El mundo al revés, pero en buena hora
En la reunión de casi 100 alcaldes de oposición con José Antonio Kast el miércoles 13 de mayo en La Moneda -un formato curioso propio de tiempos polarizados pero que permitió diálogos siempre provechosos- el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS, partido al que pertenezco), le hizo una solicitud: “sacar a los militares a la calle”. A este alcalde le parece “poco lógico” que no se ocupe a las Fuerzas Armadas, mirando la experiencia en el sur, con resultados por lo demás discutibles, pues las violencias persisten.
La prensa reporta que la respuesta de Kast ante la petición de “sacar a los militares a las calles” fue “no”. Le dijo al parecer al alcalde de San Bernardo que no era partidario de tener a las Fuerzas Armadas en la ciudad, con lo que se creó una situación de “mundo al revés”: la ultraderecha negando usar a los militares en el orden público y una parte del progresismo pidiéndola con insistencia. Kast habría sostenido que no pondría en riesgo a un militar en una situación para la que no está preparado, lo que es un razonamiento correcto. Bien por Kast, mal por el alcalde White y sus colegas. Se debe agregar, claro está, que también se pone en riesgo a los ciudadanos de a pie si se generaliza un cuadro de respuestas militares no proporcionales ante hechos delictivos cotidianos, lo que no haría sino aumentar la alarma ciudadana.
Las tomas de posición en favor de “sacar a los militares a la calle” no pueden sino calificarse de concesión injustificada e inconducente a una postura populista (es decir de abordaje simplista a un problema complejo en aras de obtener una popularidad basada solo en emociones) ante la legítima demanda por orden y firmeza estatal de los vecinos preocupados por la delincuencia. La respuesta adecuada no es trasladar el tema a otros, sino asumir la propia corresponsabilidad en un asunto crucial de múltiples aristas.
¿Puede alguien olvidar que los militares están entrenados para el uso de la fuerza aplicando la máxima letalidad y capacidad destructiva? ¿Y que no tiene sentido transformar a los militares en policías, sino que lo tiene fortalecer a las policías, a los municipios y a la sociedad civil organizada y dejar a los militares hacer su trabajo en un cuadro de fronteras inconvenientemente convulsas? Los militares pueden crear una sensación de seguridad y disuasión en los contornos de las “infraestructuras críticas” que pudieran custodiar, pero eso no produciría sino un desplazamiento del delito desde algunos lugares a otros, lo que bien podría terminar en una mayor sensación de inseguridad. No olvidemos que los militares son menos numerosos que los Carabineros, los que a su vez son una policía militarizada en su disciplina y en el armamento que puede utilizar. Por eso “sacar a los militares a la calle” es una postura errónea en tanto no contribuye a mejorar el control efectivo de la delincuencia. No tiene sentido que los militares dejen de cumplir sus funciones de defensa nacional y pasen a desempeñar tareas para las que no están ni debieran estar entrenados, a la vez que no poseen ni debieran poseer los dispositivos de inteligencia pertinentes, sin perjuicio del apoyo a las policías en la vigilancia de los recintos electorales o de infraestructuras estratégicas en momentos en que sea necesario, junto al control de las fronteras y el soporte logístico en las emergencias.
La Tercera reporta que, si bien en la cita con Kast el alcalde White fue el único que la verbalizó, la idea es compartida por otros. Maximiliano Ríos (PPD), alcalde de Lo Prado, señala que “a estas alturas cualquier iniciativa que mejore la seguridad es bienvenida. No se explica que un gobierno que gana las elecciones precisamente por este tema no se le conozca plan o iniciativas que mitiguen la compleja situación de inseguridad”. Claudia Pizarro (DC), alcaldesa de La Pintana, señala: “Creemos que es importante evaluar esta medida de instalar militares en lugares asistenciales como los hospitales. Hemos visto asaltos, robos cerca de los centros asistenciales. El presidente debe evaluar esta medida”. Luis Astudillo (ind.), de Pedro Aguirre Cerda, asevera: “Fui el primer alcalde en plantear la necesidad de establecer la presencia de militares en los sectores conocidos como infraestructura crítica. (...) Es ahí donde los militares podrían ser un tremendo aporte, con un mayor control en las carreteras, con brigadas caninas y acciones de inteligencia con las policías, todo esto a través de un plan piloto, de manera responsable y con un equipo coordinado que tome el ejemplo de países donde se han obtenido buenos resultados”. Felipe Muñoz (ind FA), alcalde de Estación Central, , señala que “más que militarizar, lo que nosotros hemos propuesto es que las fuerzas armadas puedan complementar la función policial en el caso de resguardo de infraestructura crítica. Para nuestra comuna, esto se traduce en que se pueda generar presencia permanente en lugares como los terminales de buses, la Estación Central, estaciones concurridas del metro y el sector de clínicas y hospitales. Esto sería de gran ayuda frente a la falta de dotación policial que tenemos en lugares fundamentales para el funcionamiento de la ciudad y con una gran cantidad de población flotante”. Otros alcaldes de izquierda también han hecho la petición en el pasado. En 2024 el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), solicitó “contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores”, argumentando una falta de dotación policial.
