El programa de gobierno de la coalición de Jeanette Jara
Los temas pendientes y las ampliaciones de los lineamientos previos
Jeannette Jara dio a conocer una ampliación de su programa de gobierno, que complementa los lineamientos presentados en agosto y aborda los temas que habían quedado pendientes. El texto contempla 383 medidas, fruto de un amplio trabajo programático de la coalición de partidos que la respalda y que incluye a la Democracia Cristina, a los partidos Radical, Liberal, por la Democracia, Socialista y Comunista y al Frente Regionalista, Acción Humanista y el Frente Amplio. La conformación de esta coalición de partidos de centro e izquierda tiene en sí mismo un valor de proyección histórica, a lo que se agrega un acuerdo de gobierno realista y consistente que no representa a ningún partido en particular, incluido el de la candidata, sino al conjunto progresista. Este tendrá cuatro grandes pilares:
1. Producir condiciones para un crecimiento económico justo, inclusivo y sostenible que genere más y mejores empleos, con ingresos que permitan a las familias llegar bien a fin de mes, así como calidad de vida para las y los habitantes del país;
2. Garantizar entornos seguros y tomar acciones concretas que resguarden el imperio de la ley, permitiendo que todas y todos puedan disfrutar de los espacios públicos con confianza y tranquilidad, combatiendo frontalmente el crimen organizado y el narcotráfico;
3. Construir un Estado Social que garantice condiciones de vida que nos permitan desarrollarnos dignamente y recompense nuestro esfuerzo, haciéndose cargo, particularmente, de los desafíos actuales en salud, vivienda y educación.
4. Tomar un rol activo en lograr una sana convivencia democrática, en medio de una sociedad que moderniza su Estado, generando las condiciones para que nadie se sienta excluido en Chile y uniendo fuerzas con los países que deseen defender el multilateralismo y sus valores de paz y derechos humanos.
El programa de la coalición de Jeanette Jara
contiene énfasis que lo recorren transversalmente: promoción de los derechos humanos y de la dignidad de las personas los derechos de las mujeres, perspectiva de género, la inclusión social, la eficiencia estatal y la modernización del Estado, fomento regional, cultura, ciencias y la ruralidad. Todo ello en el marco de un compromiso firme con un Estado Social y Democrático de Derecho que acerque las instituciones a la ciudadanía y garantice que el progreso y bienestar llegue a todas y todos.
La definición en los temas pendientes
En materia de relaciones internacionales, el documento postula hablar “al mundo desde América Latina y el Caribe” y dar “prioridad al regionalismo latinoamericano, en especial a la cooperación con los países vecinos”. Confirma la continuidad de la política exterior en la promoción de la solución pacífica de las controversias, la preeminencia del derecho internacional, la promoción y defensa de la democracia, la igualdad de género, los derechos humanos, el compromiso con el multilateralismo, el principio de no intervención y la soberanía de los Estados.
En materia de interrupción voluntaria del embarazo, el programa señala que
Chile ha dado pasos decididos en el avance y reconocimiento de los derechos de las mujeres, y en la actualidad contamos con la ley de interrupción del embarazo en tres causales que ha significado que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo en situaciones de riesgo para su salud, en casos de violación o inviabilidad del feto. En dicha dirección daremos continuidad a la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, promoviendo un diálogo respetuoso y pluralista.
El eje económico
El programa se propone avanzar a “nuevos motores que eleven el crecimiento”. El programa señala que
la transición energética global es una oportunidad histórica para Chile, gracias a recursos como el litio, el cobre y su potencial para producir hidrógeno verde, junto con condiciones naturales de sol y viento que impulsan energías renovables y la economía digital. Estos factores pueden motorizar un nuevo ciclo de crecimiento exportador, diversificando la matriz productiva y generando encadenamientos con creación de empleos bien remunerados. Pero además este crecimiento debe ser inclusivo para mejorar la calidad de vida en todo el país, reduciendo pobreza, concentración económica y desigualdades territoriales.
