El insólito fallo sobre Soquimich
Quedó en nada el 22 de octubre en primera instancia el caso Soquimich (SQM), empresa pública privatizada por Pinochet entre 1983 y 1988 y que terminó bajo el control de su yerno, Julio Ponce Lerou. Se juzgaba el financiamiento ilegal por la administración de SQM de campañas electorales entre los años 2009 y 2015 -reconocido ante las autoridades en Estados Unidos y por el que la empresa pagó una multa de 30,5 millones de dólares a cambio de evitar un juicio en ese país, en el que sus acciones cotizan en bolsa- así como un soborno en 2010 para establecer la invariabilidad de la regalía minera que debía pagar SQM. Después de 11 años, y 3 años de juicio oral, todos los acusados de fraude tributario por recibir subsidios electorales de SQM fueron absueltos por el tribunal de primera instancia, mientras Pablo Longueira y Patricio Contesse fueron absueltos de los delitos de cohecho y soborno, respectivamente.
Contesse, como gerente general de SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), había financiado con recursos de la empresa campañas mediante la emisión de boletas ideológicamente falsas y donaciones. Además, a Longueira se le imputó que en su calidad de senador había beneficiado a SQM (o coordinado con ella) en proyectos de ley como el de regalía minera, a cambio de pagos o beneficios. Se produjeron donaciones de SQM a la fundación “Chile Justo” de Longueira por 345 millones de pesos entre 2007 y 2013. Entre los años 2009 a 2015, los pagos de SQM a personas vinculadas —o sociedades vinculadas indirectamente— a Longueira alcanzaron unos 730 millones de pesos.
Se trató de un descarnado maridaje de intereses entre el que fuera por un período jefe de la UDI, soporte de la dictadura militar de principio a fin, y una empresa pública privatizada que quedó en manos de un familiar de Pinochet. SQM también financió, en montos menores, a figuras de otras fuerzas políticas de buena parte del espectro parlamentario, siempre con el fin de promover sus intereses en la minería no metálica, un sector de acceso regulado.
Son especialmente sorprendentes los argumentos del tribunal para absolver del delito de cohecho a Longueira y de soborno a Contesse. El 5 de agosto de 2010, el segundo, siempre como gerente general de Soquimich, le hizo llegar al primero un borrador de artículo que permitiría a la empresa acceder a la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto de ley del gobierno de Piñera, destinado a modificar la regalía minera para financiar la reconstrucción después del terremoto de 2010. Longueira, a su vez, hizo llegar días más tarde el artículo enviado por Contesse al gobierno del que su partido formaba parte. El 31 de agosto, ese gobierno envió al congreso el texto tal cual lo planeó la dupla de marras y se transformó en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Royalty de Piñera I.
Agreguemos que, más tarde, los contratos entre el Estado y SQM (uno el 26 de agosto de 2011 para el “Proyecto Minero Salar” y otro el 22 de diciembre de 2011 para el “Proyecto Minero Nitratos”) fueron firmados por el propio Longueira como ministro de Economía luego de ser nombrado en el cargo por Piñera en julio de 2011, y de Contesse o representantes de SQM por parte de la empresa, incluyendo la invariabilidad tributaria pactada entre ambos y aprobada en el congreso.
El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago consideró ahora, en octubre de 2025, que como la norma que favorecía a SQM redactada por Contesse fue enviada por Longueira desde un correo hotmail y no por el correo institucional, entonces no se configura el delito de cohecho y soborno porque no se identificó como senador. Insólito y ridículo.
Ya saben lo que tienen que hacer los que quieran sobornar o incidir ilegalmente sobre un parlamentario influyente a cambio de donaciones y financiamientos: pedirle que ocupe hotmail cuando le dicte al gobierno una norma que favorezca sus intereses particulares.
No obstante, el tribunal, en fallo dividido de dos a uno, hizo bien en señalar que una demora de 11 años en la investigación y juicio era simplemente un abuso del ministerio público y que esto se ha transformado en costumbre. Se refrenda así la profunda crisis de este organismo, que en demasiados casos atropella derechos antes que cautelarlos. En vez de ser un pilar de la defensa contra el delito, se ha constituido, como en casos llevados por la fiscalía de Valparaíso y otros por el fiscal Cooper, en una amenaza a la democracia al investigar y acusar indebidamente a personas con el fin de dañarlas. Recordemos que Cooper pretendió incluso, insólitamente, intervenir el teléfono del Presidente de la República, a lo que los tribunales no accedieron.
Así va Chile.