1º de mayo: el por qué de la centralidad del trabajo

El día del trabajo fue objeto, semanas atrás y sin éxito, de un intento de supresión como feriado irrenunciable por la CPC, que agrupa a los grandes empresarios, (ver aquí). Esto refleja cuán presente está el conflicto respecto al rol y la retribución del trabajo en nuestra sociedad, y cuán grande es el afán de apropiación de sus frutos por quienes detentan el poder económico.

El trabajo es en las sociedades modernas el principal nexo social y su reconocimiento y retribución apropiada es lo que les permite o no tener grados suficientes de cohesión y convivencia equitativa y sostenible. El trabajo asalariado es ampliamente mayoritario: en Chile representa el 76% de los ocupados, según el INE, siendo el resto el trabajo por cuenta propia (20%) y el de los empleadores (3%). La tasa de ocupación de la población en edad de trabajar pasó de 55% en 2010 a 57% en 2025, con una brecha de género que disminuyó (la tasa de ocupación femenina pasó de 42% a 48%).

Lo que no se debe olvidar es que el trabajo es la principal fuente de riqueza, incluso cuando toma la forma de capital que ha sido acumulado por trabajo y ahorro previos, junto a las recursos que provee la naturaleza. Las personas no activas laboralmente lo son por realizar trabajo doméstico y de cuidado fuera del mercado sin remuneración, pero con ingresos que provienen del trabajo de otros, por estar jubiladas, aunque su sustento viene de su trabajo previo o de los impuestos que se basan en el trabajo en tiempo presente, porque están estudiando para tener más tarde un empleo, o bien porque no lo encuentran pero aspiran a tenerlo o porque sufren discapacidades y exclusiones.

El trabajo debe ser retribuido de acuerdo a su aporte a la producción (descontando la parte destinada a financiar bienes públicos y seguros colectivos). Debe, como contrapartida, limitarse los ingresos que provienen de rentas de activos de quienes los poseen sin legitimidad social válida. Esto ocurre por estar originados en explotaciones del trabajo, abusos a los consumidores o herencias desproporcionadas que no son fruto de esfuerzo alguno. Otros provienen -al menos parcialmente- de una “renta tecnológica” basada en conocimientos colectivos y sus aplicaciones, socializados a lo largo del tiempo y que no debieran apropiarse privadamente, lo que es notoriamente el caso actual de la inteligencia artificial generativa o de las patentes de montos y duración discutibles. El impuesto a las utilidades no reinvertidas, a las grandes fortunas y a las herencias excesivas tiene en este sentido una legitimidad incuestionable. No obstante, en el caso de Chile, el gobierno de Kast se propone eliminar el impuesto a las primeras residencias de los adultos mayores muy ricos y rebajar temporalmente un impuesto que ya es bajo para los grandes herederos, comparado con el existente en Corea del Sur, por ejemplo.

La lucha social ha tenido desde el siglo XIX como protagonista la búsqueda de reconocimiento en toda su magnitud del aporte del trabajo a la creación de bienes y servicios. Las más de las veces se expresa como trabajo de equipos y colectivos, con distintos niveles de calificación, pero siendo todos sus componentes importantes para el proceso de producción. Esto seguirá siendo así incluso con la creciente automatización, que no puede sustituir una amplia diversidad de trabajos humanos, especialmente en el caso de los servicios a las personas que ninguna tecnología puede reemplazar y que constituyen el grueso del empleo en las economías actuales, sin perjuicio del rol fundamental para la vida en sociedad de la producción de energía, de manufacturas, de recursos mineros de exportación y de alimentos, que seguirán aumentando su productividad y desplazando empleos.

Lo que cabe, cuando no se busca defender privilegios injustos, es luchar contra la explotación de los trabajadores -y especialmente las trabajadoras- que reciben una retribución notoriamente inferior a su aporte a la producción y/o realizan su trabajo en condiciones horarias, físicas y sanitarias insatisfactorias y mejorables. Esto supone la acción sindical caso a caso, pero en lo principal las condiciones de trabajo (jornadas, descanso, higiene, seguridad, transporte) y la distribución de los ingresos debe ser establecida socialmente a través del sistema político, para lograr que no sean quienes detentan el poder económico -cada vez más concentrado- los que las determinan frente a quienes solo tienen su capacidad de trabajar para ganar su sustento diario. El argumento de que se debe permitir que los dueños del gran capital tengan todo el poder en la economía porque es lo que permite ingresos superiores para todos, aún al precio de una amplia desigualdad de ingresos y riqueza, es falaz. La historia muestra que las economías crecen a largo plazo mejor y muchas veces más con menores niveles de desigualdad y menor apropiación rentista y depredadora del excedente económico, como sostiene el premio Nobel Daron Acemoglu.

Es la sociedad, por las vías de la democracia, y no mercados asimétricos, la que debe establecer cuales son los criterios y mecanismos de distribución de los ingresos de la actividad económica y del aporte del trabajo, como ya ocurre parcialmente con los salarios mínimos, la regulación de la negociación colectiva de los salarios, las recuperaciones de pérdidas de poder adquisitivo, las cotizaciones obligatorias a los sistemas de seguros, los impuestos al trabajo o la participación de los asalariados en las utilidades. Esto no implica que la sociedad no permita esferas basadas en la maximización de la rentabilidad del capital en parte de la economía, en tanto sea en condiciones competitivas que estimulen la innovación y la eficiencia y permitan a los consumidores disponer de bienes al menor costo dadas las tecnologías disponibles, pero no en todas las esferas y de cualquier manera. Esto incluye fomentar la economía social y solidaria, mantener empresas públicas en sectores estratégicos y cobrar a la esfera privada tributos progresivos para financiar los bienes públicos e infraestructuras que permiten que esa esfera exista y dé lugar a excedentes privados, junto a establecer apoyos, a través del sistema de impuestos y transferencias, a quienes los necesitan por encontrarse desempleados, enfermos o socialmente marginados, además de financiar la educación universal y la calificación continua de la fuerza de trabajo.

Así, lo que corresponde es saludar y persistir en la dignificación del trabajo y la lucha contra todas las explotaciones y discriminaciones injustas, en vez de hacer lo contrario en nombre del libre mercado y buscar, entre otras cosas, suprimir la celebración del 1º de mayo.