El costo fiscal y económico de la rebaja de impuestos a las empresas y a los altos ingresos

Ya se conocen más detalles del proyecto de “reconstrucción” del nuevo gobierno, tan anunciado y tan diferido. Es una hoja de ruta en que solo una pequeña parte tiene que ver con asignar recursos para recuperar la destrucción de 4 mil viviendas por los incendios del verano reciente: lo principal es una reforma tributaria regresiva que baja los impuestos a las utilidades de las empresas y a los ingresos del capital.

La principal rebaja tributaria es la de la tasa del impuesto a las utilidades de las grandes empresas del 27% al 23%, la que parte en 2027 con una merma estimada por el gobierno de 657 millones de dólares para llegar en 2030 a una de 2.024 millones.

Se agrega un sustancial crédito al empleo, que es en realidad otra forma de rebajar el impuesto a las utilidades de las empresas, que parte con una merma estimada de 751 millones de dólares en 2026 para llegar en 2030 a una de1.449 millones. Corresponde a un crédito tributario para las empresas contra el Impuesto de Primera Categoría de hasta un 15% de un ingreso mínimo por trabajador contratado y que se otorga por concepto de pago de las remuneraciones que van entre las 7,8 UTM (545 mil pesos) a las 12 UTM (838 mil pesos). Sus efectos sobre la creación de empleo son inciertas.

La tercera medida es la reintegración del impuesto a la renta, de modo que las personas descuenten íntegramente los pagos de impuestos a las utilidades tributables que derivan de su participación en la propiedad de empresas del impuesto a la renta agregada desde distintas fuentes, conocido como Impuesto Global Complementario. Habrá una reducción gradual de la obligación de restitución aplicable a los créditos por Impuesto de Primera Categoría, hoy de 35%, llevándola a 0 para los contribuyentes sujetos a impuestos finales por sus ingresos (un 22% del total, estando los demás exentos por la poca cuantía de sus ingresos). El gobierno estima que el costo fiscal de esta medida alcanzará a 10 millones de dólares en 2027 y a 167 millones en 2030. Para Hernán Frigolett, ex director del Servicio de Impuestos Internos, esta estimación de la reintegración es extremadamente baja: “estamos hablando de un conjunto de empresas que explican prácticamente el 90% de las ventas, y, por lo tanto, el efecto es mucho mayor. Las estimaciones hablan de montos que están en torno a los US$600-800 millones”.

La cuarta medida que favorece a los grupos de altos ingresos en el país es la eliminación del 10% de impuesto a las ganancias de capital, con una merma permanente estimada en unos 20 millones de dólares. Hay otras como la supresión del impuesto territorial a los mayores de 65 años (cerca del 80% de las propiedades están exentas) y rebajas al impuesto a la herencia.

A su vez, después de la presentación del proyecto de ley y ante el reclamo de las organizaciones gremiales, el gobierno finalmente señaló que el impuesto de primera categoría a las utilidades que pagan las micro, pequeñas y medianas empresas se mantendrá en 12,5% de forma permanente para aquellas cuyas ventas sean inferiores a 75.000 UF (unos 3,4 millones de dólares). Este tributo se redujo transitoriamente del 25% al 10% en 2020-2022 y a partir de 2023 subió a 12,5%, mientras en 2029 debía aumentar a 15% para en 2030 volver al régimen general. El gobierno no ha señalado el costo fiscal de esta medida.

Lo que hay que retener es que la suma de la merma de ingresos fiscales en régimen es una cifra del orden de 4.400 millones de dólares, cuyos beneficios directos se concentran en el 1,5% más rico.

Fuente: A partir del Proyecto de ley del gobierno, en miles de millones de pesos convertidos a dólares a 890 pesos.

Un primer argumento del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que esto se paga solo: “estamos muy tranquilos: hay un informe financiero y los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados por lo que son los esfuerzos fiscales que estamos haciendo. Están largamente compensados”. Sostiene que al término de la actual administración el 57% estaría compensando con las ganancias del crecimiento y “en el año 6 se subsana prácticamente todo”, dos años después del fin del actual gobierno, dicho sea de paso.

Se recurre así a la muy antigua narrativa neoliberal del Estado mínimo que se supone permitiría crecer más, y a sus medidas canónicas: la desregulación social y ambiental y la rebaja de impuestos a los dueños del capital y a los altos ingresos. Buena parte de la literatura actual sobre crecimiento contradice este acto de fe, que en todo caso beneficia directamente los intereses de las oligarquías económicas. Lo que tiene sentido son las estrategias que maximizan las especializaciones industrializadoras y promotoras de servicios modernos capaces de mejorar la posición nacional en la economía mundial y que tienen una orientación redistributiva. Para no hablar de la sustentabilidad ambiental, que también puede ser un factor de competitividad y en todo caso de mejoramiento del bienestar al contener las contaminaciones que deterioran la resiliencia de los ecosistemas.

Para compensar la rebaja de impuestos, el crecimiento tendría que pasar en Chile de una tasa potencial actualmente estimada en del orden de 2% anual a una tasa sostenida de 4%. El proyecto del gobierno muestra lo que ocurre cuando se aplica lo que la modelización en economía denomina “supuestos heroicos”. En este caso, se calcula elasticidades promedio arbitrarias y lineales que no consideran que las estimaciones de aumento del PIB por efecto del aumento de la rentabilidad de proyectos de inversión después de impuestos son especialmente inciertas en un contexto de ajuste fiscal recesivo y de choques externos significativos, tanto actuales como en perspectiva. Esto no dejará de existir aunque se aprobara la insólita invariabilidad tributaria de nada menos que 25 años que contiene el proyecto de ley, algo nunca visto, para las inversiones de más de 50 millones dólares. En realidad, estamos ante supuestos que han sido acomodados para obtener un resultado esperado antes que para diagnosticar de manera realista los efectos de las medidas económicas que el gobierno de Kast planea tomar.

