Debates sobre la superación del capitalismo
A raíz de la presentación de unas ideas sobre la transformación socialista de la sociedad propuestas a la Conferencia de Programa del PS (https://open.substack.com/.../por-un-programa-socialista...) me llegan indirectamente unos comentarios que cito:
Interesante aporte de Gonzalo Martner, al debate de la identidad y construcción de un proyecto socialista. Sin embargo, hay distinciones y matices, que me parece, hay que aclarar. Si, como plantea Gonzalo Martner, cito textual: “el capitalismo debe ser superado”, ¿cómo se justifica que su propuesta presentada conserve empresas privadas lucrativas, mercados, competencia, inversión privada y empleo asalariado? Si precisamente esos son los componentes esenciales del capitalismo, ¿qué es en verdad lo que se estaría dejando atrás? Cuando Martner sostiene, le cito textual, que “nos proponemos reemplazarlo por una economía social mixta”, pero a la vez se defiende, le cito textual, que “se debe dejar funcionar el sistema de precios y la competencia de mercado regulada”, aparece una contradicción clara: ¿no se trata más bien de administrar el capitalismo que de sustituirlo?... Del mismo modo, Martner reivindica la frase de Eugenio González según la cual “el socialismo es revolucionario en sus fines y democrático en sus métodos”, pero al mismo tiempo Martner rechaza la socialización de los medios de producción y se acepta la continuidad estructural del capital privado. Le pregunto a Martner ¿Cómo hablar de objetivos revolucionarios si se mantienen los fundamentos económicos básicos del orden capitalista vigente? Si el propósito es acabar con “el dominio del capital sobre el trabajo”, ¿cómo se consigue eso conservando empresas que siguen apropiándose del excedente producido por trabajadores asalariados? Y si la propuesta de Martner no contempla estatizar, ni socializar los medios de producción, ni sustituir al mercado como eje central de asignación de recursos, cabe preguntarle a Martner: ¿qué contenido real tiene aquí el concepto de socialismo? ¿No termina siendo una versión atenuada y humanizada del capitalismo? Por último, le pregunto a Martner si se invoca el Programa Socialista de 1947 como fuente de legitimidad histórica, ¿por qué se recuperan únicamente sus definiciones democráticas y no su perspectiva de cambio estructural en las relaciones económicas? ¿No hay una tensión manifiesta entre apelar al programa de 1947 y defender una propuesta que, en los hechos, se aproxima más a la tradición socialdemócrata que al socialismo histórico que dicho programa buscaba edificar?
Después vienen los consabidos insultos, propios de esta época de falta de contención, que más vale pasar por alto: “lo que ha acontecido en las conferencias hasta aqui, es mañosanente desvirtuar, y mas bien acomodar, el programa del 47, a interpretaciones erróneas para justificar la vigencia de la socialdemocracia. Me atrevo a decir, que las conferencias hasta aquí manejadas por las elites del PS, están prostituyendo el sentido profundo y verdadero del Programa del 47”.
Pero las objeciones son relevantes y merecen ser respondidas. El punto central, en mi opinión, es que el socialismo en su búsqueda de igualdad social no puede evolucionar sin una producción material de bienes y servicios que satisfaga adecuadamente las necesidades humanas históricamente situadas y con mecanismos que bloqueen su expansión o provoquen desequilibrios inflacionarios que perjudiquen a la población de menos recursos. El objetivo llamado a permanecer es construir un sistema de asignación de recursos en que todos concurran según sus capacidades a crear y mantener un bienestar suficiente, socialmente igualitario y ecológicamente sostenible, y en el que cada cual es retribuido por los frutos de su trabajo y tiene garantizados mediante redistribución ingresos básicos dignos. Lo demás son los medios para obtenerlo, que deben ser objeto de debate y adecuación permanente.
Los mercados y la competencia
Primero, los mercados y la competencia son muy anteriores al capitalismo y se asocian a la división social del trabajo que lleva a la necesidad de intercambios. Cuando se ha intentado suprimirlos legalmente, se transforman en mercados negros ilegales. Los intercambios descentralizados siempre existirán donde haya división del trabajo, múltiples oficios y funciones productivas y economías de escala. Otra cosa es que esa división del trabajo divida estructuralmente a la sociedad en clases, en dónde unas explotan a otras a través de la remuneración del trabajo por debajo del valor que crea (menos su necesario aporte a financiar los bienes públicos) y los intercambios desiguales, que es lo que hay que proponerse terminar. Pero eliminar la posibilidad de que existan intercambios en mercados no contribuye a nada socialmente útil, salvo que se quiera administrar burocráticamente la sociedad (¿con qué fines? ¿con qué criterios? ¿determinados por quién?).