Para lograr lo anterior, el programa sostiene que se necesita “fomentar la inversión mediante una gestión y una regulación que agilice proyectos privados y públicos, protegiendo siempre los derechos de las personas y el resguardo del medio ambiente” e incorporar “valor agregado, conocimiento y tecnología a las exportaciones primarias”. Señala que se realizará “una inversión importante en investigación, desarrollo e innovación” y duplicará “la inversión en I+D, considerando conjuntamente la inversión pública y privada, en miras a avanzar lo más pronto posible a un gasto de 1% del PIB en la materia”. Al mismo tiempo, propone potenciar Codelco en la producción de cobre y litio y desarrollar “una red de Campus Tecnológicos Regionales especializados en las vocaciones productivas de cada territorio, con foco en Inteligencia Artificial y energías limpias”, junto a dar un “impulso a la Economía Social y Solidaria” en nuevas áreas.
Se promoverán mejoras estructurales del transporte público, con un sistema de pago moderno e integrado en todas las capitales regionales, mientras se expandirá el transporte público eléctrico a todo el país. Se ampliará la red de trenes de cercanías y de mediana distancia con nuevas extensiones para el servicio de EFE Valparaíso desde la futura extensión Limache-La Calera hacia el interior de la región y una nueva línea del Biotren hacia Penco y Lirquén. Se facilitará la extensión del tren Puerto Montt-Llanquihue hacia La Unión, pasando por Frutillar y Osorno. Se iniciará el estudio para la construcción de un tren de alta velocidad entre Santiago y Copiapó.
Las medidas que requieran mayor gasto estarán financiadas con recursos adicionales, reasignaciones de gasto y el fortalecimiento de la recaudación de ingresos fiscales, incluyendo una revisión de las exenciones tributarias y medidas para reducir la evasión y elusión, mientras “la deuda pública se mantendrá dentro de los parámetros actualmente proyectados en el marco financiero de mediano plazo del gobierno central, comprometiéndonos con una trayectoria hacia la convergencia fiscal”.
El programa de Jara y su coalición ratifica una de las medidas emblemáticas en materia de ingresos: alcanzar gradualmente un ingreso vital de $750.000 dentro del periodo de gobierno con
a) un aumento del salario mínimo mensual, que se reajustará por sobre el alza en el costo de la vida y que también considerará la evolución observada del crecimiento y de la productividad, con un subsidio a las empresas de menor tamaño; y
b) una transferencia monetaria directa a los trabajadores formales con remuneraciones equivalentes al ingreso mínimo mensual, que completará el monto necesario para alcanzar el ingreso vital.
Se capacitará a 450.000 personas en los cuatro años y dará continuidad al proyecto de ley de “Subsidio Unificado al Empleo para la protección del empleo de mujeres, jóvenes y personas mayores”.
A la vez, ratifica ampliar la negociación colectiva
en la dirección de establecer una negociación multinivel mirando el futuro del trabajo, tomando en cuenta la heterogeneidad de nuestra economía y especialmente las condiciones de las empresas de menor tamaño.
El programa compromete el impulso a
la ley de Equidad Salarial, dando suma urgencia al proyecto de ley que establece sanciones claras para quienes no cumplan, incentivos para quienes sí, y un sello que reconozca a las empresas que respeten los derechos de las mujeres.
El programa propone dar
urgencia a la modificación del artículo 203 del Código del Trabajo para eliminar la restricción que limita el Derecho a Sala Cuna únicamente a empresas con 20 o más trabajadoras. Así ampliaremos el acceso universal al beneficio de sala cuna para todas las madres y padres trabajadores con hijos o hijas menores de 2 años, asegurando su financiamiento a través de un fondo constituido con aportes de las empresas y del Estado.
El eje de seguridad
El programa de Jara y su coalición sostiene que
la seguridad no se reduce solo a perseguir delitos: también exige prevenir la violencia desde la infancia, apoyar a las víctimas y dar justicia cercana y transparente, que nunca sea un privilegio de pocos. Al mismo tiempo, seremos firmes donde el Estado ha cedido terreno: recuperaremos el control de las cárceles, endureciendo la fiscalización y cortando los vínculos del crimen organizado con el exterior, y estableceremos tolerancia cero en nuestras fronteras, con más tecnología, más personal y un control estricto para frenar el ingreso de armas, drogas y contrabando. A ello se suma modernizar y reforzar nuestro sistema penitenciario, fortalecer la reinserción, y contar con Fuerzas Armadas modernas, íntegras y preparadas, capaces de resguardar nuestro territorio y aportar al desarrollo científico y tecnológico del país.