Mientras, Javiera Reyes (PC, partido del que soy crítico en muchos aspectos), alcaldesa de Lo Espejo, expuso adecuadamente que ya han “dicho antes que nos parece que todas las alternativas deben discutirse, pero resulta disparatado pensar en obtener resultados de medidas tan costosas como que los militares se ocupen de combatir la delincuencia sin que exista un Plan de Seguridad que guíe el trabajo del gobierno a la altura de los desafíos que requiere nuestro país”.
Tal vez ha llegado el tiempo de construir en Chile un enfoque distinto al que nace de la demagogia y el uso indebido de la sensación de inseguridad para ganar puntos en campañas y debates públicos. Se debe abordar el problema reconociendo todas sus complejidades. Si Kast deja el discurso fácil en materia de seguridad y contribuye a un proceso serio y articulado de fortalecimiento de la acción de policías, municipios y sociedad civil, pues bienvenido sea. Esto no impide mantener las necesarias críticas a otras de sus políticas, especialmente en materia económica, social e internacional, como se hace desde aquí y se seguirá haciendo.
Atender la demanda ciudadana de seguridad supone el fortalecimiento de las policías según su capacidad de formar personal idóneo para el buen uso de sus potestades de intervención rigurosa y proporcional, mejorando sus capacidades técnicas y creando unidades más fuertes para desbaratar el crimen organizado y las redes de tráfico de drogas. Deben aumentar la velocidad de respuesta rápida, ampliar sus capacidades operativas y optimizar su distribución territorial. Esto supone, además, reorganizar drásticamente la Gendarmería para impedir que las cárceles sean centros de acción delincuencial, como fue planteado al terminar el gobierno de Gabriel Boric y está en curso de trabajo legislativo.
Además, debe hacerse más eficaz la coordinación y uso conjunto de los recursos de las policías y los municipios, a lo que no necesariamente contribuye la creación del Ministerio de Seguridad aislado de la gestión territorial. Los municipios se hacen cargo, con experiencias exitosas en muchos lugares -y deben seguir haciéndolo en escala ampliada replicando las mejores prácticas- de la parte que les corresponde en la creación de condiciones de vigilancia y de prevención social, dada su función de administración del territorio en conexión con barrios y vecinos.
Si el problema es de pocos recursos municipales, entonces deben aumentarse razonadamente y canalizarse a ampliar servicios de guardia, patrullaje, iluminación y vigilancia con cámaras en los espacios públicos, junto a mejorar los sistemas de alerta municipal en interacción con las organizaciones vecinales y las policías. Dicho sea de paso, esto supondría partir por no debilitar la recaudación municipal de las contribuciones provenientes de las viviendas más caras, como prevé la reforma tributaria en discusión en el parlamento.
Al mismo tiempo, no se debe olvidar que la batalla por la seguridad, por hacer retroceder las variadas incivilidades y por mejorar la calidad de vida cotidiana, solo se ganará si se persigue a la delincuencia y simultáneamente se actúa sobre sus causas. Esto requiere una más fuerte intervención gubernamental, regional y municipal en los barrios (y en las escuelas) socialmente vulnerables, junto a mejorar sustancialmente las condiciones y oportunidades de inserción laboral para los jóvenes y los que merezcan segundas oportunidades, así como fortalecer una cultura del cuidado mutuo, de la cooperación y de la reciprocidad en la sociedad y en los vecindarios.