Además, los mercados están en diversos casos en mejores condiciones que cualquier ente planificador central para reunir la información necesaria en la asignación de recursos en detalle en economías complejas y dinámicas (ver https://sites.google.com/.../los-debates-sobre-el...). Por ello contribuyen a maximizar la producción y servir el interés general cuando los intercambios son satisfactorios para las partes, no están basados en un intercambio desigual y no tienen efectos externos negativos. La idea de suprimir los mercados implica fijar administrativamente los precios y la oferta de bienes y trasladar el poder económico a burocracias que no poseen la información suficiente para evaluar los costos en los procesos productivos, ni establecer criterios fundados para fijar precios y cantidades de insumos y productos, lo que lleva a distorsiones, a arbitrariedades a favor o en contra de unos u otros agentes económicos y a una asignación de recursos “penúrica”, con cuellos de botella y listas de espera en el abastecimiento de esos insumos y productos. La interrelación entre oferta y demanda de insumos y productos simplemente no se puede suprimir en economías y sociedades complejas. Lo que se debe lograr es articularlas de la mejor manera posible, a lo que los millones de intercambios descentralizados contribuyen cotidianamente, mientras la orientación general de la especialización productiva y la distribución del excedente deben ser materia de una planificación democrática.
Por otro lado, la supresión de los mercados supone la autarquía y la ausencia de intercambios con el exterior. Si exportamos cobre, estamos participando en el mercado mundial del cobre, que supongo no nos proponemos suprimir, sino utilizar a favor de la población nacional.
En suma, la supresión de los mercados no parece la mejor de las ideas para lograr el fin socialista principal que es el de asegurar de manera equitativa el bienestar material sostenible de la población.
Otra cosa es que los mercados deban ser regulados para que las transacciones no se realicen en detrimento del productor con menor poder relativo, del consumidor y de terceros afectados. No obstante, esa regulación debe tener en cuenta que el aporte de los mercados a la satisfacción de necesidades tiene como base que la competencia entre oferentes frente a los demandantes permite acercarse al mínimo costo de producción posible, dadas las tecnologías disponibles, y estimular que se creen otras nuevas.
El Estado planificador no debe fijar la mayoría de los precios, salvo en circunstancias de desequilibrio temporal de oferta y demanda y en las producciones de “monopolio natural” -como los servicios básicos de costos fijos muy elevados que impiden la competencia, por lo que se debe evitar el abuso monopólico- pues altera la asignación flexible de recursos y estanca la producción de bienes y servicios, así como en ciertas condiciones debe fijar o incidir en el tipo de cambio de la moneda nacional.
En cambio, y esto es crucial, hay “mercados” que no deben ser tales, como el del trabajo, en que se deben fijar “precios” fundamentales como el salario mínimo y la reajustabilidad salarial, junto a fijar los descuentos de seguridad social y los aportes equitativos a los bienes públicos, y establecer el entorno de la negociación salarial entre trabajadores y empleadores, quien quiera estos sean, incluyendo los organismos estatales. En este tema, el rol del planificador y de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo debe ser aproximarse a una remuneración de la fuerza de trabajo que refleje su aporte productivo, sin explotación por el empleador y con un nivel de utilidades privadas que premie el riesgo de la inversión y estimule la innovación y, a la vez, incluya la participación de los asalariados en ellas. El “mercado de capitales” debe, por su parte, ser ampliamente regulado para evitar crisis financieras, fijando la tasa de interés en la emisión de moneda y orientando el crédito, junto al cobro de impuestos a las utilidades para el financiamiento de los bienes públicos (infraestructura, urbanismo, educación, salud) sin los cuales no hay producción posible, y límites a la acumulación financiera a través de impuestos a la riqueza, las herencias y las ganancias de capital, e impedir las rentas de acceso no pagado a recursos naturales, las rentas financieras y las rentas tecnológicas de tipo oligopólico, cada vez más relevantes en el capitalismo de plataformas.
Consideremos, además, que los participantes en mercados pueden ser empresas estatales o sin fines de lucro, y desde luego personas individuales, razón adicional para no asimilar capitalismo y mercados de intercambio de bienes. El capitalismo es la acumulación continua de capital y la explotación del trabajo, no la existencia de mercados. Sabemos desde Braudel que la economía está estructurada en pisos, que en la actualidad se componen tanto de la esfera de acumulación capitalista, en la que prevalecen mercados concentrados y grandes empresas privadas productoras o comerciales y financieras que procuran maximizar el rendimiento de su capital invertido, como del piso de pequeñas empresas y del micro-emprendimiento con sus mercados respectivos, y aquel de las unidades familiares no sujetas a reglas internas de mercado y con transacciones informales de subsistencia. Y también, casi universalmente, se combinan con formas de economía social y cooperativa sin fines de lucro, así como en todas partes con una amplia esfera de provisión estatal de bienes y servicios y de regulación de las actividades privadas (para estos temas ver https://sites.google.com/.../los-sistemas-econ%C3%B3micos...). Estas esferas interactúan entre sí con mayor o menor éxito productivo y social en las diversas sociedades.
Las empresas y el dinamismo económico
Segundo, si la tarea de largo plazo del socialismo es que predomine la economía social, bajo formas de propiedad común no estatal, cabe preguntarse si otras formas económicas pueden contribuir a una prosperidad compartida. Desde luego supongo que nadie rebatirá que tiene sentido que existan empresas estatales con fines de lucro, como Codelco, que deben producir excedentes para el dueño, el pueblo de Chile, y no solo remuneren a sus trabajadores.