Jara y su coalición proponen ejercer la atribución presidencial que permite desplegar a las Fuerzas Armadas para la protección de las fronteras y crear la Dirección de Control Fronterizo en Carabineros de Chile, con colaboración de las FFAA para apoyo logístico y tecnológico y el despliegue en las fronteras.
El programa se propone desplegar “más policías y presencia equitativa en las calles”, duplicando la formación anual de Carabineros. Se plantea reforzar
el programa de residencias transitorias en coordinación con la redes de seguridad municipales, para ofrecer protección y refugio temporal a las mujeres que ven su vida y seguridad vulnerada por violencia de género grave o extrema y fortalecerá la cobertura de los Centros de Atención Especializada en Violencias de Género.
Una innovación será una política de seguridad municipal de proximidad comunitaria. Dado que existen recursos e iniciativas municipales que están orientadas a funciones de seguridad (inspectores, patrullas, fiscalizadores), pero sin formación policial y sin un marco institucional claro, se considerará los contingentes municipales existentes que no tienen formación policial, pero que podrían ser rápidamente formados bajo el alero de una escuela de proximidad-comunitaria dependiente de Carabineros. Esta Guardia
estará orientada a la resolución de conflictos vecinales, tratamiento de incivilidades, comercio ilegal, entre otros, para fortalecer la presencia territorial, mediación y trabajo preventivo con vecinos y organizaciones locales, coordinados permanente con Carabineros.
El eje social
Una innovación social importante será “garantizar a todas las familias del país un Consumo Eléctrico Vital” que alcanzará 85 kWh mensuales por hogar, lo que equivale al umbral necesario para cubrir las necesidades eléctricas básicas de una familia promedio “reduciendo en un 40% la tarifa de este bloque”, con lo que “para un hogar con consumo promedio, la tarifa eléctrica se reducirá en un 20%”.
Otra innovación será restringir
el cobro en UF, u otra medida reajustable, para fijar contratos de salud, educación, arriendo de inmuebles, y otros servicios no financieros (no se innovará respecto a la situación actual en contratos financieros como créditos hipotecarios y otros). Tampoco se permitirán las cláusulas que reajusten los precios, siguiendo a la inflación, en periodos menores a un año. De esta manera, se protegerán los ingresos de las personas y se limitará la reajustabilidad a plazos razonables para una economía de baja inflación como la chilena.
En la misma línea, no habrá más llamadas “spam” y podrán cancelarse en un clic los planes de empresas que amarran a la gente y son difíciles de terminar: “el consumidor recupera el control sobre su bolsillo”.
Una tercera innovación será la de crear
una Red Nacional de Bancos de Alimentos Municipales, con el propósito de aumentar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y saludables. Esta red fortalecerá los esfuerzos existentes a nivel central y municipal, y permitirá recuperar y redistribuir parte de las 1,6 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo que se desperdician.
En materia de salud, el programa propone que el 80% de los Centro de Salud Familiar funcionen en horario de 08:00-20:00 horas y fines de semana, aumentando los especialistas de atención primaria, los médicos de familia e incorporando especialistas como internistas y pediatras en centros cercanos a la Atención Primaria, así como tecnología para exámenes y para agendar citas en línea, dotando progresivamente a los CESFAM de ecógrafos, rayos X, mamógrafos y endoscopios. El programa se compromete a pasar de “tiempos de espera a tiempos de certeza”, por lo que “los exámenes se demorarán máximo 6 meses y nadie esperará más de 1 año por atención de especialista o por una cirugía o 90 días para enfermedades de alto riesgo”, mientras “realizaremos 50.000 cirugías adicionales el primer año, escalando a 100.000 en el segundo año y 150.000 en el tercer año”, para lo que “estableceremos convenios para utilizar la capacidad ociosa del sector privado cada vez que se requiera con urgencia, bajo reglas públicas”.
