítimas en el caso de los monopolios y del acceso a bajo precio a recursos naturales que pertenecen a todos.

Sería tanto mejor si la CPC no se empeñara en tergiversar en el debate público las relaciones de causa a efecto existentes en la economía, que suelen ser más complejas que lo que admiten simples consignas, en este caso orientadas a defender su propio interés inmediato (pagar menos impuestos). Contribuiría así, tal vez, a una más sana y veraz deliberación democrática en beneficio de la ciudadanía.

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