El 18 de octubre de 2019 en Chile: ¿una conspiración o una rebelión social?

Hace 6 años, el alza de tarifas del transporte, seguida de la movilización de estudiantes secundarios, la quema de estaciones por pequeños grupos radicales y el cierre abrupto y extemporáneo del metro el viernes 18 de octubre, que dejó deambulando a millones de personas en Santiago, fueron las chispas que incendiaron la pradera. Se había acumulado demasiado pasto seco por el hastío con las desigualdades y abusos de poder, en medio de un gobierno de derecha que desde 2018 se había distanciado cada vez más de la mayoría social.

La transición desde 1990 había sacado al país de la opresión, pero no había logrado democratizarlo a cabalidad como fue su promesa, en medio de la resistencia oligárquica y de una constitución tramposa. Hubo progresos considerables en empleo, ingresos, acceso a la educación y salud y derechos sociales y culturales, pero se produjo una resignación de una parte de la dirigencia política de centro e izquierda frente al bloqueo institucional y a las precariedades del trabajo y del acceso a bienes sociales en medio de desigualdades y abusos de poder persistentes, arrastrados por la estructura social dejada por 17 años de dictadura militar y restauración oligárquica. Después de 20 años de gobierno de una coalición de centro e izquierda estable, esto llevó primero a alternancias con una derecha más volcada al centro que capitalizó descontentos y luego a la rebelión estudiantil de 2011 con Piñera I y, finalmente, a la rebelión social de 2019 con Piñera II.

Las violencias y destrucciones fueron una parte lamentable del proceso, más vinculadas a una anomia social explosiva y al desborde del lumpen antes que a la acción de alguna organización política, como sostienen la derecha y sus medios obsesivamente. Pero también fue parte sustancial la masiva protesta democrática. No olvidemos que hubo 3 millones de manifestantes en la calle el 25 de octubre en todo el país y persistentes movilizaciones pacíficas durante meses. La represión gubernamental implicó muertes, graves lesiones irreversibles y violaciones masivas de derechos ciudadanos, en nombre de una supuesta guerra inexistente.

Un acuerdo político buscó encauzar la crisis el 15 de noviembre de ese año, pero fue mal concebido y peor ejecutado. Dio lugar a la elección con voto voluntario de la Convención Constitucional en 2021, previo plebiscito a fines de 2020, pero el cambio constitucional que el país necesitaba se frustró, entre otras cosas por la absurda regla de 2/3 para la aprobación de normas. Esta fue establecida por presión de la derecha para darle un poder de veto, pero al no alcanzar este sector un tercio de los convencionales, terminó impidiendo acuerdos de un espectro amplio que se situara al margen de las posturas radicalizadas o particularistas, cuya posición fue necesaria de incorporar por el progresismo para obtener los dos tercios. Se instaló una lógica de imponer declaraciones constitucionales programáticas antes que reglas del juego democráticamente consensuadas, sumando agravios a diversos sectores en uno u otro tema y capas sucesivas de votos en contra en la sociedad, con el resultado final del rechazo ciudadano en septiembre de 2022 del proyecto de la Convención, plebiscitado con voto obligatorio. La reacción conservadora había tomado suficientes alas después de los efectos de la pandemia y de la declinación de la euforia de los impulsos de cambio de 2019, que en 2020 y 2021 había dado lugar al momento constituyente progresista, llevado a una derrota de la derecha y a una nueva generación al poder.

El nuevo gobierno abrió paso a avances significativos en diversos campos, pero también a una nueva secuencia de frustraciones fruto de la improvisación y de errores políticos y económicos iniciales de envergadura. La recesión económica se sumó a la intensificación de la manipulación por la derecha del miedo a la delincuencia y a la nueva inmigración que ella misma había promovido. Se configuró una mayor adhesión a la crítica conservadora al Estado y a la redistribución, magnificando los abusos de la burocracia, las corruptelas y el clientelismo que aquejan su funcionamiento. El nuevo esfuerzo constituyente de 2023 se saldó con un inusitado control por la extrema derecha del consejo elegido con las reglas sesgadas del Senado. Su propuesta constitucional, en buena hora, también fue rechazada en el plebiscito posterior, pero terminó consagrando una histórica frustración en materia de cambio constitucional.

Ahora la amplia coalición constituida tras la candidatura de Jeanette Jara debe persistir en sostener y redinamizar el impulso democrático en el país, promover nuevos avances de progreso social y crear las condiciones de una mayor seguridad cotidiana, junto a resistir con firmeza la regresión y el conflicto que promueve la extrema derecha. Ésta se ha fortalecido considerablemente, pero no por eso deja de expresar la crudeza arbitraria del poder oligárquico conservador presente ancestralmente en la sociedad chilena y en sus estructuras institucionales y mediáticas. Su plataforma basada en falsas promesas de seguridad y orden -que de ganar no hará sino aumentar la confrontación social en Chile- se propone sobre todo hacer retroceder, en su beneficio, los avances y derechos políticos, sociales y culturales conquistados en prolongadas luchas. Por eso se debe sumar todos los esfuerzos para impedir su éxito.