Se instalarán 500 nuevas Salas de Telemedicina en Centros de Salud Familiar (CESFAM) u otros centros de salud. Se entregará “medicamentos gratuitos a domicilio para enfermos crónicos del Fonasa o en farmacias con convenio, y mayores de 65 años en control en la Atención Primaria de Salud”, para lo que un Poder de Compra Estatal Eficiente generará un ahorro de al menos $120 mil millones de gasto en medicamentos e insumos vía CENABAST y permitirá comprar a escala en conjunto con otros países para quebrar monopolios farmacéuticos. Se establecerán “convenios con farmacias para medicamentos GES con Copago Cero en todo el país con una red de distribución desde grandes ciudades hasta comunas remotas”. Se ampliará la atención en materias de salud mental, mientras se entregará al final del mandato 12 hospitales completos, 10 Centros de Cáncer, 25 Centros Comunitarios de Salud Mental y 120 dispositivos de Atención Primaria de Salud (CESFAM, postas rurales, Servicios de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución y Centros Comunitario de Salud Familiar).
El programa se compromete con la erradicación del abuso en el uso de licencias médicas y proyecta un ahorro de $100 mil millones anuales, que podrán usarse en infraestructura y reducción de listas de espera, asegurando “el correcto reconocimiento de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, y el pago oportuno de las licencias médicas”. Se implementará la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria, para los asegurados de Fonasa con una prima plana, copagos predecibles de 25% ambulatorio y 30% hospitalario, celebrando convenios con prestadores privados y con cobertura catastrófica automática.
El programa propone crear el Plan Niñez Segura como
prioridad para atender a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social, coordinando las acciones que se realizan a nivel nacional y municipal con intervenciones sociales y culturales para fomentar una niñez segura.
El programa propone fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados. Considera aumentar el monto y cobertura del estipendio para personas cuidadoras adscritas al Programa de Atención a la Dependencia Severa, que pasará de $33 mil a $160 mil mensuales, beneficiando a más de 60 mil personas, junto a establecer la rebaja a la tarifa del transporte del 50% para cuidadoras. Se extenderá el programa de Cuidados Domiciliarios de 53 a 83 comunas, proveyendo servicios de apoyo y cuidados a personas mayores sin cuidador con dependencia moderada o severa, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin redes de apoyo eficaces. Se ampliará la cobertura del Programa Centros Diurnos Comunitarios para Personas Mayores de 188 a 213 comunas, promoviendo la autonomía, participación social y envejecimiento activo de los adultos mayores y se incrementará la red de Condominios de Vivienda Tutelada (CVT), pasando de 63 a 71 proyectos. Asimismo, se extenderá la disponibilidad de viviendas en comodato para personas mayores autovalentes y creará 4 nuevos Establecimientos de Larga Estadía. Se hará efectiva una exención para quienes están en el tramo exento del impuesto a la renta en el beneficio al pago de contribuciones de los adultos mayores sin afectar al Fondo Común Municipal.
Habrá un nuevo impulso al Plan de Emergencia Habitacional “diversificando el acceso a la vivienda adecuada logrando 260 mil nuevas construcciones y 140 mil mejoramientos de vivienda”. Se actualizarán las normas de superficie y disposición interna, manteniendo el programa de 3 dormitorios cuando la constitución familiar lo exija y permitiendo nuevos diseños para parejas jóvenes, viviendas de un piso con accesibilidad para personas mayores y familias mono y biparentales con ahorros en los costos de construcción. Se garantizará el acceso a la vivienda de hasta $100 millones para los jóvenes en condiciones de pagar un dividendo de hasta $300.000 reajustables en UF. Se recuperará y remodelará al menos 1.000 espacios barriales deteriorados y espacios comunitarios. Todo proyecto de vivienda considerará
salas cunas y jardines de infantes de manera que los padres salgan al trabajo sin la necesidad de asumir esta responsabilidad; centros comunitarios; espacios de uso común protegidos del exterior con usos diversos como juegos para niños, áreas de ejercicios, espacios para la tercera edad y los niños más pequeños; locales comerciales y servicios.
En materia de educación parvularia, se realizará una expansión planificada y equitativa de los cupos en las zonas con mayores brechas de acceso, priorizando los niveles de 0 a 4 años en salas cunas y jardines y 4-6 años en escuelas con pertinencia territorial. Se equiparará gradualmente el financiamiento y las condiciones laborales de los jardines infantiles, apoyando el cumplimiento del reconocimiento oficial de salas cunas y jardines infantiles.