Una hipótesis más plausible es que se terminará concentrando todavía más los ingresos -con los de las clases medias y trabajadoras afectados sin más por el traslado a precios directo del alza internacional de los combustibles- y disminuyendo la prestación de bienes sociales, sin mayores efectos en el crecimiento de la inversión. Esta en todo caso representa no más de un quinto del PIB. Si además termina concentrada en la minería para mantener la extracción antes que para producir más, dado el desgaste de los yacimientos, no será exactamente un motor de la economía en los próximos años en términos de inversión neta. Ni ampliará la creación de empleos, en una etapa de acelerados cambios tecnológicos.

Un segundo argumento del ministro Quiroz es que los menores ingresos fiscales se compensarán en todo caso con las rebajas de gasto público que está realizando el gobierno en el corto plazo, algunas de las cuales se incluyen en el proyecto de ley: “es mito que toda baja de impuestos tiene que ser compensada con un alza de impuestos; es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Y nosotros, como pensamos que hay mucho gasto público que no está perfecto, incluso hay mucho que se presta a abuso, a fraude; por ese lado de ajuste también va el equilibrio final. No es todo el equilibrio final; también hay medidas de contención de gasto en la iniciativa”.

Quiroz había anunciado en campaña que bajaría en 6 mil millones de dólares el gasto público en los primeros 18 meses de gobierno, es decir del orden de un 1,5% del Producto Interno Bruto. Luego precisó que la cifra era de 4 mil millones para 2026, es decir del orden de un 1,3% del PIB. Las rebajas tributarias anunciadas tendrán un efecto de 0,3% del PIB en 2026 (por el crédito al empleo existente y la exención de IVA a la compra de viviendas, que tendrán efecto en el año), cálculo que resulta de tomar la cifra en pesos de 2026 de las rebajas de impuestos anunciadas y de compararla con el PIB nominal de 2025, aumentado de un 3% de inflación y un 2% de crecimiento. El gobierno, usando otras estimaciones de aumento del PIB, estima la rebaja de ingresos en un 0,15% del PIB en 2026.

Prevalecerá en todo caso en el corto plazo un choque fiscal recesivo, vía disminución del déficit presupuestario por baja del gasto público superior a las rebajas de impuestos, con una actividad que ha disminuido en 0,3% en el primer trimestre de 2026. Si se concreta la idea -anunciada por Quiroz antes de asumir- de realizar recortes de gasto público de hasta 21 mil millones de dólares en todo el período de gobierno de Kast, solo se puede proyectar un crecimiento efectivo que no será superior al crecimiento potencial por el efecto contractivo de la política fiscal que difícilmente será compensando por el incremento esperado de la inversión en tanto los ajustes del gasto superen las disminuciones de impuestos y desencadenen efectos multiplicadores a la baja.

Para crecer, se requiere de políticas en materia monetaria, fiscal, cambiaria y de ingresos que al menos no sean permanentemente contractivas, como las que suelen recomendar los economistas convencionales en Chile, y ahora se aprestan a aplicar con entusiasmo quienes están a cargo de la economía. Lo que se necesita es evitar disminuir la demanda interna en consumo e inversión mediante recortes bruscos del gasto público o manteniendo tasas de interés persistentemente altas.

A la vez, se requiere expandir la demanda externa de exportaciones netas, lo que requiere de aumentos persistentes de competitividad por el lado de la oferta interna y de un tipo de cambio que no los afecte. La disminución de la carga impositiva de las utilidades tributables es un mecanismo que incide poco en esa competitividad, y en general en la decisión privada de inversión que resulta de contrastar los ingresos futuros previsibles con los costos previsibles que arrojen un valor actual neto positivo suficientemente significativo. Según los datos de Impuestos Internos, la Renta Líquida Imponible representa menos de un 40% de las utilidades financieras, lo que se explica por la depreciación acelerada, el uso ilimitado de pérdidas tributarias y otros beneficios que reducen la base imponible, por lo que la tasa efectiva del impuesto corporativo en Chile es sustancialmente menor a la tasa nominal de 27%. Su nivel actual no es, por tanto, una desventaja sustancial para la decisión de invertir.

La competitividad sistémica de la economía se logra, antes bien, mediante el fortalecimiento inteligente del gasto público y privado en infraestructuras, innovación y capacidades humanas, que son los factores que redundan en una mayor productividad. Son bienes públicos esenciales para el crecimiento y deben ser suficientemente financiados y con incentivos al aporte de las empresas. Se requiere crear un ambiente de innovación productiva e institucional, con un mercado interno que expanda y sea expandido por empleos y salarios reales dinámicos y que sea, además, un estabilizador de la actividad ante los vaivenes internacionales. De más está recalcar que una sociedad sin una igualdad básica de oportunidades y sin una cobertura suficiente de bienes públicos y de riesgos contingentes, será siempre frágil y conflictiva y no podrá asegurar un mínimo de cohesión social.

Estos temas no son mencionados en los planes del nuevo gobierno, cuyas autoridades comparten visiones simplistas que confían solo en los supuestos efectos mágicos del funcionamiento de mercados desregulados y de las rebajas de los impuestos y gastos públicos sobre la inversión privada. Es un ejemplo de lo que Paul Krugman llama la “economía vudú”, en el caso de Chile mezclada con mentalidades que provienen de la cultura de la hacienda. En el actual gobierno abundan quienes se sienten predestinados a mantener privilegios oligárquicos -quien sabe con qué fundamentos- y cuyo comportamiento básico es buscar, en unas y otras circunstancias, someter a la mayoría por el engaño o por la fuerza.