Por otro lado, ¿deben suprimirse las empresas o actividades por cuenta propia con fines de lucro? Esto tendría el efecto de inhibir la iniciativa económica que introduce innovaciones o el despliegue de talentos que buscan ser remunerados, y reducir el dinamismo económico de largo plazo. ¿No es suficiente acaso observar la experiencia histórica? Este es el gran argumento de los partidarios del capitalismo: “el socialismo no crea prosperidad, sino que la impide”. Los aumentos de productividad que benefician a la población en su conjunto y también a los trabajadores, aumentando su capacidad de consumo y disminuyendo las horas trabajadas, provienen de la innovación pública y privada, y el socialismo debe asegurarla en la mayor escala posible. Otra cosa es que, entre otros temas, debe asegurar la equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso que provienen de la innovación. Y que el sistema de patentes de propiedad intelectual no impida la producción a su costo de manufactura de bienes indispensables, como es el caso de los medicamentos.
Cabe también considerar que si las empresas privadas con fines de lucro producen excedentes, ¿tiene acaso sentido que se limite la creación de esos excedentes? Esto ocurre si se dificulta o prohibe el ahorro y la inversión privada. Parece tener más sentido que los excedentes existan y se redistribuyan a través del sistema tributario y de fijación social de salarios y beneficios en favor de las mayorías, sin perjuicio de los límites mencionados a la acumulación de capital. De nuevo, volvemos al tema de los objetivos y de los medios y a aquello de que el color del gato importa menos de que se coma al ratón, en el conocido aforismo del chino Deng Xiaoping, que por supuesto hay que tomar con cuidado pero que encierra una verdad: si el socialismo se aferra dogmáticamente a mecanismos económicos burocráticos que inhiben la prosperidad colectiva, nunca podrá llegar muy lejos en el logro de sus objetivos de emancipación.
La condición asalariada
Tercero, ¿se debe eliminar la condición asalariada? Recordemos también que es muy anterior al capitalismo. Los socialistas no favorecemos, siguiendo a Eugenio González, ni el capitalismo ni la estatización de los medios de producción, que consideraba era un capitalismo de Estado, sino su socialización. La meta es la democracia económica, lo que reitero en mi texto, por lo que las acusaciones de querer permanecer bajo el dominio del capitalismo son infundadas.
La economía social y solidaria, que incluye desde el siglo XIX a sectores productivos de tipo cooperativo y representa el conjunto de actividades productivas con finalidades sociales y ecológicas y que funciona con organizaciones sin fines de lucro, debe prevalecer en el largo plazo. Cada cual participa en las empresas sociales no según su aporte de capital sino según su asociación en tanto persona a esta actividad, con diferencias limitadas de remuneración. Una parte del producto de la empresa común no puede ser objeto de retrocesión a los asociados: la empresa se dota así de un capital propio que permite su existencia autónoma. El objeto de la asociación no es la obtención de ganancias para sus miembros, aunque les asegure un mayor bienestar al participar de una iniciativa común que les provee un ingreso, salvo en el caso del voluntariado, muchas veces muy importante en este tipo de iniciativas. Existen formas de producción asociativas y sociales que pueden ser mercantiles al vender bienes y servicios, tanto a sus miembros como a no miembros, mientras pueden ser objeto de subsidio público en diversos grados si realizan funciones de interés colectivo. Ahora bien, la administración del Estado, incluyendo sus servicios y empresas, nunca podrá remunerar a sus trabajadores sino es a través de salarios, aunque se las llame participaciones en el excedente o como se quiera. Lo mismo ocurre con las empresas sociales y cooperativas que contratan fuerza de trabajo de manera temporal o permanente.
El tema es tener el suficiente sentido de realidad, lo que ya es del dominio de las estrategias políticas y de las acumulaciones de fuerzas sociales y culturales, como para que gobiernos democráticos de orientación socialista utilicen para beneficio común con mayor o menor intensidad o duración en el tiempo tanto a empresas estatales estratégicas y a empresas privadas con fines de lucro en un marco general de socialización de una parte sustancial de su excedente, junto con expandir la economía social que cuenta con nuestra preferencia en tanto se adecúa a nuestros valores de solidaridad y reciprocidad. Se deben considerar las transiciones necesarias hasta el punto en que el desarrollo de las fuerzas productivas permita que las empresas sociales predominen en la economía, tanto porque tienen la adhesión de la sociedad y porque logran ampliar una prosperidad compartida, equitativa y sostenible. Lo que también supone que el mundo y América Latina hayan evolucionado suficientemente hacia ese horizonte, porque en autarquía simplemente no es posible lograrlo o en condiciones de inserciones externas y términos del intercambio desfavorables. Entre tanto, defender esquemas de economía social con componentes mixtos que incluyan a empresas estatales y empresas con fines de lucro reguladas parece tener más sentido que defender el capitalismo de acumulación ilimitada que reproduce desigualdades y depredaciones o que defender regímenes burocráticos que buscan sustituirlo pero producen sistemas de privilegio burocrático y estancamientos materiales que perjudican a la mayoría social.