En la educación escolar se diseñarán nuevas bases curriculares que potencien habilidades y competencias, más flexibles y que incluyan formación ciudadana, ciudadanía digital, educación financiera, crisis climática y educación en afectividad y sexualidad integral. Se reorganizarán las subvenciones y aportes del Estado para una mayor eficiencia y cobertura de las necesidades. Se creará una red de 70 Liceos de Educación Técnico Profesional pública de excelencia. Estos liceos contarán con infraestructura y equipamiento de punta, ofrecerán especialidades conectadas con el desarrollo sostenible y la transformación tecnológica de sus territorios, y estarán fuertemente articulados con el sector productivo y la educación superior. Se realizará un Plan de articulación de la Educación Media Técnico Profesional con la educación superior. Se crearán equipos especializados en convivencia para escuelas seguras y colaborativas y ampliará el Plan Nacional de Salud Mental Escolar.
Se establecerá una coordinación entre los sostenedores de establecimientos, los municipios y las policías para resguardar la seguridad en los perímetros de los establecimientos de educación parvularia, escuelas y liceos. Esto incluirá el mejoramiento de espacios públicos, la iluminación y la creación de rutas seguras. Un Programa de “Escuelas Comunitarias Abiertas” en 100 comunas prioritarias extenderá su horario y abrirá sus puertas a la comunidad con talleres artísticos, deportivos y de formación para adultos, integrando servicios sociales y de salud en su propio espacio, como la oferta en ortodoncia a través de clínicas dentales móviles. Se establecerá una política de educación sexual integral y afectiva acorde a las edades, para que niñas, niños y adolescentes reciban información científica y veraz sobre sexualidad, promoviendo el desarrollo integral, el autocuidado y la prevención de riesgos como abusos y violencia sexual, embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. Una Política Nacional de Infraestructura Escolar Digna tendrá una perspectiva plurianual de inversión, habilitando mejores condiciones en al menos 1.000 establecimientos educacionales en infraestructura, equipamiento y adaptación a nuevas metodologías de enseñanza.
En la educación superior se revisará la duración de los programas para separar la formación básica y fundamental de la formación de especialidades, buscando que una parte importante de esta última se desarrolle a nivel de magíster o postítulo. Al mismo tiempo, se avanzará a que las certificaciones laborales (títulos técnicos, títulos profesionales) sean entregadas por las comunidades de práctica respectivas, en función de un sistema de habilitación profesional. Se impulsará un plan de crecimiento en universidades públicas regionales y Centros de Formación Técnica (CFT) estatales, con el fin de generar incentivos para que más estudiantes decidan priorizar su postulación a estas Universidades, y así fortalecer la educación superior pública y ampliar su participación relativa en la gratuidad. Se ampliará
a $750.000 el límite de ingreso excluido de pago en el nuevo sistema de financiamiento a la Educación Superior, beneficiando tanto a las actuales personas deudoras que se acojan al plan de reorganización y condonación como a quienes estudien en el futuro bajo este sistema.
Se impulsará adicionalmente
el proyecto de ley que reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, reconociendo sus tierras, territorios, lenguas, derecho a la educación y formas de participación política. Incorporaremos la interculturalidad como principio transversal en la administración del Estado, evitando la discriminación arbitraria y resguardando el ejercicio de sus derechos colectivos. Promoveremos siempre una relación jurídica con los pueblos indígenas basada en el respeto y la igualdad, fomentando el desarrollo integral en lo económico, social y cultural de todos los miembros del país -incluidos los pueblos indígenas- en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
En relación al conflicto de la macrozona Sur, el programa señala que
Chile debe acoger todas sus realidades con respeto y confianza en el futuro. Ello implica distinguir las legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas de los hechos de violencia que ocurren en zonas rurales, comprendiendo que para alcanzar la paz es necesario generar mayor presencia del Estado, más bienestar en las comunidades, un reconocimiento profundo de sus derechos y un compromiso de hermandad, sabiendo que todos somos parte de un mismo país y compartimos la tarea común de impulsar su desarrollo.